La Comisión Europea ha recibido este martes en Bruselas a una delegación del régimen talibán para discutir la aceleración de las deportaciones de migrantes afganos, en un encuentro inédito desde la toma de Kabul. El portavoz comunitario Markus Lammert confirmó que la reunión, coorganizada con Suecia, reunió a representantes técnicos de quince Estados miembros dispuestos a restablecer contactos para repatriar a personas que «han cometido crímenes serios y suponen una amenaza de seguridad».
La delegación afgana, encabezada por el portavoz de Exteriores talibán Abdul Qahar Balkhi, pudo entrar en Bélgica gracias a cinco visados de un solo día válidos únicamente para territorio belga y sin validez en el espacio Schengen. El gobierno belga subrayó que estos salvoconductos excepcionales no implican ningún reconocimiento del régimen, una postura que Bruselas repite como mantra: «No vamos a reconocer al régimen, pero pienso que es importante hablar con ellos», declaró el comisario de Interior, el austríaco Magnus Brunner.
Una cita técnica con un objetivo muy concreto
El encuentro de este martes es la continuación del debate técnico que arrancó en Kabul en enero de 2026 y que busca resolver los obstáculos prácticos que frenan las deportaciones: identificar a los repatriados, expedir documentos de viaje y garantizar su retorno físico. Todo el dispositivo descansa sobre la petición que una veintena de ministros europeos hicieron a la Comisión en octubre de 2025 para coordinar contactos que permitan expulsar a individuos sin permiso de residencia y con antecedentes penales.
Los quince Estados que participaron hoy no han hecho pública su lista, pero además de Suecia y Bélgica, Dinamarca ha confirmado su presencia. Los tres son gobiernos que lideran el endurecimiento de la política de retornos. Alemania, que ya empezó a repatriar afganos con condenas penales hace dos años, no envió a nadie pero bendijo la iniciativa. Esa geometría variable refleja la división europea sobre hasta dónde llegar en el trato con los talibanes.
La Comisión insiste en que se trata de un contacto con autoridades de facto, sin implicar reconocimiento diplomático. La prioridad declarada es la seguridad: deportar a quienes han cometido delitos graves y no a cualquiera. Pero la línea entre seguridad y política migratoria es fina, y la reunión de Bruselas la cruza de lleno.
Europa necesita acelerar las devoluciones, pero elegir con quién habla es tan importante como lo que negocia, y la visita de los talibanes tensa los límites del pragmatismo.
El reglamento que lo cambia todo (y la indignación que lo acompaña)
La cita se produce apenas una semana después de que la Eurocámara aprobara el nuevo Reglamento de Retornos, que permite a los países comunitarios construir centros de deportación de migrantes fuera de la UE, siguiendo el modelo de Giorgia Meloni en Albania. Varios Estados ya reclaman a la Comisión que financie esas infraestructuras con fondos europeos, lo que eleva la temperatura del debate.
Mientras Bruselas justifica la reunión en términos técnicos, la reacción entre el arco progresista y las ONG ha sido fulminante. Una treintena de eurodiputados pidieron a Bélgica que denegara los visados. Human Rights Watch denunció que «los países de la UE socavan su credibilidad al condenar los abusos de los talibanes y, al mismo tiempo, cooperar con ellos en retornos forzosos». La premio Nobel Malala Yousafzai fue aún más tajante: cualquier contacto debe «comenzar y terminar» con los derechos de las mujeres y las niñas afganas, un asunto que, todo indica, no figuró en la agenda de Bruselas.
Esa esquizofrenia moral es el ruido de fondo que acompañará la implementación de los retornos. Bélgica ya advirtió de que necesita el paraguas europeo para llevarlos a cabo, y la Comisión asume el papel de facilitadora en una estrategia que traslada la responsabilidad de los Estados a las instituciones comunes.
El Eje del Poder Europeo
La reunión con los talibanes ejemplifica la tensión entre el norte pragmático y el sur cauteloso. Los países bálticos y nórdicos, junto con Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos, presionan para externalizar el control migratorio y exigen a la Comisión resultados inmediatos. Alemania, pese a no enviar representantes, respalda la vía de los contactos, consciente de las tensiones internas que generan los retornos de criminales a Afganistán.
Para España, el giro hacia las deportaciones rápidas y los centros fuera de la UE plantea un dilema. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido tradicionalmente un enfoque integral que combine control de fronteras con cooperación al desarrollo; por otro, la presión de los socios europeos y la necesidad de no quedarse fuera de los nuevos instrumentos obliga a Madrid a modular su discurso. Hasta ahora, España no ha figurado entre los países que reclaman centros de deportación en terceros países, pero el nuevo Reglamento de Retornos y la normalización de los contactos con Kabul pueden arrastrarla a una posición incómoda en el próximo Consejo Europeo.
La cita de Bruselas es también un test de la credibilidad exterior de la UE. Cooperar con un régimen que practica el apartheid de género mientras se enarbolan los valores europeos en otros foros genera un descrédito que los negociadores no pueden ignorar. A corto plazo, la Comisión obtiene una vía para acelerar las deportaciones; a medio plazo, el coste reputacional puede ser alto si las condiciones en Afganistán no mejoran o si los retornos forzosos provocan violaciones de derechos.
El calendario marca otra cita clave: la cumbre del Consejo Europeo de octubre, donde los líderes evaluarán los primeros resultados de la política de retornos y decidirán si financian centros de deportación con dinero comunitario. Para entonces, la reunión de este martes será vista como el primer paso de un camino que muchos preferirían no haber emprendido.
