EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP, con Feijóo y Ayuso al frente, ha acusado al Gobierno de inflar el censo electoral a través de la Ley de Nietos, que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados del franquismo. La dirección popular exige un «reinicio democrático».
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) e Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), con intervención posterior del portavoz nacional Borja Sémper para matizar el tono.
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva refuerza el marco de «ingeniería electoral» con el que Génova busca deslegitimar los próximos comicios. Abre, además, un frente con los consulados y con la izquierda parlamentaria.
El Partido Popular ha elevado este lunes el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez con una acusación directa: estaría manipulando el censo electoral a través de la Ley de Nietos, el instrumento de la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a hijos, nietos y bisnietos de los exiliados durante el franquismo. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han coincidido, desde tribunas distintas, en denunciar lo que ambos califican como «ingeniería electoral», y han reclamado un reinicio democrático que pase por derogar la norma y por reformar la ley electoral.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la más contundente. Durante un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en el Hotel Palace de la capital, Ayuso ha asegurado que «el reparto de escaños es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo». Ha añadido que «no hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o no volverá a ser España». Y ha lanzado un aviso explícito a los cónsules: «Cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal. Ahí queda el aviso».
Feijóo, por su parte, había adelantado la posición en una entrevista radiofónica. «Con los actuales votantes no le salen las cuentas», ha argumentado, y ha cifrado en 2,5 millones de personas el incremento del censo que, a su juicio, busca el Ejecutivo. El líder del PP ha planteado la derogación de la Ley de Memoria Democrática y una reforma de la ley electoral para conceder una «prima de escaños» al ganador, al estilo de Grecia o Italia, con el fin de facilitar mayorías absolutas.
El portavoz nacional, Borja Sémper, ha intentado acotar el mensaje en rueda de prensa. Ha subrayado que las críticas de Feijóo «no prejuzgan» el sentido del voto de los nuevos nacionalizados, pero que en el PP «no se fían» de los procedimientos. «Parece razonable que exijamos y tengamos dudas porque 2,5 millones más de personas se apuntarán en el censo, potencialmente», ha señalado. Sémper ha subrayado que el partido estará «encima políticamente» y ha mencionado como ejemplo la regularización en Cuba.
La llamada Ley de Nietos ya ha saturado consulados en Argentina, Cuba, Brasil o México. Ayuso calcula que Argentina se convertiría en «la tercera provincia en número de votos».
La ofensiva del PP contra la «ingeniería electoral»
La estrategia popular sitúa la discusión sobre la nacionalidad y el censo en el centro del debate preelectoral. Génova ha detectado que la medida, recogida en una norma que el PP ha intentado derogar desde su aprobación en 2021, puede movilizar al votante más escéptico con la gestión del Gobierno. Por eso el mensaje se ha construido sobre dos pilares: la alerta institucional —advertir de una supuesta irregularidad masiva— y la oferta alternativa —derogar la ley y premiar la gobernabilidad con una reforma electoral—.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no se ha concretado aún una iniciativa legislativa inmediata, pero fuentes de la dirección confirman que se estudia una Proposición de Ley para modificar el sistema de atribución de escaños. El argumentario interno insiste en que el actual sistema electoral, unido a un censo artificialmente ampliado, desvirtuaría la voluntad popular.
Reacciones: Más Madrid carga contra el miedo a las urnas
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha respondido con dureza. «Los nietos de los exiliados españoles habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de Estado y la dictadura franquista», ha escrito en X. Y ha rematado: «Esta derecha a la que tanto le gusta pedir elecciones le tiene miedo a que la gente vote». El resto de la izquierda parlamentaria no ha tardado en sumarse a la crítica, acusando al PP de importar un discurso de desconfianza hacia el voto exterior.
El Eje del Poder Popular
El pulso interno es mínimo. Isabel Díaz Ayuso ha movido ficha en paralelo a la dirección nacional, pero sin fisuras aparentes: el mensaje de fondo es idéntico, aunque la presidenta madrileña ha elevado el tono hasta rozar la acusación penal a funcionarios diplomáticos. Esa sintonía, lejos de preocupar en Génova, se lee como un reparto de papeles que permite a Feijóo mantener un perfil más institucional mientras Ayuso tensa la cuerda. Los barones de Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y el resto de territorios gobernados por el PP respaldan sin matices la denuncia.
El aterrizaje territorial es evidente: en las 11 comunidades autónomas en manos populares ya se manejan estudios sobre el impacto que un censo inflado podría tener sobre la representación parlamentaria. Madrid, que concentra un alto número de consulados y de población de origen extranjero, se sitúa a la cabeza de la preocupación. La Comunidad de Madrid calcula que el incremento de votantes podría alterar el equilibrio de escaños en varias provincias y condicionar la gobernabilidad autonómica.
El riesgo inmediato para el PP es que la izquierda consolide el relato de que el partido teme la participación democrática. Para contrarrestarlo, Génova insiste en que no cuestiona el derecho al voto sino la «ingeniería electoral» que convertiría la nacionalidad en un recurso partidista. El precedente de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y el intento de derogación de 2021 sirven ahora como munición dialéctica para exigir un reinicio del sistema.
La próxima ventana crítica será la tramitación de la reforma electoral que Feijóo ha prometido impulsar. Si el PP consigue llevar al Congreso un texto con garantías de apoyo —para lo que necesitaría al menos a Vox y a algún grupo nacionalista—, la batalla pasará del plano discursivo al parlamentario. Hasta entonces, el aviso de Ayuso sobre los cónsules pone presión sobre los consulados y sobre el propio Ejecutivo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: «Reinicio democrático»: el Gobierno manipula el censo y la ley electoral debe cambiarse para garantizar mayorías sólidas.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: Presentación de una Proposición de Ley de reforma electoral en el Congreso de los Diputados.
