Sumar y Junts han unido fuerzas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones detalladas sobre los dos contratos firmados por el Ministerio de Defensa con la tecnológica estadounidense Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel y vinculada al entorno de Donald Trump. La preocupación de los dos socios parlamentarios del PSOE radica en la posible cesión de datos personales de ciudadanos españoles y el riesgo para la soberanía nacional.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Sumar y Junts han pedido al Gobierno, a través de la Mesa del Congreso, información sobre los contratos con Palantir y su impacto en la privacidad.
- ¿Quién interviene? Los grupos parlamentarios de Sumar (31 escaños) y Junts (7 escaños), junto al Ministerio de Defensa y el Centro de Transparencia y Buen Gobierno.
- ¿Qué importa? La alianza puntual entre la izquierda de Yolanda Díaz y los independentistas catalanes para fiscalizar contratos de defensa evidencia que el socio minoritario del Gobierno puede tejer mayorías alternativas cuando considera vulnerados derechos fundamentales.
La petición de explicaciones en el Congreso
Los contratos bajo escrutinio se rubricaron antes de la segunda investidura de Trump. El primero, de finales de 2022, ascendió a 256.000 euros y tuvo una duración de cuatro meses: consistió en valorar el sistema con analistas de inteligencia militar. El segundo, por más de 16 millones de euros, se firmó para dotar al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de capacidades avanzadas de análisis de datos. Ambos incluyen herramientas de fusión, visualización geoespacial y colaboración segura.
Sin embargo, las conexiones de los fundadores de Palantir con la administración Trump —que ha calificado a España como “un desastre” como socio de la OTAN— han elevado las alarmas en los grupos de Sumar y Junts. La pregunta clave que lanzan al Ejecutivo es si la contratación afecta a la soberanía nacional o a los datos personales de los ciudadanos.
La respuesta del Gobierno: ‘no hay acceso a datos de ciudadanos’
El Ejecutivo, en una contestación oficial canalizada por la Mesa del Congreso, defendió la legalidad de los expedientes y aseguró que “los recursos contratados no tienen acceso a datos de ciudadanos españoles, no se utilizan para definir patrones de comportamiento a partir de fuentes abiertas ni para la elaboración de perfiles individuales”. La información gestionada, añaden, se aloja en entornos clasificados del Ministerio de Defensa sin posibilidad de acceso remoto por parte de Palantir.
No obstante, el mismo texto admite que “la existencia de información clasificada hace inviable el acceso a la totalidad de la información solicitada” en virtud de la Ley 19/2013, ya que revelarla causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional que el interés público de acceso. Esa opacidad parcial es precisamente la que alimenta las sospechas de los grupos que sostienen al Gobierno.
La iniciativa de Sumar no es solo una pregunta parlamentaria: es un mensaje al PSOE de que la coalición no es un cheque en blanco en materia de defensa y privacidad, incluso cuando el socio es Junts.
La Dinámica de Coalición
El movimiento de Sumar encaja en una estrategia cuidadosa dentro del espacio que lidera Yolanda Díaz. Pese a que el debate sobre defensa y tecnología militar no es central en el discurso cotidiano de las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Compromís o los comunes—, la protección de datos y los derechos digitales sí aglutinan consenso interno. De hecho, ningún sector de la formación ha cuestionado la jugada conjunta con Junts, lo que revela que la defensa de la privacidad funciona como pegamento ideológico dentro de Sumar en un contexto de fragmentación latente.
Para la coalición gubernamental con el PSOE, el episodio tiene dos lecturas. Por un lado, el Gobierno ha respondido con celeridad argumentando que no hay cesión de datos, evitando una escalada. Por otro, la imagen de Sumar alineándose con Junts en un tema de Defensa resulta incómoda en la Moncloa, pues resquebraja el relato de que la mayoría de investidura solo es sólida en asuntos de izquierda. Con los presupuestos generales aún pendientes de encaje y una mayoría parlamentaria de 175 escaños que obliga a sumar también a ERC, Bildu y BNG, la capacidad de Sumar para construir alianzas alternativas supone un recordatorio de su poder de veto tácito en cualquier votación clave.
Ficha del Caso
- El caso: Sumar y Junts han solicitado al Gobierno información sobre los contratos del Ministerio de Defensa con Palantir por temor a la cesión de datos y al riesgo soberano.
- Datos importantes: Contratos de 256.000 euros (2022) y más de 16 millones para el EMAD. El Gobierno alega que los datos no salen de entornos clasificados. Sumar cuenta con 31 escaños; Junts, con 7.
- Resumen: La iniciativa parlamentaria conjunta muestra que Sumar puede ejercer presión soberana sobre el PSOE incluso en ámbitos de defensa, fortaleciendo su perfil propio sin fracturar el espacio de coalición.
