Repsol ya ha firmado un acuerdo para explotar crudo en el Horcón. Es solo el primer ejemplo de lo que se avecina: una Venezuela que abre sus recursos naturales al capital extranjero mientras mantiene intacto el control político. La operación militar estadounidense de enero de 2026 capturó a Nicolás Maduro y puso al país en manos de Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta. Desde entonces, la nueva dirigente ha acelerado un giro económico que no llega a las libertades políticas.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La reapertura del sector petrolero y minero venezolano beneficia directamente a empresas españolas como Repsol, que ya operan en el país, y puede abrir nuevas oportunidades en un mercado donde la presencia empresarial española fue castigada durante décadas por expropiaciones y controles. Sin embargo, el riesgo reputacional y político de asociarse con un régimen que reprime la disidencia es alto, y el legado histórico de España en la región añade una capa de sensibilidad.
La nueva hoja de ruta económica venezolana
Lo que está haciendo Delcy Rodríguez no surge de la nada. Ya desde 2021, y con más fuerza desde 2024, el chavismo empezó a explorar un «pragmatismo liberal» en lo económico, como señala el Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. La novedad ahora es la profundidad y la seguridad jurídica que el nuevo marco legal ofrece al inversor. La Ley de Hidrocarburos de enero de 2026 redujo las regalías del Estado del 33 % a cifras cercanas al 15 % en algunos bloques, eliminó trabas burocráticas y, por primera vez en décadas, reconoce la jurisdicción de tribunales internacionales para resolver disputas.
El efecto fue inmediato. Chevron, la italiana Eni y otras grandes han entrado o ampliado operaciones. Repsol, con un largo historial en el país, firmó en mayo un acuerdo con PDVSA para explotar la zona de El Horcón. La producción petrolera supera ya el millón de barriles diarios y las exportaciones a Estados Unidos han crecido un 192 % respecto a 2025, según la publicación Americas Quarterly. La misma fuente estima que Venezuela podría superar el 12 % de crecimiento anual solo por la renovada actividad petrolera.
Un segundo pilar es la Ley de Minas, aprobada el 9 de abril, que extiende las concesiones de 20 a 30 años y repite el esquema de arbitraje internacional. A ello se suma la comisión creada el 22 de abril para revisar las cerca de 920 empresas públicas con el mandato de privatizar o liquidar las no estratégicas. El pasado mayo se reanudaron las relaciones con el Banco Mundial tras seis años de parón y el Fondo Monetario Internacional retomó el diálogo técnico. En paralelo, el Gobierno anunció un proceso de reestructuración de una deuda externa y de PDVSA que oscila entre 190.000 y 240.000 millones de dólares.
Lo que se juega España con este ‘modelo Delcy’
Para el tejido empresarial español, la ecuación es complicada. Por un lado, las garantías de seguridad jurídica y la reducción de la voracidad fiscal estatal son un alivio después de años en los que las compañías españolas perdieron activos y sufrieron expropiaciones sin compensación. Repsol, que nunca abandonó del todo el país, ve ahora una ventana para expandir su producción en la Faja del Orinoco, una de las reservas de crudo más grandes del mundo. El acuerdo de mayo demuestra que Caracas necesita tecnología y capital externo para mantener el bombeo, y las empresas españolas están entre las pocas que conocen el terreno y pueden ofrecer ambas cosas.
Pero el riesgo reputacional no es menor. La misma mano que firma contratos con petroleras extranjeras reprime marchas sindicales y mantiene amenazados a líderes opositores como Edmundo González y María Corina Machado, sin permitir elecciones libres. La Misión de la ONU registró al menos 87 nuevas detenciones políticas entre enero y marzo de 2026, y Human Rights Watch advirtió que la Ley de Amnistía de febrero se usó como propaganda, liberando a presos comunes pero dejando intacto el aparato represivo. Normas como la «Ley contra el Fascismo» de 2024, que prohíbe la enseñanza del liberalismo o el conservadurismo, siguen vigentes y se aplican para censurar y perseguir a la disidencia.
Para una compañía con sede en Madrid, operar en un entorno así obliga a un ejercicio de malabarismo: cumplir con los estándares de derechos humanos que exigen los inversores y la opinión pública europea al tiempo que se negocia con un régimen autoritario. El precedente de otras aperturas económicas sin democracia —pensemos en China o en los países del Golfo— demuestra que es posible hacer negocios durante años, pero también que la presión social y regulatoria puede cambiar las reglas de la noche a la mañana.
Por qué la fachada económica no puede ocultar la represión
Conviene mirar el espejo de la historia reciente. España fue durante los años noventa y principios de los 2000 uno de los principales inversores en América Latina, y su presencia en Venezuela llegó a ser masiva: banca, telecomunicaciones, energía. Las nacionalizaciones de Hugo Chávez y luego de Maduro diezmaron esos activos. La expropiación de filiales de Banco Santander o de Telefónica dejó una herida que el empresariado español no ha olvidado. Por eso las nuevas garantías legales suenan tan atractivas: parece que, al fin, hay un marco que protege la propiedad.
Sin embargo, la experiencia enseña que los regímenes autoritarios pueden cambiar las reglas cuando el viento político sopla en otra dirección. El hecho de que la propia Delcy Rodríguez haya sido una pieza clave del chavismo durante años y que el aparato represivo siga intacto —la Policía Nacional y la Guardia Nacional reprimieron una marcha sindical en abril— siembra dudas sobre la sostenibilidad de este modelo. La revista The Economist ya se preguntaba en mayo si Venezuela no estaría yendo hacia un «capitalismo de Estado chino», donde el partido mantiene el monopolio del poder mientras los negocios florecen bajo su control.
La apuesta de Repsol y de otras multinacionales es un voto de confianza en la estabilidad jurídica de un país que no ha soltado la represión. El tiempo dirá si fue un paso visionario o un nuevo capítulo de la crónica de desencuentros entre la inversión extranjera y el autoritarismo bolivariano.
Para España, el interés no es solo empresarial. Venezuela es la puerta de entrada a un hemisferio donde la competencia geopolítica con China y Rusia es feroz. Mantener una presencia económica sólida en Caracas ayuda a preservar una red de influencia que va más allá del petróleo: es lengua, cultura y relación bilateral con un país hermano donde residen casi 300.000 españoles según el INE. El reto es hacerlo sin blanquear la falta de libertades, y ahí el equilibrio se antoja endiabladamente difícil.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Tras la captura de Maduro en enero de 2026, Delcy Rodríguez acelera una apertura económica con reformas en hidrocarburos, minas y reestructuración de deuda, atrayendo inversión extranjera sin democratizar el país.
- Datos importantes: Crecimiento del PIB estimado en +12 %; producción petrolera >1 millón barriles/día; deuda externa de 190-240 mil millones USD; empresas como Repsol, Chevron y Eni ya han firmado nuevos acuerdos.
- Resumen: El «modelo Delcy» abre oportunidades para compañías españolas en un sector energético clave, pero opera bajo un régimen autoritario que reprime a la oposición y los sindicatos, generando un dilema entre negocio y legitimidad.
