El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, propondrá este miércoles a Juanma Moreno como candidato a la investidura y fijará la fecha del pleno, que se espera para la próxima semana en Sevilla. La decisión acelera la cuenta atrás mientras Vox marca sus condiciones y amenaza con un ‘no’ en primera votación si no hay acuerdo previo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Andalucía ultima la investidura de Juanma Moreno para la próxima semana, con la fecha del pleno prevista para antes del 29 de junio.
- ¿Dónde y quién? En Sevilla, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, finaliza este miércoles 24 de junio la ronda de contactos y propone a Moreno como candidato.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Un gobierno en funciones que necesita estabilidad para aprobar los presupuestos andaluces de 2027 y gestionar servicios públicos clave como sanidad y educación.
La investidura se acelera: pleno la próxima semana en Sevilla
Jesús Aguirre cierra este miércoles la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, un trámite previo a la propuesta del candidato. Fuentes del Parlamento de Sevilla señalan que la sesión de investidura se celebrará “más pronto que tarde”, probablemente la semana entrante. El Reglamento de la Cámara marca un plazo de quince días desde la constitución del nuevo pleno para designar candidato. Ese margen expira el viernes 29 de junio, lo que ha metido prisa al equipo de Moreno.
El Partido Popular andaluz gobierna en funciones con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta que Moreno definió como “de estabilidad” durante la campaña. Sin el respaldo de Vox, los populares no alcanzan la cifra mágica de 55 escaños. La formación de Abascal, con 9 escaños, se ha convertido en el socio indispensable.
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sido tajante: “Vox no se va a abstener”. Si no hay un pacto cerrado antes de la primera votación, sus diputados votarán en contra. En una segunda convocatoria mantendrían la misma postura si persiste el desacuerdo. La presión recae ahora sobre los equipos negociadores, que trabajan casi a diario para limar asperezas.
Desde los partidos de izquierda, María Jesús Montero, José Ignacio García y Antonio Maíllo han reiterado que no apoyarán ninguna investidura de Moreno. Los tres dirigentes han calificado los tiras y aflojas entre PP y Vox como un “teatro” y han exigido que se retome la actividad parlamentaria en Sevilla.
Andalucía necesita un gobierno estable que permita aprobar los presupuestos de 2027, y el reloj institucional no da tregua.
Las tres patas del posible acuerdo: medidas, carteras y la Mesa
La negociación entre PP y Vox se estructura en tres bloques. El primero son las políticas que exige Vox, un catálogo de medidas que Pedro Sánchez tilda de “difícil encaje legal” y que algunos populares llegan a calificar de “ilegales”. El segundo eje es quién ejecutará esas políticas, especialmente en las consejerías de Agricultura y Asuntos Sociales, áreas que Vox ha obtenido en otras comunidades autónomas.
El Partido Popular insiste en que quiere gobernar en solitario. “Primero las medidas y luego quiénes las ejecutará”, repite Gavira como un mantra, pero en el PP andaluz no se han explicitado líneas rojas. Sin embargo, ceder una consejería a Vox, como ha ocurrido en Extremadura o la Comunidad Valenciana, está por ahora descartado.
El tercer gran capítulo es la reconfiguración de la Mesa del Parlamento de Sevilla. El PP estaría dispuesto a ceder puestos con voto a la formación de Abascal y valorar la designación de senadores autonómicos para Vox. Se trata de un gesto institucional que podría desbloquear la investidura sin que el Ejecutivo andaluz comparta directamente el poder.
Si no se alcanza un acuerdo en las dos primeras votaciones, se abre un período de dos meses para convocar cuantos plenos de investidura sean necesarios. Si al término de ese plazo no hay un presidente investido, el Parlamento de Sevilla quedaría disuelto y se convocarían nuevas elecciones 54 días después, es decir, a finales de octubre. Sería la primera repetición electoral en la comunidad desde que accedió a su autogobierno pleno.
La Lectura Andaluza
La investidura en Andalucía se produce en un momento de notable fragmentación parlamentaria. La comunidad, con más de 8,4 millones de ciudadanos, necesita un Ejecutivo con capacidad para aprobar los presupuestos de 2027, una herramienta clave para la gestión de la sanidad, la educación y el empleo, que son las competencias más sensibles para los andaluces. De hecho, el sector agroalimentario, que emplea directamente a más de 720.000 personas en la región, está muy pendiente de quién dirigirá la Consejería de Agricultura.
La posibilidad de que Vox controle la política agraria, justo cuando Andalucía produce el 40% del aceite de oliva mundial y lidera las exportaciones hortofrutícolas de Europa, preocupa a las organizaciones agrarias. Estas asociaciones han pedido públicamente que el PP se mantenga al mando, aunque los dirigentes de Vox han defendido la gestión de sus compañeros en otras comunidades.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, la urgencia es palpable. Cualquier retraso en la formación de gobierno paraliza decisiones sobre la financiación de colegios, hospitales y ayudas a la dependencia, que dependen de partidas presupuestarias actualizadas. Los ayuntamientos andaluces también esperan con incertidumbre los convenios que la Junta suele firmar cada año.
La proyección es clara: si el pleno se celebra la próxima semana y hay acuerdo, Andalucía tendrá gobierno antes del verano y podrá arrancar el curso político con normalidad en septiembre. Si no, octubre traerá otra campaña y más incertidumbre. Todo queda, una vez más, en manos de las conversaciones que estos días mantienen en Sevilla los equipos de Moreno y Gavira.
