El Gobierno Vasco ha descartado la transferencia inmediata de la gestión de las pensiones —valorada en más de 13.000 millones de euros— de cara a la próxima cumbre bilateral entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez. La consejera de Autogobierno y portavoz, María Ubarretxena, ha lamentado que el Ejecutivo central responda con un ‘no, no y no’ a las peticiones vascas y ha dado por perdida la cesión para ese encuentro, según confirmó en declaraciones recogidas por el portal oficial del Gobierno Vasco.
Ubarretxena, titular también de la cartera de Autogobierno, señaló que las últimas reuniones técnicas en Madrid concluyeron sin avances sustanciales. ‘Las últimas reuniones no han ido bien. Nos hemos encontrado con un frontón’, afirmó. A pesar de este escenario, la portavoz aseguró que no tirarán la toalla y confió en cerrar algunos acuerdos antes del parón vacacional, aunque sin concretar cuáles.
La respuesta del Gobierno central: ‘no, no y no’
La decepción del Ejecutivo de Pradales se centra en la actitud de los interlocutores del Gobierno de Sánchez, a quienes acusa de no pasar a una fase real de negociación. ‘Pedimos que no digan a todo que no. Todavía quedan semanas’, insistió Ubarretxena. Las conversaciones abarcan la gestión económica de la Seguridad Social, tal como prevé el Estatuto de Gernika de 1979 en su artículo 18, que reconoce a Euskadi la competencia para administrar su régimen económico, incluidas las pensiones, aunque sin romper la caja única ni la solidaridad interterritorial.
Este trasvase, que supondría manejar más de 13.000 millones de euros anuales, se ha topado con la negativa recurrente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes del Gobierno central no han ofrecido una valoración pública sobre el estado de las conversaciones, por lo que la información disponible procede únicamente de la parte vasca.
El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que antes de finales de 2025 se hubiera completado el traspaso de todas las materias estatutarias pendientes. Ese plazo se incumplió, empujando las negociaciones primero hacia la Semana Santa de 2026 y después hacia el verano. Ahora, la transferencia de las pensiones queda fuera de la agenda inmediata y el horizonte se difumina.
La gestión de las pensiones se aleja del calendario político más próximo y el Gobierno vasco admite que no llegará antes del receso estival.
Materias ya acordadas y nuevos plazos
A partir del 1 de enero de 2027, Euskadi comenzará a asumir algunas funciones de la Seguridad Social ya pactadas, como las prestaciones por desempleo y la gestión del seguro escolar. Aunque su peso económico es limitado, la cesión tiene un fuerte significado simbólico: por primera vez, labores de la Tesorería General de la Seguridad Social serán transferidas a una comunidad autónoma.
En cambio, el traspaso completo del régimen económico —que permitiría pagar las pensiones con recursos propios del concierto económico— queda fuera de esos plazos. Ubarretxena evitó ponerle fecha y reiteró que, por ahora, el Ejecutivo de Sánchez no ha movido sus posiciones.
Puertos, seguridad y otras exigencias en la agenda vasca
Más allá de la Seguridad Social, el Gobierno Vasco mantiene vivos otros frentes negociadores. El PNV insiste en la competencia sobre puertos, ya cedida en 1982 con la excepción de los dos grandes: Bilbao y Pasaia. La propuesta actual pasa por retirar al puerto de Pasaia la calificación de ‘interés general’ para que pueda ser gestionado por la administración autonómica.
En paralelo, Imanol Pradales ha solicitado formalmente la convocatoria de una junta de seguridad, con especial atención al control de las armas blancas, así como acuerdos de carácter económico. Pese a la tensión, la portavoz insistió en que el Ejecutivo vasco trabajará ‘contra el reloj’ para arrancar algún compromiso antes del receso de agosto.
La última cumbre entre ambos mandatarios, celebrada en febrero de 2025, apenas produjo avances medibles, lo que ha ido erosionando la confianza de la parte vasca. Sin embargo, el Gobierno central no ha emitido señales públicas de estar dispuesto a acelerar la cesión de las pensiones, un movimiento que requeriría modificar la normativa de la Seguridad Social y que difícilmente encaja en una legislatura que necesita el respaldo de los nacionalistas en el Congreso.
