El Parlamento Vasco aprobó este jueves, con el voto en contra de toda la oposición, la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar los trámites administrativos de los proyectos económicos sostenibles, conocida como la ‘ley autopista vasca’.
La iniciativa legislativa, que no parte del Consejo de Gobierno sino de los dos grupos que lo sustentan, busca acelerar inversiones estratégicas en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria mediante la reducción de plazos y cargas burocráticas, según defienden sus promotores.
Una tramitación sin informes previos del Ejecutivo
Al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley del Gobierno, la norma sortea la obligación de adjuntar memorias económicas, informes jurídicos y evaluaciones de impacto. El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, sostuvo que la medida “simplifica, facilita y aligera los trámites” con el fin de que “Euskadi no pierda oportunidades en un mundo competitivo”.
El parlamentario socialista Ekain Rico añadió que la ley pondrá “procedimientos más ágiles, modernos y seguros jurídicamente al servicio de la ciudadanía” y situará a la comunidad autónoma al nivel de otros territorios que ya cuentan con marcos similares para captar inversiones de alto valor.
Ambos grupos insisten en que la reducción de plazos no merma las garantías porque se limita a eliminar “duplicidades”. La proposición incluye un capítulo específico para proyectos de “interés público superior”, vinculados a infraestructuras de generación energética, economía circular o al sector primario.
La toma en consideración fue respaldada únicamente por los socios de gobierno, con el rechazo unánime de los cuatro partidos de la oposición.
Las críticas de la oposición: del déficit democrático al riesgo ambiental
Desde EH Bildu, Ander Goikoetxea tachó de “inaceptable” tanto el contenido como el procedimiento. Denunció que, “en nombre de la competitividad”, se plantea un cambio de modelo de gobernanza que “deja de lado la autonomía municipal” y afirmó que una ley así debería venir acompañada de “informes económicos, evaluaciones de impactos y consultas públicas”.
El representante del PP, Álvaro Gotxi, acusó a los proponentes de eludir los controles del proyecto de ley para no enfrentarse a una posible calificación de “chapuza irresponsable”. Por su parte, Jon Hernández, de Sumar, advirtió de que la “desregulación” planteada puede reducir el control del impacto ambiental.
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, cuestionó que el Ejecutivo pueda actuar como “promotor o facilitador” de la actividad económica a través de este texto, y avanzó el voto negativo de su grupo.
Una apuesta por la competitividad en el tablero autonómico
La proposición forma parte de la estrategia del Gobierno vasco de coalición para simplificar la regulación administrativa y mantener el atractivo inversor del territorio. Según los datos manejados por los dos grupos, otras comunidades del entorno ya han avanzado en normativas similares que la propia Euskadi aspira a replicar.
El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria, durante la cual podrá ser enmendado por los grupos antes de su votación final. La ausencia de informes preceptivos, sin embargo, seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción.
Según fuentes cercanas a la negociación, los partidos del Gobierno confían en que el debate en ponencia permita incorporar algunas de las cautelas reclamadas por la oposición sin desvirtuar el objetivo original de la norma.
