La empresa portuguesa Altri ha vuelto a tensar la cuerda de la polémica medioambiental en Galicia al hacer público un informe de validación de su proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei, en la provincia de Lugo. No es un documento cualquiera: lo firma Bureau Veritas, la misma consultora que en 2001 certificó que el Prestige —el petrolero que provocó la mayor marea negra de la historia gallega— podía navegar con seguridad cinco años más.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Altri ha encargado a Bureau Veritas un informe que avala su proyecto de celulosa y afirma que cumple el principio europeo de no causar daño ambiental significativo (DNSH).
- ¿Quién está detrás? La pastera portuguesa Altri, a través de su filial Greenfiber, pretende construir una planta en Lugo. Bureau Veritas es la consultora que certificó la navegabilidad del Prestige en 2001.
- ¿Qué impacto tiene? Las plataformas opositoras lo consideran «una provocación» y exigen a la Xunta de Galicia que rechace el documento y detenga el proyecto.
Un aval que recupera el fantasma del Prestige
El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, sigue la guía DNSH de la Unión Europea para concluir que la macrocelulosa no perjudicará la mitigación del cambio climático, la protección de los recursos hídricos ni la biodiversidad, entre otros seis objetivos ambientales. Altri ha insistido en presentarlo como «independiente», aunque el pago corrió por su cuenta.
Para las plataformas Ulloa Viva y PDRA, ese calificativo es inaceptable. «Que Altri llame informe de validación independiente a un informe encargado y pagado por ella misma es una broma de mal gusto», señalaron en un comunicado conjunto. Acusan a la empresa de usar el estudio como «propaganda» y de intentar presionar a la Xunta para acelerar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el permiso clave para construir.
La elección de Bureau Veritas ha escocido especialmente debido a los precedentes. En 2001, esta consultora emitió un certificado que permitió al Prestige seguir operando, a pesar de los problemas estructurales que presentaba. Un año después, el buque vertió 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas. Ahora, el mismo sello técnico aparece en un documento que promete cero daño ambiental para una factoría que consumiría grandes cantidades de agua y madera.
Desde las plataformas recuerdan también el caso de la consultora Afry: en 2019, en pleno litigio por el traslado de Ence, esa firma consideró inviable una planta de celulosa en cualquier río gallego; después, durante la tramitación de Altri, dio el visto bueno. «Es lo mismo de siempre: el informe se adapta al cliente», lamentan.
Altri, por su parte, defiende que el análisis de Bureau Veritas demuestra la viabilidad ambiental del proyecto, que crearía cientos de empleos en una zona rural deprimida. La empresa ha instado a la Xunta a retomar la tramitación, paralizada por la fuerte contestación social.
La misma consultora que avaló la seguridad del petrolero causante de la mayor marea negra en Galicia es la que ahora garantiza que la macrocelulosa de Altri no dañará el entorno.
La respuesta ciudadana «Nunca Máis» y el mensaje a Rueda
Bajo el paraguas de Nunca Máis, miles de personas se han movilizado en los últimos meses contra el proyecto Altri y otras instalaciones, como la mina de Touro. La revelación del informe ha devuelto la movilización a las calles. El pasado fin de semana, una protesta multitudinaria por tierra y mar reiteró el «Non á celulosa» y el lema «Altri non».
Ulloa Viva ha sido contundente: «El único informe independiente sobre el Proyecto Gama fue el del Consello da Cultura Galega, que fue descalificado por la Xunta y los medios públicos. Y lanzó una advertencia directa al presidente Alfonso Rueda: «Las competencias están en la Xunta; Rueda tiene la responsabilidad y la memoria histórica para evitar repetir errores del pasado. No queremos otro Prestige y es posible evitarlo».
El Laboratorio Gallego
El caso de Altri no es un episodio aislado. Galicia lleva años debatiéndose entre el desarrollo industrial y la preservación de su patrimonio natural, un dilema que en las rías, montes y aguas de la comunidad se vive con particular intensidad. La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento y en la Xunta le permite impulsar proyectos como el de la macrocelulosa sin necesidad de consenso, pero también le sitúa como único responsable ante los tribunales y ante la opinión pública.
La oposición, encabezada por el BNG y apoyada por el PSdeG, ha denunciado repetidamente la falta de transparencia y el presunto sesgo de los estudios ambientales encargados por las empresas beneficiarias. Para el Bloque, la «nefasta herencia» del Prestige aún marca la gestión ambiental, y proyectos como el de Altri podrían suponer «una segunda oportunidad para el desastre». Mientras, el PSdeG ha pedido una moratoria hasta que se garanticen todas las cautelas.
A nivel nacional, la controversia gallega conecta con el debate más amplio sobre la aplicación del principio DNSH que condiciona la llegada de fondos europeos. Si se demuestra que la Administración valida informes de parte que no son independientes, la credibilidad del sistema de evaluación ambiental quedaría en entredicho. El PP, que en Madrid aspira a recuperar el Gobierno, sabe que los traspiés en su feudo gallego —donde ha gobernado veinte de los últimos veinticinco años— pueden pasarle factura. No en vano, Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta y actual líder del partido, construyó su reputación de gestor eficaz sobre el «modelo gallego», un relato que este tipo de polémicas resquebraja.
La pelota está ahora en el tejado de la Xunta. La Autorización Ambiental Integrada debe resolverse en los próximos meses, y la presión no cesará. Si Rueda opta por validar el informe de Bureau Veritas y dar luz verde al proyecto, se arriesga a un conflicto judicial y a una movilización ciudadana que ya ha demostrado su capacidad de impacto. Si lo rechaza, la inversión de más de 500 millones de euros podría esfumarse. Las plataformas ciudadanas, mientras, mantienen el pulso.
Ficha del Caso
- El caso: Altri, a través de Greenfiber, impulsa una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo). Para acreditar su sostenibilidad contrató a Bureau Veritas, la misma consultora que certificó la navegabilidad del Prestige en 2001, lo que ha provocado un fuerte rechazo social.
- Datos importantes: 77.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige en 2002. El principio DNSH de la UE guía el informe. La Autorización Ambiental Integrada (AAI) aún no se ha concedido. Las plataformas Ulloa Viva y PDRA lideran la oposición.
- Resumen: La coincidencia entre el aval del Prestige y el de la macrocelulosa ha reavivado la desconfianza histórica hacia los procesos de evaluación ambiental en Galicia. La decisión final de la Xunta de Galicia definirá la credibilidad del gobierno autonómico y podría trascender al debate nacional sobre la gestión de proyectos industriales.
