EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión especial del Escudo Europeo de la Democracia ha aprobado un informe que censura a España por contratos con empresas chinas como Huawei y Hikvision, consideradas de “alto riesgo” por Bruselas.
- ¿Quién está detrás? El dictamen, impulsado por el PPE y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, pone la lupa sobre el sistema SITEL de escuchas judiciales y la presencia de cámaras en La Moncloa.
- ¿Qué impacto tiene? La resolución agrava el desencuentro con Washington —que ya pidió revisar el intercambio de inteligencia— y deja a España como el eslabón débil de la UE en materia de ciberseguridad.
El Parlamento Europeo ha colocado a España en el punto de mira de su nueva arquitectura de defensa democrática. La comisión parlamentaria encargada de perfilar el Escudo Europeo de la Democracia aprobó este miércoles un informe que censura con dureza los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con empresas tecnológicas chinas consideradas “incompatibles” con la doctrina de seguridad comunitaria.
El texto, que aún debe ser ratificado por el pleno, señala sin rodeos que “España ha adjudicado a Huawei un contrato para gestionar y almacenar escuchas telefónicas autorizadas judicialmente utilizadas tanto por las fuerzas del orden como por los servicios de inteligencia”. Y recuerda que la Comisión Europea tiene restringido el acceso de esa compañía a las redes 5G de la Unión “debido a preocupaciones de seguridad”.
La doctrina de Bruselas contra Pekín y el caso español
El Escudo Europeo de la Democracia, presentado el 12 de noviembre de 2025, es el paraguas con el que la UE quiere blindar sus instituciones frente a injerencias extranjeras. Se articula en tres pilares: proteger el espacio informativo, reforzar la integridad electoral y aumentar la resiliencia social. En ese marco, la resolución aprobada hoy convierte a España en el primer Estado miembro señalado nominalmente por contratos prohibidos con proveedores de alto riesgo.
“El Parlamento Europeo está alarmado por los vínculos políticos y económicos del Gobierno de España y personas en su órbita con regímenes autocráticos”, explicó Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y portavoz del PPE en la comisión del Escudo. La alarma va más allá de las palabras: Estados Unidos ya pidió en julio de 2025 revisar los acuerdos de intercambio de información con España a raíz de estos contratos, un extremo que este informe vuelve a poner sobre la mesa.
A la censura por los contratos se suma la constatación de que España arrastra un incumplimiento crónico en materia de ciberseguridad. La Directiva NIS2, que obliga a proteger las infraestructuras críticas, debía haberse traspuesto antes del 17 de octubre de 2024. No ocurrió. La Comisión abrió el expediente INFR(2024)0270 y emitió un dictamen motivado en mayo de 2025. Mientras, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó 122.223 incidentes en 2025, un 26% más que el año anterior.
Contratos millonarios, cámaras en La Moncloa y la sombra de Zapatero
El dato más sensible del informe es el contrato adjudicado a Huawei por valor de 12 millones de euros para suministrar los servidores OceanStor que almacenan las escuchas del sistema SITEL, la herramienta que utilizan Policía, Guardia Civil y el CNI. Para Bruselas, entregar ese núcleo de inteligencia a una empresa obligada por la ley china a colaborar con los servicios de Pekín equivale a dejar una puerta abierta a la injerencia.
Pero la resolución no se queda en Interior. También menciona la presencia masiva de cámaras de Hikvision en edificios tan sensibles como La Moncloa, el Ministerio del Interior, Renfe, Hacienda o Correos. Estados Unidos, Reino Unido y el propio Parlamento Europeo las han vetado por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional. “China emplea métodos más sofisticados que otros actores para ganar influencia en la UE, incluyendo la cooptación de élites políticas”, reza uno de los considerandos aprobados.
El contrato con Huawei para las escuchas judiciales no es un error de despacho: es una decisión consciente que coloca a España entre los países con menor blindaje frente a China dentro de la UE.
En ese contexto, el informe introduce de manera implícita pero expresa —según fuentes parlamentarias— el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos vínculos con el régimen chino y con Huawei llevan meses bajo la lupa de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La nota del PP Europeo resume el diagnóstico: “cooptación de élites políticas” y falta de transparencia que lastra la posición española en Bruselas.
El Eje del Poder Europeo
Detrás de esta censura hay un movimiento tectónico en la relación de la UE con China que trasciende a un solo gobierno. El de-risking —la reducción estratégica de dependencias— es ya doctrina oficial en Bruselas, y el Partido Popular Europeo lo ha convertido en una de sus banderas. La cumbre del PPE celebrada la semana pasada en Bruselas dejó claro que “es importante dejar atrás la ingenuidad respecto a las ambiciones a largo plazo de China”. Que esa línea se traduzca ahora en un voto de censura contra un gobierno socialista del sur tiene una lectura política inevitable.
Para España, el coste es doble. Por un lado, la resolución alimenta el relato de un Ejecutivo que antepone sus intereses de política interna a los estándares de seguridad que comparte con el resto de socios comunitarios. Por otro, reabre un frente delicado con Washington en un momento en que la cooperación transatlántica en materia de inteligencia es más necesaria que nunca. Los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de EEUU ya pusieron en duda en 2025 que España pudiera seguir siendo un socio fiable; este informe le da argumentos renovados a quienes piensan lo mismo.
En la práctica, la resolución no conlleva sanciones inmediatas, pero sí deja a Moncloa en una posición muy incómoda. El expediente de infracción por la directiva NIS2 sigue abierto y Bruselas acaba de añadir un segundo capítulo político. Con las elecciones alemanas recién celebradas y un nuevo ciclo institucional en la Comisión a la vuelta de la esquina, el margen de Sánchez para contrarrestar el golpe es muy estrecho. En esta redacción observamos que la verdadera factura puede llegar en forma de mayor escrutinio sobre los fondos europeos o de un aislamiento diplomático que trascienda el ruido parlamentario.
La pelota está ahora en el tejado del pleno de la Eurocámara y, sobre todo, en la capacidad del Gobierno español de demostrar, con hechos, que la Ley de Seguridad Nacional china no tiene ventanas abiertas en los servidores de Interior.
