Vox convierte la crisis migratoria de Ceuta en el nuevo eje de su ‘prioridad nacional’ y rechaza la partida de 25 millones para la atención de los menores. El partido de Santiago Abascal no acudirá a la reunión técnica del jueves y ha endurecido su discurso contra la política de acogida del Gobierno.
Los argumentos de Vox: «los recursos de los españoles, para los españoles»
En los últimos días, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha difundido un mensaje claro: las personas extranjeras reciben un trato privilegiado frente a los españoles. Según Abascal, «nuestros compatriotas están haciendo cola en los hospitales» mientras el Gobierno da «absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed» y ha lamentado que los menores tengan mejor comida que los militares, calificándolo de «negocio para premiar la invasión». El eurodiputado Hermann Tertsch ha defendido que los menores deben regresar a Marruecos porque allí «hay probablemente menos peligro de guerra que en España» y que la pobreza infantil no crece como en la «España de Sánchez». En la línea oficial transmitida por la dirección nacional, se insiste en que «los recursos de los españoles tienen que ir a los españoles».
El partido ha difundido un cálculo —que según fuentes del Gobierno no se corresponde con la realidad completa de la partida— para ilustrarlo: divide los 25 millones entre un millar de menores, resultando en 25.000 euros por menor. El objetivo es preguntarse «cuántos niños españoles en situación de pobreza, huérfanos o discapacitados» podrían recibir esa cifra. A su vez, la formación ha impulsado la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente Pedro Sánchez por posibles delitos de traición, aunque para ello necesita el respaldo de una cuarta parte del Congreso y una mayoría absoluta, de la que carece sin el PP. José María Figaredo, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, protagonizó recientemente otra polémica al declarar que a los inmigrantes «hay que ir cazándoles uno a uno», unas palabras que ha llevado a Compromís-Sumar a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Supremo. La dirección del partido no ha desautorizado estas declaraciones y, de hecho, las enmarca en la misma estrategia de contundencia discursiva.
El plantón a la reunión y la presión sobre el PP
La decisión de Vox de no participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia —en representación de las tres comunidades donde gestiona estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón— supone un desafío directo al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos del PP. El partido ha enviado cartas a la ministra Sira Rego en las que advierte de que no aceptará traslados de menores mientras no se tramiten procedimientos individualizados y anuncia que impugnará judicialmente «todos y cada uno de los expedientes» que no conduzcan al retorno inmediato.
Mientras tanto, el PP ha despejado las dudas: se sentará en la reunión técnica a «escuchar». El presidente de Ceuta, del partido conservador, ha reclamado «solidaridad» y más recursos económicos para la ciudad autónoma, en un claro contraste con la postura de Vox. Sin embargo, los populares no se han pronunciado sobre la propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución, lo que deja abierta la incógnita de hasta dónde están dispuestos a llegar en su alianza parlamentaria.
Vox no se limita a rechazar un fondo ni a boicotear una reunión técnica: utiliza la crisis de Ceuta para reactivar su discurso de ‘prioridad nacional’ y forzar al PP a definirse.
La estrategía de Vox: tensar la cuerda con el PP y movilizar a su electorado
La maniobra de Vox responde a un patrón ya conocido en la sede de Bambú: cada crisis migratoria activa una ofensiva que refuerza su perfil más duro y le permite marcar distancias con el Partido Popular. La elección de Ceuta no es casual: es un territorio con gobierno del PP que ha pedido ayuda al Estado, y la negativa de Vox a aportar fondos para la atención de los menores coloca a los populares en una posición incómoda, obligados a demostrar sensibilidad social sin renunciar a su discurso de control migratorio.
Con 33 diputados en el Congreso, tercer grupo de la Cámara, Vox necesita que el PP se retrate en temas que movilizan a su electorado más fiel. La dirección nacional, liderada por Abascal y Ignacio Garriga, apuesta por endurecer las condiciones para futuras investiduras y exigir un giro real en inmigración. La ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos en 2024 queda como precedente, y ahora el mensaje es claro: sin un compromiso firme del PP en la «prioridad nacional», no habrá acuerdos estables.
La vía judicial que anuncian las tres comunidades gobernadas por Vox —con la impugnación de cada expediente de menor— abre un nuevo frente que podría ralentizar la distribución territorial y generar conflictos competenciales. Mientras el Gobierno central intenta cerrar un acuerdo con las autonomías, Vox convierte la gestión migratoria en una batalla jurídica y política de largo alcance.
Quedan por delante días clave: la reunión del jueves y la Conferencia Sectorial en la que se debatirá el crédito extraordinario de 25 millones. La postura del PP —que por ahora ha optado por la vía técnica— determinará si Vox logra su objetivo de arrastrar a los populares hacia posiciones más restrictivas o, en su defecto, explotar sus contradicciones internas.
