El juez Santiago Pedraz, del juzgado central de Instrucción 5 la Audiencia Nacional, imputaba este lunes en el Caso Leire a 25 personas, la mayor parte directivos de empresas privadas, pero también estatales, entre ellos a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. El rastro de la trama Leire llevó a la UCO a distinguir hasta cinco operativas diferentes, destinadas a ingresar fondos en el grupo Hirurok, formado por Leire Díez, Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y el empresario Antxón Alonso, ligado a Santos Cerdán.
En el escrito de acusación remitido por las fiscales al juez Pedraz, se reeoge que «los indicios recabados se proyectan en principio sobre cinco operativas diferenciadas, vinculadas a las entidades Mercasa, Enusa, la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias S.L., SME participada por Sepides, todas ellas en el ámbito de la SEPI, y, finalmente, el grupo empresarial
Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables».
Las fiscales creen que el «principal vehículo utilizado para su canalización habría sido la sociedad Mediaciones Martínez S.L., sin
perjuicio de la utilización concurrente de otras estructuras societarias, entre las que destacan Servinabar 2000, S.L. y Next Generation Caliope Innova S.L., que habrían actuado igualmente como instrumentos para la gestión y circulación de fondos de aparente procedencia ilícita».
Mediaciones Martínez, adquirida por Antxón Alonso en julio de 2021, habría facturado «en el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2021 y el 6 de agosto de 2023, un importe total de 913.199,22 euros, concentrándose la mayor parte de dicha facturación en operaciones realizadas con las mercantiles Reciclajes y Derribos Olite y Valeriano Urrutiketxea, ambas vinculadas a Construcciones y Excavaciones Erri Berri, así como con Tubos Reunidos, Grupo Aldesa y la propia Servinabar 2000», refleja el escrito de acusación de la Causa Leire.
La sede de Mercasa
Dicen las fiscales en su escrito para el juez que «como antecedente relevante de los hechos, debe señalarse que Mercasa
(Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P.) es una sociedad del sector público estatal (…)». Y añaden que «sobre esta base organizativa, y en lo que respecta a la operativa investigada, el atestado de la UCO n.º 188/25 recoge un conjunto de evidencias de las que se infiere, al menos de forma indiciaria, que Joseba Antxón Alonso Egurrola, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y María Leire Díaz Castro, actuando de forma concertada y en connivencia con determinadas personas integradas en la dirección de Mercasa, habrían diseñado una operativa dirigida a aprovechar el interés existente en aquel momento por parte de la presidencia y de ciertos directivos en trasladar la sede física de la entidad».
La operativa habría consistido en la articulación de diversas contrataciones irregulares o, en su caso, en la simulación de servicios de intermediación vinculados a una supuesta operación de adquisición o arrendamiento de una nueva sede, lo que habría permitido la obtención de un beneficio económico en favor de los investigados, del grupo Hirurok fundado por Leire Díez.
La UCO señaló que era el expediente n.º 04/21 DAF, adjudicado a la mercantil Servinabar 2000, S.L. con fecha 12 de noviembre de 2021, por un importe de 18.119,75 euros (IVA incluido). La trama habría concertado toda la operación con Mayte Castillo Pasalodos, de Mercasa, también imputada y habrían pagado este dinero por el estudio de rehabilitación de la sede de Mercasa.
Además, mientras se producía el traslado, «se habría concertado la posible formalización de un contrato de arrendamiento de un nuevo inmueble, destinado a albergar provisionalmente la sede de Mercasa mientras se ejecutaban las supuestas obras de reforma. En el marco de dicha operación, los investigados habrían proyectado la obtención de una comisión aproximada del 20 % por la gestión del arrendamiento», dice el escrito de acusación.
El borrador del estudio de costes estimaba la rehabilitación en 2.114.417,31 euros, de los cuales 1.570.402,95 euros se correspondían con gastos directamente imputables a las obras de construcción. Posteriormente, el 6 de julio de 2021, Mikel Arrarás (otro de los imputados) volvió a remitir un correo electrónico a Vicente Ferández, con copia a Antxón, bajo el asunto “Paseo La Habana. Resumen de costes”. En el cuerpo de este correo, Arrarás, exponía que “el Coste construcción finalmente esta ajustado a 2m para llegar a los 2,8m finales del Estudio de Costes, antes nos ha bailado algún número. De todas formas, si necesitas que revise cualquier otra cosa me comentas”.
Es decir, solo tres días después de la valoración se fijo el coste de la rehabilitación en 2.828.571,72 euros, lo que supone un aumento superior a 700.000 euros «sin causa objetiva que lo justifique», dicen las fiscales de la Causa Leire.
El caso de Enusa
La segunda operativa concreta analizada por la UCO fue la contratación de la mercantil SDP Carrillo y Montes, S.L.P. (en adelante, SDP) por parte de la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas S.M.E.
