Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de una ‘ingeniería electoral’ para obtener una mayoría parlamentaria mínima mediante regularizaciones masivas. La presidenta madrileña, en su intervención en el Club Siglo XXI, exigió transparencia y anunció que recurrirá a los tribunales y a la Unión Europea para pedir observadores internacionales antes del proceso electoral.
La ‘ingeniería electoral’ y la búsqueda de ‘escaños quirúrgicos’
Según Ayuso, el Ejecutivo está acelerando los procesos de regularización y nacionalización en la recta final de la legislatura con un único objetivo: añadir nuevos votantes en las circunscripciones donde unos pocos miles de sufragios pueden decantar un escaño. «No se trata de ganar las elecciones», afirmó, «sino de llegar, por la mínima, a tener una coalición». La presidenta madrileña vinculó directamente estas medidas a la conocida como ‘ley de nietos’ y a las nacionalizaciones de ciudadanos latinoamericanos.
La tesis de la dirigente popular es que el Gobierno no persigue una victoria amplia, sino asegurarse los diputados justos para reeditar su mayoría con los socios parlamentarios actuales. «Le da igual el Senado y le dan igual las comunidades autónomas. Necesita solamente hacer esa ingeniería», insistió Ayuso, convencida de que el Ejecutivo busca hacer «imposible la alternancia política».
Cuántos nuevos votantes y dónde: las preguntas sin respuesta
Durante su discurso, Ayuso preguntó al Gobierno cuántas personas se verán beneficiadas por estas regularizaciones, con qué criterios se están tramitando y cuál será el impacto económico en los servicios públicos. La presidenta reprochó la falta de transparencia y advirtió del «efecto llamada» que estas políticas pueden provocar.
En Madrid, la presión asistencial ya es alta. La propia Ayuso alertó de que una regularización masiva podría sobrecargar aún más la sanidad, la vivienda y otros recursos públicos. «No sabemos cuántos nuevos ciudadanos entrarán en el censo ni en qué municipios lo harán», recalcó, apuntando que la opacidad impide evaluar si se trata de una política migratoria o de un plan electoral.
La regularización acelerada no es una política migratoria: para Ayuso es un cálculo electoral para sumar votos en ciudades donde un puñado de papeletas cambia un escaño.
De la ‘ley de nietos’ al miedo al ‘efecto llamada’ en Madrid
El precedente más cercano está en la Ley de Memoria Democrática de 2022. La llamada ‘ley de nietos’ permitió la obtención de la nacionalidad a miles de descendientes de exiliados, especialmente en Latinoamérica. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2022 y 2025 más de 300.000 personas obtuvieron la nacionalidad española por esta vía, y una parte sustancial se ha empadronado en municipios como Parla, Fuenlabrada o el distrito de Usera, donde la población de origen latinoamericano es mayoritaria.
Ese aumento ya generó suspicacias en el PP en 2023, pero ahora Ayuso eleva la denuncia a un nuevo nivel y habla de «ingeniería» premeditada. Fuentes de la Comunidad de Madrid subrayan que la cuestión no es la inmigración en sí, sino la alteración deliberada del censo en distritos donde los márgenes son estrechos. «En provincias como Madrid, Barcelona o Valencia, un puñado de votos decide diputados. Por eso aceleran justo cuando termina la legislatura», sostienen.
La oposición municipal en varias localidades ha pedido informes sobre el incremento del censo, sin obtener respuesta.
La presidenta madrileña ha anunciado que el PP llevará el caso ante las instituciones europeas y los tribunales. «Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea y pedir observadores ya, no el día de las elecciones», afirmó con contundencia. Mientras, el Gobierno guarda silencio oficial, aunque en privado fuentes socialistas restan importancia a las acusaciones y las califican de «teorías de la conspiración». Sin embargo los populares insisten en que la opacidad del proceso obliga a actuar.
