Te voy a detallar lo que ha confirmado la Guardia Civil sobre el suceso ocurrido el pasado 6 de agosto en el cuartel de Llanes (Asturias). Una agente, Laura Cruz Vega, fue asesinada por su expareja, también miembro del Instituto Armado, que posteriormente fue abatido por sus propios compañeros al repeler la agresión.
Según el comunicado oficial del cuerpo, los hechos se desencadenaron cuando Dámaso F. S., de 47 años, accedió al acuartelamiento sin autorización, armado con una pistola reglamentaria. Una vez dentro, disparó contra la agente en presencia de otros guardias civiles, que intervinieron de inmediato y abatieron al presunto agresor.
Cómo se produjo el ataque en el interior del cuartel
Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre aprovechó la apertura de la barrera para el paso de otro vehículo, colándose en el recinto poco antes de las nueve de la mañana. Una vez junto a Laura Cruz, realizó varios disparos que resultaron mortales. La rápida reacción de los agentes presentes evitó que hubiera más víctimas, aunque el agresor falleció en el lugar.
La víctima, Laura Cruz Vega, de 44 años, llevaba años sufriendo una situación de acoso y violencia por parte de su expareja, con quien tuvo hijos en común. El historial judicial entre ambos incluye una condena por maltrato en 2025, tras una agresión ocurrida en el mismo cuartel en 2019.
Un historial de violencia y una condena firme
En julio de 2019, Dámaso F. S. agredió a su expareja en las dependencias del cuartel, llegando a romperle un diente. Aquel episodio motivó una denuncia que, tras varios recursos, culminó con una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Asturias en julio del año pasado. El tribunal impuso al agente un año de prisión por maltrato y ocho meses adicionales por coacciones.
Esa condena supuso la apertura de un expediente disciplinario dentro de la Guardia Civil. Fuentes internas confirmaron que el instructor había propuesto el apartamiento del servicio, aunque el procedimiento aún no había culminado con la firma de la ministra de Defensa.
Una de las claves que subyace al crimen es que, el pasado mes de diciembre, la víctima solicitó una nueva orden de alejamiento y una pulsera de control telemático para su expareja, consciente de que la medida anterior estaba a punto de extinguirse. La petición fue denegada.
La Fiscalía y la jueza instructora consideraron que no concurrían motivos suficientes para adoptar la medida, a pesar de los antecedentes por violencia de género.
Según el testimonio de la representación letrada de la víctima, recogido por fuentes judiciales, tanto la fiscal como la jueza eran nuevas en el caso y no habrían valorado adecuadamente el riesgo que suponía el condenado. Este extremo ha generado una fuerte polémica en el ámbito de la lucha contra la violencia machista.
El último conflicto entre la pareja se produjo apenas un día antes del crimen, por la negativa del hombre a firmar la documentación de una hipoteca si no se retiraba un proceso penal abierto contra él. Laura Cruz volvió entonces a solicitar protección, sin éxito.
Investigación abierta y funeral de Estado
La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer todos los pormenores del suceso, incluido el acceso al arma por parte del agresor y el protocolo de seguridad del cuartel. Asimismo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa.
Los restos mortales de la agente fueron velados en el propio acuartelamiento y recibieron honores de Estado en un funeral celebrado ayer, 7 de agosto, con la presencia de altos mandos del Ministerio del Interior. La investigación interna, a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, determinará si existió alguna negligencia en la gestión del historial de violencia.
