El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido una declaración institucional en la que denuncia la creciente tendencia a la descalificación pública de abogados y exige el respeto a la independencia profesional como garantía esencial del Estado de derecho.
El órgano colegial manifestó su preocupación por los ataques personales que, en los últimos meses, se han intensificado en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional, contra profesionales por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el órgano colegial? Ha manifestado su preocupación por los ataques personales a abogados por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes y ha pedido a los poderes públicos que eviten identificar al profesional con su cliente.
- ¿Qué base jurídica invoca? La libertad, independencia y seguridad en el ejercicio de la abogacía como garantías del derecho de defensa (artículo 24 de la Constitución) y del Estado de derecho.
- ¿Qué impacto tiene? Un llamamiento institucional que refuerza la protección de los profesionales, especialmente en los procedimientos de especial repercusión pública y en el turno de oficio.
La declaración institucional de la Abogacía
En el comunicado, la Abogacía recuerda que “la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho”. Subraya que solo allí donde los profesionales pueden actuar sin presiones, intimidaciones o injerencias, es posible asegurar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El presidente del Consejo General, Salvador González, insistió en que la independencia y la seguridad para los abogados son garantías esenciales tanto para los profesionales como para proteger a los ciudadanos. La declaración reafirma el compromiso con la defensa de la independencia de la profesión y reclama el máximo respeto hacia quienes la ejercen.
La descalificación pública y sus consecuencias para la función jurisdiccional
El texto denuncia que “se ha intensificado una preocupante tendencia a la descalificación pública de profesionales de la abogacía mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional, por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes”. La Abogacía advierte que esta estigmatización afecta especialmente a quienes prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y a quienes intervienen en procedimientos de especial repercusión pública.
La declaración recuerda un principio fundamental de cualquier democracia: no se puede identificar al abogado con su cliente o con la causa que defiende, porque el profesional no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa. Su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso.
No se puede identificar a un abogado con su cliente con la causa que defiende, porque el profesional no hace suyas las ideas de quien representa.
La lectura doctrinal
La posición de la Abogacía se asienta sobre el artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha subrayado reiteradamente que el derecho de defensa es un pilar del proceso justo y que la intervención de un abogado independiente es una condición necesaria para su efectividad. La declaración institucional se alinea con esta doctrina al reclamar que la función del letrado no puede estar sometida a represalias ni a la equiparación con las partes a las que asiste.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6) garantizan el derecho a la asistencia letrada sin injerencias. Organismos como el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia han emitido informes que vinculan la independencia de la abogacía con la calidad del Estado de derecho. La preocupación que expresa el Consejo General de la Abogacía no es aislada: en diversos países, colegios profesionales y asociaciones internacionales de abogados han alertado sobre el incremento de la estigmatización y las agresiones a letrados.
La declaración tiene un valor doctrinal relevante para la práctica forense. Al instar a los poderes públicos a evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente, el Consejo General de la Abogacía reitera la función constitucional del letrado como colaborador de la justicia y no como parte del litigio. Esta doctrina institucional refuerza, además, la protección de los profesionales que ejercen en el turno de oficio, un servicio público esencial para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
FICHA DEL CASO
- El caso: Declaración institucional del Consejo General de la Abogacía Española ante la tendencia a descalificar a abogados por su labor profesional.
- Datos importantes: La declaración subraya que la independencia y seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen garantías del Estado de derecho y reclama a los poderes públicos no identificar al abogado con su cliente.
- Fecha de los juicios: La declaración fue emitida en julio de 2026 (fecha exacta no especificada en el comunicado original).
- Personas acusadas y por qué: N/A. No se trata de un proceso judicial.
