Juanma Moreno ha comenzado este lunes el debate de investidura en el Parlamento de Andalucía con un llamamiento a Vox para que no se centre en los desacuerdos, mientras ambas formaciones encaran 48 horas clave para alcanzar un pacto y evitar la repetición electoral. La inmigración se mantiene como el principal escollo en una negociación que prosigue con intercambio de documentos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto la sesión de investidura pidiendo a Vox no enrocarse en las diferencias para lograr un gobierno estable en Sevilla.
- ¿Dónde y quién? La negociación se desarrolla en el Parlamento andaluz, en Sevilla, entre el PP —que preside la Junta— y Vox, con el reloj de 48 horas corriendo para evitar unas nuevas elecciones.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Un fracaso de la investidura implicaría la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas, con el consiguiente retraso en la gestión de los fondos europeos, la inversión educativa y las políticas de empleo.
La negociación al límite en 48 horas
Moreno evitó mencionar líneas rojas y optó por tender puentes: “Si nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará”, afirmó en su intervención inicial, recogida por los medios presentes en Sevilla. La sesión de investidura, la primera de la decimotercera legilatura andaluza, se celebra con la incertidumbre de si el candidato del PP conseguirá los apoyos necesarios.
El Partido Popular, que gobierna la Junta desde 2019, necesita al menos la abstención de los 14 diputados de Vox para ser investido en segunda votación. Fuentes de la negociación confirmaron a este periódico que el intercambio de propuestas fue intenso durante la madrugada y que en las próximas horas se presentarán nuevos documentos con el objetivo de acercar posiciones.
El tiempo corre en contra. Si en el plazo de dos meses desde la primera votación —que se celebraría mañana— ningún candidato logra la confianza del Parlamento andaluz, la cámara quedará disuelta y se convocarán elecciones autonómicas, previsiblemente para mediados de septiembre. La última repetición electoral en Andalucía data de 2022, y el coste político y económico de una nueva convocatoria es un factor que ambas partes tienen presente.
La inmigración, el escollo que marca las conversaciones
El principal punto de fricción es la política migratoria. Vox ha exigido garantías de que la Junta no aceptará nuevos repartos de menores migrantes no acompañados desde Canarias y ha reclamado un endurecimiento de las ayudas sociales para inmigrantes en situación irregular. La formación de Santiago Abascal considera este asunto irrenunciable en su estrategia de diferenciación.
Por su parte, el PP andaluz afirma que la inmigración es una competencia estatal y que la Junta no puede condicionar decisiones del Gobierno central. Sin embargo, está dispuesto a negociar medidas dentro de sus competencias, como la gestión de los centros de acogida o la cooperación con las fuerzas de seguridad. El debate se ha intensificado en las últimas semanas tras el incremento de llegadas a las costas de Cádiz y Granada.
El PSOE-A, en boca de su portavoz, ha criticado que “el futuro de Andalucía se decida en un mercadeo sobre derechos humanos”, mientras que los socios de Sumar han pedido a PP que no ceda ante posturas que consideran contrarias al Estatuto de Autonomía. La presión ciudadana también ha empezado a notarse, con pequeñas concentraciones a las puertas del Parlamento de Sevilla.
La investidura de Juanma Moreno pende de un hilo marcado por la inmigración; el fracaso del acuerdo abriría una nueva campaña electoral apenas dos años después de los últimos comicios.
La Lectura Andaluza
Andalucía encara estas 48 horas con la mirada puesta en su estabilidad institucional y en la credibilidad que proyecta a los inversores. La comunidad cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,8% —por encima de la media nacional— y lideró la creación de empleo en el sur de España, según el IECA. Las ciudades de Málaga y Sevilla se han consolidado como polos tecnológicos y turísticos, y la interrupción política podría frenar inercias como la ampliación del metro de Málaga o la inverisón sanitaria programada en Jaén. No es solo una cuestión de escaños: hablamos de miles de empleos y de la ejecución de los fondos europeos Next Generation.
Para el ciudadano de a pie, una repetición electoral significaría un nuevo Ejecutivo, como muy pronto, en octubre, con el consiguiente retraso en las ayudas a la contratación y en los planes de vivienda. Con una tasa de paro que aún duplica la media europea, cada día de parálisis política se traduce en oportunidades perdidas. La oposición, pese a su discurso, también es consciente de que la moción de censura o la repetición electoral no beneficiarían a nadie en un escenario de fragmentación. La proyección es clara: si PP y Vox no alcanzan un acuerdo en las próximas horas, la campaña electoral arrancará en pleno agosto; si lo logran, Andalucía podrá mantener la senda de estabilidad que la ha situado como la cuarta economía de España. El reloj sigue corriendo en el Parlamento de Sevilla.
