Málaga suma diez nuevas viviendas protegidas en pleno centro histórico gracias a la venta de tres edificios abandonados de titularidad autonómica. La Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía ha cerrado este pasado viernes la operación, por la que ingresará 791.000 euros, con el fin de que dos empresas privadas rehabiliten los inmuebles y los destinen íntegramente a VPO.
La operación, canalizada a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), afecta a tres fincas urbanas situadas en la calles Álvarez, números 16 y 18, y en la calle Alta, número 18. Los dos primeros edificios, con superficies de 102,54 y 105,11 metros cuadrados, han sido adjudicados a la mercantil Micarmasol S.L., que levantará seis pisos. El tercero, de 143,29 metros cuadrados, ha recaído en Arcadia Alta S.L., que construirá otras cuatro viviendas. En total, diez nuevos hogares asequibles en una de las zonas de Málaga con mayor presión residencial.
Los inmuebles vendidos: calles Álvarez y Alta
Los tres edificios se encontraban en desuso desde hacía años, según ha reconocido la administración autonómica. La Junta de Andalucía los ha sacado al mercado con la condición inexcusable de que el comprador los rehabilite y los dedique exclusivamente a vivienda protegida, una fórmula que persigue movilizar patrimonio públcia sin consumo de nuevo suelo.
Rocío Díaz, consejera de Vivienda, ha subrayado que “la Junta está poniendo todo el patrimonio público disponible, que llevaba décadas infrautilizado, al servicio de uno de los principales retos que tiene Andalucía: aumentar la oferta de vivienda protegida”. La consellera ha insistido en que no se trata de una simple venta de fincas, sino de “activar la función residencial para la que fueron concebidas”.
Los inmuebles de la calle Álvarez permitirán edificar seis VPO, mientras que el de la calle Alta acogerá cuatro. Las dos promotoras deberán iniciar las obras en los próximos meses y ajustarse a los parámetros de protección oficial que fija el Plan Vive en Andalucía, el programa autonómico que regula las ayudas y condiciones de acceso a la vivienda asequible.
Antecedentes y el lastre de las tecnocasas
Esta no es la primera operación de enajenación de suelo residencial que impulsa AVRA en la capital malagueña. Ya se han formalizado actuaciones similares en el entorno de Lagunillas, en la calle Ermitaño y en los conjuntos de Dos Aceras y Ollerías, siempre con el objetivo de levantar viviendas de protección oficial sobre solares o inmuebles que la Junta tenía sin uso productivo.
Convertir patrimonio público infrautilizado en vivienda asequible es la apuesta del Gobierno andaluz para afrontar el mayor reto social de Málaga: el acceso a un techo a precios razonables.
Sin embargo, el desbloqueo de estos tres edificios contrasta con el atasco que aún padece el conocido plan de las tecnocasas. La Junta ha admitido que todavía no se ha cerrado la liquidación de aquel convenio con el Ayuntamiento de Málaga, lo que mantiene paralizada la adquisición por parte del consistorio de otros 14 inmuebles de titularidad autonómica. La Consejería de Vivienda asegura que ambas administraciones ya han consensuado los informes de valoración y avanzan en la tramitación administrativa para formalizar la compra.
“La colaboración institucional es esencial para poner en valor el patrimonio público y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda”, ha señalado Díaz, en referencia a esas gestiones aún pendientes. Mientras se resuelve aquel contencioso, la venta de los tres bloques del centro histórico demuestra, a juicio del Gobierno andaluz, que la fórmula de asociar capital privado y suelo público es efectiva para incrementar el parque de vivienda asequible.
La Lectura Andaluza
Málaga lleva años con una de las tensiones de precio más agudas de toda la comunidad. La escasez de VPO en el centro obliga a muchas familias a desplazarse a barrios periféricos o a municipios del área metropolitana, encareciendo a su vez el mercado de alquiler y la compra en esos destinos. Por eso cada promoción de vivienda protegida en el casco histórico tiene un valor que va más allá del número de pisos: supone recuperar tejido residencial para los vecinos de siempre y aliviar la presión sobre la periferia.
El precedente de operaciones como las de Dos Aceras, Ollerías o Lagunillas indica que la movilización de suelo público mediante la colaboración privada puede agilizar proyectos que, de otra manera, tardarían años en financiarse con presupuestos exclusivamente autonómicos. No obstante, el volumen de viviendas creadas hasta ahora —diez en esta última operación, cifras modestas en las anteriores— muestra que hace falta una escala mucho mayor para incidir de manera significativa en la lista de espera de VPO, que en la provincia supera ampliamente las 15.000 solicitudes, según los últimos datos del registro público de demandantes.
La Consejería de Vivienda confía en que este sea solo un paso más de una estrategia que pasa por seguir auditando el patrimonio inmobiliario de la Junta y liberar todo aquel susceptible de acoger vivienda protegida. En paralelo, el desenlace del conflicto de las tecnocasas será determinante para que el Ayuntamiento pueda disponer de esos catorce inmuebles y sumar nuevas promociones. De ahí que la ciudadanía malagueña espere que la colaboración entre administraciones se acelere y que los 791.000 euros ingresados por estos tres edificios se traduzcan pronto en obras, llaves y hogares.
Andalucía necesita pisos asequibles, y Málaga es el termómetro de esa urgencia. Mientras el centro de la ciudad siga expulsando vecinos hacia la corona metropolitana, cada VPO entregada será una pequeña victoria que los malagueños anotan con esperanza.
