EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? China lanzó un misil balístico JL‑2 desde un submarino, recorrió 7.000 km y cayó cerca de Nauru y Tuvalu, países de la zona desnuclearizada del Pacífico Sur.
- ¿Quién está detrás? La Armada del Ejército Popular de Liberación de China, que ha calificado la prueba de rutinaria y notificó con horas de antelación.
- ¿Qué impacto tiene? Viola el espíritu del Tratado de Rarotonga, según Nueva Zelanda y Australia, y tensa la arquitectura de desarme en el Indo‑Pacífico.
China realizó este lunes una prueba de misil balístico de lanzamiento submarino (SLBM) que inmediatamente encendió las alarmas en toda la cuenca del Pacífico. El proyectil, un JL‑2 que transportaba una ojiva simulada, partió desde una plataforma sumergida frente a la costa china y recorrió aproximadamente 7.000 kilómetros hasta impactar en aguas próximas a Nauru y Tuvalu. Ambos archipiélagos forman parte de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, instituida por el Tratado de Rarotonga en 1986.
La trayectoria del misil, reconstruida a partir de avisos a la navegación y datos de inteligencia, sobrevoló parte del espacio aéreo filipino antes de internarse en el océano abierto. Según el mapa difundido por el Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, la huella del JL‑2 cruzó el Pacífico en dirección sureste y el punto de caída se situó a menos de 300 millas de las islas de Nauru y Tuvalu. La elección del área no es casual: justo sobre una zona que los países del Pacífico insiste en mantener libre de cualquier actividad nuclear, incluidos los ensayos balísticos que, aunque no porten cabezas reales, ponen a prueba vectores con capacidad nuclear.
Pekín había comunicado el ejercicio con varias horas de antelación a los gobiernos de la región, un gesto que la portavoz de Exteriores Mao Ning empleó para pedir que no se «sobreinterpretara» el lanzamiento. Sin embargo, la notificación previa no ha aplacado las críticas. El ensayo técnicamente no vulnera la letra del Tratado de Rarotonga, ya que el misil no llevaba ojiva nuclear real, pero para los firmantes del acuerdo sí atenta contra su objeto y propósito.
La respuesta inmediata: Nueva Zelanda y Australia marcan la línea roja
Wellington fue el primero en alzar la voz. El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés afirmó que la prueba «va contra el objeto y la intención» del tratado, una declaración que Canberra secundó horas después con un comunicado en el que expresaba su «preocupación». Ambas capitales interpretan el despliegue como un intento de normalizar la presencia de vectores estratégicos en una cuenca que debería estar blindada frente a cualquier amenaza nuclear.
La decisión de Pekín de ensayar un misil con capacidad nuclear en el corazón de la zona desnuclearizada es un mensaje geopolítico tan potente como el propio armamento.
Desde Viena, la analista Olamide Samuel, de la Open Nuclear Network, contextualizó el evento dentro de una tendencia más amplia: «Estamos viendo cómo los estados con armas nucleares ejercen presión sobre las zonas libres de estas armas en función de sus intereses geoestratégicos». Samuel citó los ejemplos de Estados Unidos presionando al Reino Unido sobre Diego García y de Rusia forzando a Kazajistán en materia de ensayos, para concluir que la prueba china es la última pieza de un patrón preocupante.
La respuesta china ha sido monolítica. Mao Ning insistió en que el lanzamiento se realizó «de manera segura, sistemática y profesional» y pidió al resto de países que no dieran más importancia de la debida a un ejercicio que, en su opinión, es completamente rutinario. No obstante, a nadie se le escapa que es la segunda vez en menos de dos años que Pekín envía un misil balístico al Pacífico, tras el ensayo de septiembre de 2024.
Equilibrio de Poder
La prueba del JL‑2 se produce en un momento en que la arquitectura de control de armamentos en el Indo‑Pacífico está bajo una tensión extrema. Estados Unidos realizó en marzo de 2026 un lanzamiento balístico de características similares, aunque en ese caso el punto de impacto se ubicó en aguas internacionales no protegidas por ningún tratado de zona libre. La diferencia cualitativa es sustancial: Washington evitó tocar las costuras de Rarotonga; Pekín ha decidido hacerlo deliberadamente y en una zona que revisita, a su vez, las fricciones entre la RPC y sus vecinos meridionales.
Para la Unión Europea, que ha hecho de la defensa del multilateralismo en desarme una de sus señas de identidad, lo ocurrido supone un desafío directo. Bruselas ya ha expresado en diversas ocasiones su respaldo al Tratado de Rarotonga y es previsible que en su próxima declaración sobre control de armamentos mencione la prueba como un retroceso. España, como estado parte de los Protocolos 2 y 3 del tratado, observa con inquietud cualquier erosión de una zona que Moncloa ha defendido históricamente en los foros internacionales.
El trasfondo inmediato es, sin embargo, la guerra de desgaste diplomático que Pekín y Canberra mantienen a cuenta del pacto AUKUS. China ha denunciado una y otra vez que el suministro de submarinos nucleares a Australia viola el espíritu de Rarotonga. Ahora, con este ensayo, Pekín parece querer colocar a Camberra ante un espejo incómodo: si Australia acepta una prueba balística china en su vecindario, su argumentario contra AUKUS pierde fuerza; si la condena, Pekín recordará el doble rasero. Es un gambito que deja al Pacífico Sur como un tablero de poder cada vez más tenso.
El riesgo de escalada es cierto. Olamide Samuel habla de una «espiral lenta» y de una «carrera hacia el mínimo exigido» por los tratados, en lugar de hacia los objetivos de paz que los inspiraron. La prueba del JL‑2, unida a las presiones de Washington sobre Diego García y de Moscú sobre Asia Central, dibuja un horizonte en el que las zonas libres de armas nucleares se vacían de contenido. Para España, que carece de presencia militar directa en el Pacífico pero que se sienta en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, el envite chino es un recordatorio de que la desnuclearización no se defiende solo con declaraciones. Hace falta voluntad política y, sobre todo, consecuencias.
