EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha desembolsado 6.234 millones de euros a España del sexto pago del Plan de Recuperación, con 5.970 millones de la sexta solicitud y 264 millones de hitos pendientes del quinto tramo.
- ¿Quién está detrás? La Comisión, tras el visto bueno del Comité Económico y Financiero del Consejo, libera un nuevo tramo que eleva a 78.000 millones el total ya recibido.
- ¿Qué impacto tiene? España ejecuta ya el 76,5 % de los 102.000 millones asignados, pero aún arrastra tres reformas clave sin certificar, lo que condiciona el cierre definitivo antes de finales de 2026.
El Ejecutivo comunitario ha transferido este martes una nueva partida de fondos europeos a España, justo cuando el país encara la recta final de su Plan de Recuperación. La cifra asciende a 6.234 millones de euros –5.970 de la sexta solicitud parcialmente aprobada el 2 de julio y 264 de dos hitos que quedaron congelados en el quinto pago–, lo que sitúa el acumulado en 78.000 millones, el 76,5 % de los 102.000 millones que los Veintisiete asignaron a Madrid en el marco del NextGenerationEU.
El desembolso llega después de que el Comité Económico y Financiero del Consejo emitiera su opinión favorable, el último paso antes de que Bruselas haga efectivo el pago. La sexta solicitud, presentada por el Gobierno el 3 de marzo, está vinculada a reformas e inversiones en vivienda, sanidad, movilidad sostenible, digitalización de la red ferroviaria transeuropea y los conocidos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
España ya ha completado el 60 % de todos los compromisos de su Plan, un ritmo que, en Bruselas, califican como «razonable pero sin margen para despistes». Queda poco más de un mes para que los Estados miembro rematen los objetivos pendientes y apenas un par de semanas extra para presentar las últimas solicitudes de pago antes de que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cierre sus libros a finales de 2026.
Tres reformas en el limbo y una adenda a medida
No todo son noticias limpias. La Comisión sigue sin dar por buenos tres objetivos de la misma sexta solicitud: la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y un paquete de inversiones para colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas. Bruselas no pudo certificar en julio los mecanismos de verificación y dejó esas partidas fuera del primer tramo del pago.
Para desatascar la evaluación, el Gobierno negoció una adenda –ya aprobada por el Consejo de Ministros– que modifica la redacción de 121 hitos y 101 medidas del plan español. El viernes pasado la Comisión dio una evaluación preliminar positiva a esta revisión, lo que allana el camino para certificar los tres objetivos en las próximas semanas. La adenda, en la práctica, afina los indicadores para que Bruselas pueda comprobar el cumplimiento sin ambigüedades.
El calendario aprieta: el Ejecutivo comunitario exige que todos los Estados miembro tengan listos sus hitos antes de que acabe agosto y presenten las últimas solicitudes antes de finales de septiembre. España, además, trabaja ya en el séptimo y último desembolso, que revisará otros 146 compromisos, mientras ajusta el volumen de préstamos que finalmente solicitará porque, con los tipos actuales, la ventaja financiera frente a otras vías de financiación ya no es tan golosa.
Ningún otro gran país del sur ha logrado movilizar el 76 % del pastel a estas alturas del ciclo. Pero el último tramo es el más vigilado.
El Eje del Poder Europeo
El sexto pago a España no se lee solo en clave nacional. Muestra el pulso soterrado entre los grandes receptores del fondo –Italia, España, Francia– y los países frugales –Países Bajos, Austria, Dinamarca– que siempre miran de reojo cada desembolso. De hecho, el visto bueno del Comité Económico y Financiero, donde se sientan todos los socios, despeja cualquier sospecha de trato de favor. La Comisión solo afloja la cartera cuando la letra pequeña está verificada.
Para España, el dato es agridulce. El 76,5 % es un porcentaje que pocos Estados miembro igualan, pero los tres hitos pendientes y la necesidad de una adenda evidencian que la fase final del Plan es más frágil de lo que Moncloa vende en público. El Gobierno ya ha renegociado decenas de medidas al darse cuenta de que los indicadores originales eran demasiado rígidos o difíciles de acreditar. Ese reajuste, aunque necesario, añade ruido político en un año en el que cada euro de fondos europeos se convierte en munición dialéctica.
A cinco meses del cierre administrativo del Mecanismo, la carrera es contra el reloj. La próxima ventana crítica será la aprobación definitiva de la adenda por parte de la Comisión y, sobre todo, la presentación del séptimo y último desembolso. Si España logra certificar el 100 % de los 102.000 millones, habrá ejecutado el mayor plan de inversiones de su historia reciente. Si alguno de los 146 compromisos finales se tambalea, la cifra final podría quedarse por debajo de ese simbólico 100 %. Una diferencia que, traducida a euros, podría rondar varios miles de millones y que, en Bruselas, se mira con lupa.
