EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad condenada por el mayor caso de corrupción urbanística en Canarias, ha declarado un patrimonio negativo de 109,4 millones de euros en sus cuentas de 2024.
- ¿Quién está detrás? La empresa, controlada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (fallecido en prisión), encabeza la lista de morosos de la Agencia Tributaria en el archipiélago.
- ¿Qué impacto tiene? La deuda acumulada con Hacienda y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 144,9 millones de euros, mientras los activos de la firma apenas suman 26,3 millones, haciendo virtualmente imposible recuperar los fondos públicos defraudados.
La empresa del ‘pelotazo’ de Las Teresitas admite un agujero patrimonial de 109,4 millones de euros tras cerrar 2024, según sus propias cuentas.
Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental creada por Antonio Plasencia e Ignacio González para ejecutar la operación urbanística más lucrativa y corrupta de la historia reciente de Canarias, ha reconocido que su situación financiera es irreversible. El pasivo total suma 135,7 millones de euros, frente a unos activos de apenas 26,3 millones, lo que arroja un patrimonio negativo de 109,4 millones. De esa deuda, 64,3 millones corresponden a la Agencia Tributaria —la más alta entre los nuevos morosos en las islas— y 80,6 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condena firme que ya roza los cien millones con intereses.
La compañía entró en concurso de acreedores en 2019 y ahora sus administradores anuncian que iniciarán los trámites para la liquidación, al ser incapaz de satisfacer los débitos. A esos 109,4 millones hay que sumar aproximadamente diez millones adicionales que la empresa adeuda a Hacienda y que no figuran en el balance, lo que eleva la cifra real del agujero por encima de los 120 millones de euros.
El pelotazo que lo originó: una trama de corrupción que acabó en el Tribunal Supremo
El origen del desastre se sitúa en 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas a ILT por 52,5 millones de euros, un precio inflado que casi triplicaba su valor real. La sentencia del Tribunal Supremo de 2019 consideró que la operación fue una “actuación concertada” entre los entonces responsables municipales —el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal Manuel Parejo, de Coalición Canaria— y los empresarios, para desviar fondos públicos hacia sus bolsillos.
El ‘pelotazo’ de Las Teresitas no fue solo una operación urbanística amañada: fue la liquidación patrimonial de una sociedad diseñada para vaciar las arcas públicas sin poner un euro de su bolsillo.
Después de aquella compra, el Consistorio recalificó parcelas colindantes para uso residencial intensivo y las cedió gratuitamente a ILT. En 2006, la sociedad vendió esos terrenos a Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic) por 92,2 millones de euros, pero para no pagar los 27,5 millones correspondientes al Impuesto de Sociedades recurrió de manera fraudulenta a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), vaciando sus cuentas con préstamos ficticios. El Tribunal Supremo, en 2025, condenó a la empresa por fraude fiscal y la obligó a abonar la cuota defraudada más una sanción de 26,9 millones.
El Pulso Territorial
El caso Las Teresitas ha sido la gran mancha negra de la política canaria de las últimas décadas, y el balance de ILT demuestra que el quebranto económico para las administraciones públicas es prácticamente definitivo. Coalición Canaria ha quedado marcada por la condena de dos de sus históricos dirigentes, y el actual Gobierno de Canarias, presidido también por la formación nacionalista, observa el asunto con la distancia que concede el paso del tiempo pero sin poder despegarse de un escándalo que sigue pesando en la opinión pública de Tenerife. La deuda de la empresa representa por sí sola más del 15% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una cantidad que el Consistorio ya ha provisionado como pérdida y que lastra la capacidad de inversión municipal.
En el resto de Canarias, el impacto reputacional es profundo: las islas lideran con este caso la lista de morosos de la Agencia Tributaria y la sociedad aún colea en los tribunales. La liquidación de ILT no depara un horizonte de recuperación para las arcas públicas; los activos de la firma apenas cubren una quinta parte de lo que debe, y los condenados —uno ya fallecido— carecen de bienes para hacer frente a las indemnizaciones. Lo que queda es un símbolo de la corrupción especulativa que marcó los años del boom inmobiliario y cuyas facturas todavía pagan los ayuntamientos canarios.
Ficha Autonómica
- El caso: Inversiones Las Teresitas, la sociedad pantalla del ‘pelotazo’ urbanístico de Santa Cruz de Tenerife, declara un agujero patrimonial de 109,4 millones de euros en sus cuentas de 2024.
- Datos importantes: Adéuda 64,3 millones a Hacienda (más unos 10 millones no contabilizados) y 80,6 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los activos totales son de 26,3 millones. La empresa ya ha entrado en fase de liquidación concursal.
- Resumen: El mayor escándalo de corrupción urbanística de Canarias se traduce en un quebranto millonario para las arcas públicas, con remota posibilidad de recuperación. La trama, que implicó a políticos de Coalición Canaria y empresarios, acumula dos condenas del Tribunal Supremo y deja una deuda histórica que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife difícilmente verán resarcida.