Dicen las fiscales que «dicha contratación habría sido favorecida, indiciariamente, por la actuación concertada de los investigados Antxón, Vicente y Leire, con la finalidad de obtener un beneficio económico y, al mismo tiempo, favorecer los intereses de la mercantil Acciona, que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que ENUSA ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE). Como consecuencia de esta operativa, los investigados habrían obtenido un enriquecimiento económico, derivado de los pagos efectuados por SDP a favor de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez, por un importe conjunto de 17.545 euros (IVA incluido)».
Resulta curioso que en el mismo tiempo, «Leire Díez ocupase el cargo de responsable de Comunicación de Enusa desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2021. El punto de partida de esta operativa se sitúa en el interés mostrado por Acciona en adquirir la participación de Enusa en la incineradora de Melilla (Emgrisa) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE)», añaden.
El 20 de mayo de 2021, Vicente Fernández le habría comunicado a Antxón, a través de un chat individual de la aplicación Threema, lo siguiente: “Hay ciertas dificultades en Enusa para vender […] Quizás habría una forma de superar esas
dificultades si ENUSA no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara […] Sé que no es el óptimo, pero quizás así Acciona se quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores”.
Antxón envió entonces un WhatsApp a Francisco Javier López Buciega (imputado ahora), Director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona, en el que ponía de manifiesto las dificultades existentes para la venta de las participaciones, proponiendo como alternativa la constitución de un usufructo sobre las mismas.
Es decir, que los denunciados «actuaban como intermediarios entre las sociedades de capital público y la mercantil Acciona, con la finalidad de facilitar que esta última alcanzara sus objetivos mediante la utilización de su capacidad de influencia en el ámbito de aquellas», dice el escrito de acusación.
Tubos Reunidos
«En lo relativo a los hechos vinculados con la entidad Tubos Reunidos S.A., en el informe que dio origen al presente procedimiento, se hacía constar que se habían detectado pagos efectuados por dicha sociedad a favor de la mercantil
Mediaciones Martínez S.L., por importe total de 114.950 euros. Tales pagos responderían, indiciariamente, a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo Hirurok en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado “rescate” articulado a través de la SEPI.
Algo que terminó ocurriendo en julio de 2021 tras ser aprobado por el Consejo de Ministros tal y como ya hemos contado en Moncloa.com.
Erri Berri
Según el escrito de acusación, «otra de las operativas descritas en el informe se refiere a los pagos percibidos por las sociedades Mediaciones Martínez y Servinabar procedentes del denominado grupo Erri Berri, que habrían ascendido a un importe total de
575.857,20 euros».
Una parte significativa de esos pagos se vincularía a diversas actuaciones desarrolladas por el grupo HIRUROK en el marco del expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-Bis, tramitado por Parque Empresarial Principado de Asturias (en adelante, PEPA), cuyo objeto consistía en “la redacción de todos los proyectos y documentos necesarios, así como la ejecución de las obras, para el desmantelamiento de las instalaciones y edificaciones existentes en las baterías de coque y gasómetros en Avilés (Asturias)”.
De la documentación incorporada al informe UCO 188/25 se desprende, «al menos de forma indiciaria, una nueva intervención ilícita del grupo Hirurok en el ámbito de la contratación pública, orientada a influir a cambio de un beneficio económico en el expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-BIS, con la finalidad de favorecer al denominado grupo Erri Berri. Como resultado de dicha intervención, este último habría resultado adjudicatario del contrato por un importe total de 2.854.466,48 euros (IVA excluido), a través de la UTE Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL-Afesa Medioambiente», aclaran.
El grupo influyó incluso en que se inadmitiesen recursos de otras empresas que protestaban por la concesión administrativa de este concurso: «Vicente (Fernández) manifestó expresamente que «estoy influyendo para que lo inadmitan x fuera de plazo y xq el contrato ya estaba finalizado», escribe la acusación.
La empresa Forestalia
La quinta de las operativas analizadas se vincula con el Grupo Forestalia, grupo empresarial promotor de energías renovables dirigido por Fernando Samper Rivas (también imputado), con presencia en numerosos proyectos dentro de este sector.
En relación con esta operativa, se expone, en primer lugar, que el grupo “Hirurok”, a través de Vicente Fernández, habría desarrollado determinadas actuaciones ante responsables de Sepides aún no identificados que, al menos de forma indiciaria, podrían haber contribuido a que dicha entidad pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet S.L., integrada en el Grupo Forestalia. Asimismo, se indica que, por la consecución de dicho acuerdo, se habría pactado previamente el abono de 200.000 euros en favor de Hirurok, si bien, en el momento de emisión del informe, no constaba acreditada la concreta forma de materialización del pago», reseña el escrito para el juez Pedraz.
