Un nuevo choque entre el Gobierno colombiano y una empresa española amenaza con escalar y pone a prueba la protección de las inversiones de nuestro país en el exterior. El pasado 20 de julio, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras acusaciones contra el grupo sanitario español Keralty en relación con la crisis de su filial EPS Sanitas. La respuesta de la compa��ía no se ha hecho esperar: en un comunicado, tachó los señalamientos de «gravísimos e infundados» y avanzó que seguirá recurriendo a todas las instancias judiciales, incluidas las internacionales, para limpiar su nombre.
Las declaraciones del mandatario colombiano —que acusó a la empresa de delitos y de ser responsable del deterioro del sistema de salud— caen sobre un grupo que emplea a miles de profesionales y que ha mantenido sus operaciones en el país a pesar de años de tensiones regulatorias. El choque trasciende la política colombiana: toca de lleno la reputación y los activos de uno de los grandes inversores españoles en Latinoamérica.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. Las acusaciones afectan directamente al mayor grupo sanitario español con presencia en Colombia, un país donde las empresas españolas han invertido más de 25.000 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Un deterioro de la seguridad jurídica o un eventual arbitraje internacional podría encarecer las primas de riesgo y dañar la imagen-país.
Las acusaciones de Petro y la contundente respuesta de Keralty
En un documento difundido el lunes, Keralty calificó los señalamientos de Petro como «falsos y profundamente injustos». El presidente del grupo, Joseba Grajales, subrayó que las decisiones judiciales —en particular varios fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombianos— han ido «desmontando una a una las medidas ilegales adoptadas contra Keralty y EPS Sanitas». La empresa sostiene que las intervenciones administrativas, las campañas de desprestigio y los ataques públicos respondieron a una estrategia para debilitar el modelo de aseguramiento en salud.
«Cualquier acusación sobre supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita ha sido desmentida en los escenarios judiciales», remachó Grajales. La compañía insiste en que los fallos recientes han restablecido la administración de la EPS, han ordenado rectificaciones y han reconocido perjuicios. Ahora, además, anuncia que mantendrá activas las denuncias penales, disciplinarias y fiscales para que se depuren responsabilidades.
Por qué la crisis sobre Sanitas golpea los intereses empresariales españoles
Para España, el caso va mucho más allá de un pleito societario. Keralty opera en Colombia a través de EPS Sanitas, una de las mayores entidades promotoras de salud del país, con millones de afiliados y una plantilla que supera los 30.000 trabajadores, muchos de ellos personal sanitario. La inversión acumulada por el grupo en el país supera los 1.500 millones de euros, según los datos de su última memoria anual. Un deterioro del clima de negocios con Colombia —socio estratégico y primer receptor de inversión española en la región andina— pondría en alerta a otras compañías del Ibex 35 con intereses en el país, desde Telefónica hasta BBVA.
La decisión de Keralty de recurrir a instancias internacionales, como el arbitraje de inversiones previsto en el acuerdo de protección recíproca entre España y Colombia, introduce un factor de presión adicional. Si el caso prospera, el Estado colombiano podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias y a un precedente que enfríe futuras inversiones.
Un conflicto que evidencia los riesgos regulatorios en Latinoamérica
Conviene recordar que no es la primera vez que una empresa española se topa con una tormenta política en la región. Desde las expropiaciones en Venezuela y Argentina hasta los arbitrajes con México por cambios regulatorios, el historial muestra que los vaivenes políticos pueden convertirse en un quebradero de cabeza para la internacionalización de la economía española. La diferencia ahora es que el sector salud, tradicionalmente menos expuesto a estos conflictos, se sitúa en el centro del tablero.
Los fallos judiciales que cita Keralty no solo refuerzan su posición jurídica, sino que también alimentan el debate sobre la seguridad jurídica en Colombia. El propio Joseba Grajales lo resumió en el comunicado: «Defendimos lo que era correcto cuando era difícil hacerlo. Y seguiremos defendiendo a Colombia y a los colombianos». La declaración es un aviso: la compañía no se irá, pero peleará cada decisión que considere arbitraria.
Las acusaciones del presidente Petro, sin respaldo judicial firme, ponen en juego la reputación de un grupo que da empleo a más de 30.000 personas en Colombia.
De momento, el grupo asegura que mantendrá sus operaciones y su apuesta por el sistema de salud colombiano. «Keralty seguirá en Colombia. Seguiremos cuidando la salud y la vida», cerró el comunicado. Una declaración que busca transmitir calma tanto a sus afiliados como a los mercados, pero que no oculta la gravedad del pulso con un presidente saliente que ha hecho de la sanidad su bandera.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al grupo sanitario español Keralty de ser responsable de la crisis de su filial EPS Sanitas, acusaciones que la empresa califica de falsas y anuncia acciones judiciales internacionales.
- Datos importantes: Keralty, con una inversión acumulada superior a 1.500 millones de euros en Colombia, emplea a más de 30.000 personas en el país. Fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombianos han revertido varias de las medidas intervencionistas contra la EPS.
- Resumen: El conflicto trasciende a la política local y amenaza la seguridad jurídica de las inversiones españolas en Colombia, con posible recurso a arbitraje internacional.
