El Ministerio del Interior despliega un equipo antidrones para la seguridad de la Princesa Leonor en su primer curso universitario. La medida, formalizada como contrato menor, añade una capa tecnológica al dispositivo de escoltas que el departamento asigna a la Casa de S.M. el Rey y convierte el campus de Getafe en un perímetro vigilado por aire y por tierra.
La tramitación corresponde a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, y su objeto es literal: el alquiler de un equipo de detección de UAS (drones) para miembro de la Casa Real. La adjudicación recayó en la firma española Jojacar Telecomunicaciones SL, la oferta considerada más ventajosa de las tres que concurrieron al procedimiento. La resolución se adoptó el 24 de agosto, apenas una semana antes de que arrancara el curso.
El contrato, tutelado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, tiene un coste de 18.125,8 euros, impuestos incluidos, sobre un valor estimado de 14.980 euros sin IVA. Son cifras modestas si se comparan con el resto del entramado que rodea a la heredera, y ahí está justamente la lectura: el desembolso no busca blindar un edificio, sino cubrir un flanco concreto que hasta ahora nadie atendía de forma específica. El espacio aéreo sobre el campus.
Un dispositivo activo durante todo el curso académico
La ejecución del contrato se extiende del 1 de septiembre de 2026 al 31 de julio de 2027, esto es, la práctica totalidad del primer año lectivo de Leonor. El sistema funcionará mientras la universidad mantenga su actividad ordinaria, con la detección de aeronaves no tripuladas en el entorno próximo a las instalaciones como misión única.
A esa capa tecnológica se suma el dispositivo humano. La protección personal de la Princesa de Asturias corresponde a los escoltas que el Ministerio del Interior adscribe a la Casa de S.M. el Rey, un despliegue ordinario que no depende del contrato ahora adjudicado. La novedad, por tanto, no es la vigilancia de la persona, sino la del entorno. El cielo también se vigila.
Getafe refuerza su propio contrato de seguridad
La Universidad Carlos III no se ha quedado quieta. La institución prepara un nuevo contrato de seguridad para sus cuatro campus —Getafe, Leganés, Colmenarejo, y Puerta de Toledo— con un presupuesto inicial de 5,4 millones de euros para dos años, una cifra que podría escalar hasta los 12,4 millones si se ejecutan todas las prórrogas y modificaciones previstas en el pliego.
La seguridad de una heredera ya no se mide en escoltas, sino en capas: la personal, la del campus y la del espacio aéreo que lo sobrevuela.
El despliegue tendrá su máxima intensidad en Getafe, el campus donde estudiará Leonor. El pliego contempla tres vigilantes sin arma durante las 24 horas de todos los días del año y otros dos durante 16 horas diarias, de lunes a viernes no festivos, mientras la universidad permanezca abierta.
La empresa adjudicataria deberá designar además un Coordinador de Seguridad con al menos 25 años de experiencia en seguridad privada y habilitación como Director de Seguridad. Su cometido será coordinar el dispositivo de la universidad con el de la Casa Real, localizable las 24 horas del día. El contrato prevé más de 107.000 horas anuales de servicio: control de accesos, patrullas por los edificios, supervisión de aparcamientos y operativos para visitas ilustres.
El modelo de protección de la heredera entra en fase universitaria
Que Interior haya contratado un sistema antidrones, y no una simple ampliación de escoltas, dice bastante sobre cómo ha evolucionado la protección de la Corona en la última década. Los dispositivos clásicos responden a amenazas clásicas: un individuo, un vehículo, una trayectoria previsible.
La universidad introduce variables nuevas —un recinto abierto, miles de personas circulando a diario, horarios públicos y una exposición mediática sostenida— y también una tecnología accesible: un dron comercial sobrevuela un recinto sin que nadie lo note. Frente a eso, la respuesta es la detección temprana.
Hay, eso sí, un reto pendiente de encaje. Se trata de un contrato menor, de vigencia limitada al curso y con la etiqueta genérica de miembro de la Casa Real en el objeto, sin nombrar a Leonor. Ese hermetismo administrativo es coherente con la política de la Casa del Rey de no detallar sus protocolos de seguridad, pero deja la cobertura supeditada a una renovación anual que todavía no está sobre la mesa. Si el dispositivo funciona, lo razonable será consolidarlo. Si no, el expediente quedará archivado como una medida de coyuntura.
El contexto general tampoco invita a la relajación. La agenda pública de la heredera seguirá combinando la actividad académica con actos institucionales, y cada aparición fuera del campus obliga a mover piezas de seguridad. No es una medida aislada. Para una institución que hace de la discreción su mejor herramienta, este tipo de contratos, visibles solo en la letra pequeña administrativa, son la parte menos vistosa y probablemente la más necesaria de toda la maquinaria que sostiene la imagen de la Corona.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: el primer curso universitario de la Princesa de Asturias obliga a Interior a coordinar tres niveles de protección —personal, campus y espacio aéreo—, una estructura que hasta ahora no había sido necesaria durante su formación.
- El detalle de protocolo: el expediente identifica a la beneficiaria solo como miembro de la Casa Real, sin nombre ni referencia expresa a la Princesa. Zarzuela mantiene la norma de no detallar sus dispositivos de seguridad.
- Próximos pasos: el contrato cubre hasta el 31 de julio de 2027, de modo que la detección de drones acompañará a la heredera durante todo el curso. La renovación para el segundo año académico no está confirmada.
