Quince países europeos monopolizan los primeros puestos del Índice de Desempeño Ambiental 2026, la referencia global que mide la sostenibilidad con 47 indicadores. España, con 66 puntos sobre 100, se queda lejos del podio en una clasificación que revela tanto el liderazgo de la UE en la transición verde como los puntos ciegos que aún amenazan el cumplimiento del Pacto Verde.
El Environmental Performance Index (EPI), elaborado por las universidades de Yale y Columbia, se publica cada dos años y esta vez sitúa a Estonia en lo más alto gracias al desplome de sus emisiones eléctricas. El país báltico logró 75 puntos, impulsado por la sustitución del esquisto bituminoso por renovables y la protección de más del 50% de su territorio con bosques y humedales. Le siguen Luxemburgo (74), ReinoUnido (72), Finlandia (71) y Países Bajos (71).
La hegemonía europea es abrumadora: todos los puestos entre el 1 y el 15 están ocupados por Estados miembros de la UE o socios estrechos del continente. Alemania y Francia comparten 70 puntos, mientras que Noruega y Suecia rozan el notable con 69. Sin embargo, el informe advierte con crudeza que ningún país supera el 75 sobre 100. Ni siquiera el líder se acerca a la excelencia que exige la meta de emisiones netas cero en 2050.
El bloque europeo domina gracias a la apuesta por las renovables, pero la letra pequeña del EPI revela un talón de Aquiles compartido: la sostenibilidad agrícola. Muchos Estados miembros obtienen malas notas en ese capítulo, donde el uso de fertilizantes, la gestión del agua y la pérdida de biodiversidad lastran las puntuaciones. España, con 66 puntos, es uno de los países a los que este desequilibrio le cuesta caro.
La posición española, duodécima en la tabla, refleja avances en energías limpias pero un estancamiento preocupante en el campo. El sector agrario, que consume el 80% del agua y emite el 12% de los gases de efecto invernadero del país, no ha logrado incorporar las exigencias del Pacto Verde con la velocidad necesaria. Mientras que otros socios han modernizado sus explotaciones para reducir la huella ambiental, España sigue dependiendo en exceso de prácticas intensivas que el EPI penaliza.
La fotografía que deja el EPI 2026 es nítida: Europa lidera, pero se mueve entre el aprobado justo y el suspenso.
Estonia encabeza la lista, pero nadie llega al notable
Estonia ha sabido aprovechar la avalancha de fondos Next Generation para acelerar su transición. Según la Agencia Internacional de la Energía, el país aspira a cubrir el 100% de su demanda eléctrica con renovables para 2030 y ha reducido las emisiones de la generación en más de un 60% en una década. El mérito es doble: lo ha conseguido partiendo de una matriz muy sucia, basada en el esquisto bituminoso, y ha logrado que más de la mitad de su territorio sea zona protegida.
El resto de los líderes sigue patrones similares: fuerte penetración de eólica y solar, políticas activas de calidad del aire y avances en gestión de residuos. Luxemburgo, por ejemplo, destaca por la inversión en movilidad eléctrica y en la restauración de ecosistemas, mientras que Finlandia y Países Bajos combinan la protección de bosques con la reducción de partículas contaminantes en las ciudades.
Sin embargo, la clasificación deja un regusto amargo. La UE no está cumpliendo sus propios objetivos de descarbonización agrícola, y el EPI muestra que, sin un giro en la PAC, ni siquiera los países que hoy aparecen en la foto de familia podrán mantener el liderazgo en la próxima edición.
España se estanca en el 66: el sector agrario y las renovables insuficientes
España obtuvo 66 puntos, empatada con Grecia y solo dos por encima de Suiza. El dato más elocuente es que la puntuación apenas ha variado respecto al anterior EPI, lo que indica que la inercia renovable instalada en los últimos años no basta para compensar las carencias en biodiversidad, agua y agricultura. Bruselas ya ha advertido en repetidas ocasiones que la Península Ibérica es una de las zonas más vulnerables al cambio climático dentro de la UE, y el EPI lo confirma con números: sin reformas estructurales en el uso de suelo y en la gestión hídrica, cualquier mejora en energía se diluye.
De hecho, el reglamento de restauración de la naturaleza, aprobado con el voto en contra del Gobierno español en su momento, sigue pendiente de transposición y su aplicación podría tensar aún más la relación entre el campo y la Administración. Fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com señalan que la Comisión Europea observa con atención a España, porque los fondos del Plan de Recuperación exigen hitos concretos en economía circular y eficiencia energética que no se están cumpliendo al ritmo esperado.
La dependencia de las exportaciones hortofrutícolas y la presión sobre acuíferos como el del Mar Menor o Doñana convierten el reto ambiental español en una cuestión de credibilidad ante Bruselas. Si el próximo EPI refleja un nuevo estancamiento, la capacidad de negociar futuros fondos europeos podría verse comprometida.
El Eje del Poder Europeo
El EPI 2026 es mucho más que una clasificación académica; es un termómetro de las tensiones que recorren el bloque. La división entre el norte rico y el sur endeudado se percibe con claridad: los países frugales y nórdicos copan los diez primeros puestos, mientras que los mediterráneos, con la excepción puntual de Francia, se sitúan por debajo de la primera división verde. Este patrón alimenta el discurso de quienes, desde La Haya o Helsinki, sostienen que los fondos europeos deberían condicionarse aún más a resultados ambientales medibles. Para España, Italia o Grecia, eso significa que cada punto perdido en el EPI puede traducirse en menor margen presupuestario en el próximo Marco Financiero Plurianual.
El impacto para España no es teórico. El país depende de los fondos Next Generation para financiar la transición energética y la modernización del regadío, pero esos desembolsos están vinculados al cumplimiento de hitos del semestre europeo. Si los indicadores de sostenibilidad agrícola no mejoran, la Comisión podría retrasar o incluso congelar parte de los pagos, una presión que ya se dejó sentir en 2023 con el mecanismo de condicionalidad aplicado a Hungría y Polonia.
La lectura a medio plazo es clara: el Pacto Verde necesita músculo, pero también equidad. Mientras Estados Unidos cae al puesto 27 y China al 129, Europa se consolida como referente global, pero esa victoria sabe a poco si el sur del continente se descuelga. Permitir a los Estados miembros recortar un 5% de sus emisiones con créditos internacionales de carbono, como ha anunciado Bruselas, puede ser una válvula de escape, pero expertos advierten de que desvirtúa el esfuerzo doméstico y corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para las economías menos verdes. La próxima cita para medir el pulso será la revisión del MFP en 2028; para entonces, España tendrá que haber demostrado que sus 66 puntos son solo un punto de partida.
