España arranca julio con la mirada puesta en una sola fecha: el 31 de agosto. Ese día cierra el grifo de los Next Generation EU. El Gobierno dispone de menos de dos meses para demostrar a Bruselas que ha cumplido los 66 hitos que desbloquearían el séptimo y último pago del Plan de Recuperación, dotado con hasta 24.400 millones de euros. Pero el camino está plagado de incertidumbres.
La brecha entre los fondos convocados y los adjudicados es el primer síntoma. Según el Radar Next Generation EU, elaborado por EY Insights con la participación de Funcas, BBVA Research, CaixaBank Research y EsadeEcpol, España ha lanzado convocatorias por 90.718 millones de euros pero solo ha adjudicado 60.403 millones. Una diferencia de 27.315 millones que los analistas califican de “estructural” y que se ha ampliado en las últimas fases del despliegue. La razón, según el informe, es la complejidad de gestionar ayudas a beneficiarios privados frente a las transferencias entre administraciones que dominaron el inicio del programa en 2021.
Mientras, el sexto pago ―algo más de 7.000 millones de euros en ayudas directas tras renunciar el Gobierno a los créditos blandos― está en la mesa de la Comisión Europea, con una decisión prevista “en los próximos días”. A partir de ahí comenzará la verdadera cuenta atrás.
La brecha de 27.315 millones: un lastre estructural
El desfase entre lo convocado y lo adjudicado no es solo un número. Refleja una tensión entre el diseño de las convocatorias y la capacidad real de absorción del tejido productivo. Los expertos señalan que, a medida que el Plan ha ido avanzando, los beneficiarios privados han encontrado trabas administrativas, solapamiento de programas y falta de información. “Gestionar ayudas a empresas es mucho más complejo que ejecutar transferencias entre administraciones”, resume el informe. La consecuencia es una brecha que, si no se cierra en las próximas semanas, podría dejar fuera de juego parte de los 24.400 millones del séptimo pago.
La urgencia es tal que los autores del Radar abogan por una “ejecución de urgencia” que acelere la llegada de las ayudas a las empresas antes del 31 de agosto. La meta no es solo recibir el dinero; es justificar ante Bruselas que cada euro convocado ha generado inversión real y cumplido los hitos cualitativos pactados. De no ser así, la Comisión podría bloquear parte del desembolso o exigir ajustes que retrasen la inyección de liquidez en un momento en que la economía española, aunque con un crecimiento revisado al alza al 2,6%, necesita consolidar la recuperación pospandemia.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado precisamente la llegada de estos dos últimos pagos a categoría de palanca macroeconómica. La actualización del cuadro macro sitúa el impulso de los fondos como uno de los pilares de la previsión de crecimiento para 2026. Sin embargo, las expectativas pueden tornarse en frustración si la ejecución no acompaña.
La ejecución de los fondos europeos ha sido un motor del crecimiento, pero la brecha acumulada revela una costura que amenaza el sprint final y el legado de la mayor inyección de recursos desde la entrada en la UE.
Federico Linares, presidente de EY España, subraya la necesidad de “culminar con éxito la ejecución de los proyectos en marcha y asegurar que el legado de Next Generation se consolida en forma de capacidades productivas, reformas estructurales y nuevas dinámicas de colaboración público-privada”. El reto, por tanto, no acaba con el último pago. El Gobierno ya ha puesto en marcha el fondo soberano España Crece, dotado con 13.000 millones de los NextGen y con la ambición de alcanzar los 120.000 millones para dar continuidad a las inversiones.
Más allá del pago: la productividad que no llega
Los datos de productividad arrojan sombras sobre el impacto transformador de los fondos. El informe detalla que el PIB por persona ocupada apenas ha crecido dos décimas desde antes de la pandemia y que la inversión empresarial privada real seguía a finales de 2025 un 3,3% por debajo de los niveles de 2019. Manuel Alejandro Hidalgo, de EsadeEcpol, apunta que el crecimiento ha sido “extensivo y no intensivo”, lo que reduce el potencial a largo plazo. Aun así, los Next Generation EU explican hasta el 14% del crecimiento del PIB entre 2021 y 2025, un dato que demuestra su papel anticíclico pero también la dependencia de un estímulo que ahora toca a su fin.
La CEOE, a través de su presidente Antonio Garamendi, ha reclamado simplificar la gestión: “Es preciso sustituir la revisión exhaustiva de los expedientes por muestreos técnicos y agilizar la coordinación entre el ICO y la banca comercial”. La petición de la patronal refleja una preocupación recurrente: que la tramitación lastre la absorción y que los préstamos no lleguen a tiempo.
En el horizonte inmediato, España debe decidir si solicita el séptimo pago íntegro de 24.400 millones o vuelve a renunciar a la parte de créditos blandos (5.750 millones). La decisión no es baladí: optar por las ayudas directas maximiza la percepción de transferencias no reembolsables, pero renunciar a los préstamos reduce el sobrecoste financiero. En un contexto de tipos de interés moderados pero con una deuda pública aún elevada, cada punto cuenta.
El Eje del Poder Europeo
La ejecución de los Next Generation no solo compromete a España con Bruselas; define el tablero del nuevo modelo de financiación europea. El Plan de Recuperación fue la respuesta excepcional a la pandemia, pero su éxito o fracaso influirá en la construcción de futuros instrumentos de mutualización de deuda. Los países frugales del norte, con Países Bajos a la cabeza, observan con lupa los retrasos o desviaciones de los grandes beneficiarios del sur. Una ejecución deficiente reforzaría sus argumentos contra la emisión conjunta de deuda y endurecería las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).
En Bruselas, la Comisión mantiene un tono de confianza pública pero aplica una vigilancia milimétrica en los hitos cualitativos. La demora en el desembolso del sexto pago es una señal de que no se regalarán fondos. Para España, que aspira a seguir siendo un socio fiable y a liderar las reformas estructurales, acelerar la ejecución y demostrar absorción efectiva es un imperativo diplomático tanto como económico.
El próximo 31 de agosto no solo determinará la cifra final que recibirá España, sino también la credibilidad de un modelo de recuperación que ha inyectado en la economía europea más de 800.000 millones de euros. La partida se juega contrarreloj, con las cartas todavía por repartir.
