La aparición de un informe policial sobre la entrada masiva de ciudadanos desde Marruecos a Ceuta y, sobre todo, la aparente falta de coordinación entre determinados mandos policiales y Moncloa vuelve a alimentar una sospecha que lleva tiempo instalada en el entorno del PSOE: que existen sectores del aparato del Estado con capacidad para condicionar acciones de enorme trascendencia política sin que el Gobierno tenga información sobre los movimientos.
La polémica parte de la información publicada por El Español. Según ambas informaciones, la Policía Nacional habría trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio, un informe elaborado por el Cenif, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
El contenido atribuido a ese documento es especialmente relevante. Según El Español, la Policía habría informado de que la entrada fue «guiada por gendarmes marroquíes bajo las órdenes de agentes de paisano y con un objetivo distinto al meramente migratorio». El informe apuntaría además a una operación planificada para colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta de España.
La tesis policial, siempre según la información publicada, iría todavía más lejos. El documento señalaría que «el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno». También establecería una relación entre la operación y la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla.
El problema político para el Gobierno no es únicamente el contenido de esas conclusiones. También lo es cuándo y cómo llegaron a conocimiento de la Justicia y qué información manejaba previamente el Ejecutivo.
Fernando Grande-Marlaska reaccionó esta madrugada enviando una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para pedirle que aclare, «de ser cierto», desde cuándo disponía la Policía Nacional de la información publicada por ‘El Español’. El ministro reproduce en su escrito la referencia a que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras habría informado a la magistrada Tardón de que la «invasión» —término utilizado en la información periodística— de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano y con un fin distinto del migratorio.
La reacción de Marlaska pone de manifiesto una cuestión incómoda: si un organismo policial disponía de información de semejante importancia, el Gobierno quiere saber desde cuándo la tenía y por qué no se había trasladado previamente a los responsables políticos.
Moncloa ha anunciado además la publicación de un dosier con todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta. Fuentes del Ejecutivo aseguran que serán alrededor de una decena de documentos y que su publicación tendrá que pasar por el Consejo de Ministros. La decisión pretende despejar las dudas sobre qué sabía el Estado antes de los acontecimientos, qué información manejaban sus distintos organismos y cuál fue la cadena de comunicación entre las estructuras policiales y el Gobierno.
Desde una perspectiva socialista, la cuestión adquiere una dimensión que trasciende la crisis migratoria. La sospecha es que el problema no reside únicamente en Marruecos, sino en la existencia de posibles centros de poder dentro del propio Estado capaces de condicionar el relato político y judicial sin pasar necesariamente por Moncloa.
No es una preocupación nueva. En diciembre de 2024, Arnaldo Otegi ya denunció una supuesta «operación de Estado» y habló de un «Estado profundo» cuyo objetivo sería tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. El coordinador general de EH Bildu sostenía entonces que los distintos casos judiciales que afectaban al entorno del presidente y de su Ejecutivo podían formar parte de una operación contra el Gobierno, aunque reconocía que en algunos asuntos existían evidencias que colocaban al PSOE «en una posición muy difícil».
La acusación de Otegi no constituye una prueba de la existencia de ese supuesto entramado, pero sí permite observar hasta qué punto la expresión «Estado profundo» ha entrado en el discurso de una parte del bloque parlamentario que sostiene a Sánchez.
El caso de Álvaro García Ortiz
A esta percepción se suma otro episodio que desde el entorno socialista se interpreta como un ejemplo de la creciente tensión entre determinadas estructuras del Estado y el Ejecutivo: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que incluso según algunas fuentes socialistas ni debía permanecer en el cargo ni caer por semejante caso.
La controversia se centra además en la solidez de las pruebas. Desde la defensa de García Ortiz se sostiene que no existe prueba de que el fiscal general filtrara el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Es precisamente esa acumulación de episodios la que alimenta las suspicacias. Para los sectores socialistas más preocupados por el llamado «Estado profundo», no se trataría de hechos aislados, sino de diferentes manifestaciones de una misma tensión: la existencia de estructuras del Estado que pueden disponer de información, activar procedimientos o generar consecuencias políticas con una autonomía que preocupa al Gobierno.
Pero hay una pregunta que permanece sin responder y que resulta mucho más importante que la utilización del término «Estado profundo». Si realmente existen actuaciones dentro del aparato estatal que Moncloa conoce tarde, ¿qué capacidad tiene el Ejecutivo para anticiparse y controlarlas?
La crisis de Ceuta puede convertirse en una prueba especialmente importante. El Gobierno debe aclarar qué sabía antes del 30 y 31 de julio, qué información recibió de los servicios policiales y de inteligencia, cuándo la recibió y qué decisiones adoptó a partir de ella. La publicación del dosier anunciado por Moncloa puede servir para responder a esas preguntas.
Porque, desde la lógica socialista, el problema no es reconocer que existan investigaciones policiales independientes o que la Justicia pueda actuar con autonomía. El problema aparece cuando las instituciones del Estado parecen manejar información de enorme trascendencia política sin que exista una coordinación clara con el Gobierno democráticamente elegido.
Y ahí vuelve la pregunta inicial: si el Ejecutivo descubre después de los acontecimientos qué información manejaban determinadas estructuras del Estado, ¿qué puede hacer Sánchez?
La respuesta será determinante para saber si estamos ante una simple descoordinación burocrática, ante errores en la cadena de comunicación o ante algo más profundo. Mientras tanto, la expresión «Estado profundo» seguirá funcionando como una acusación política, pero también como el reflejo de una desconfianza cada vez mayor de una parte del bloque progresista hacia determinados sectores de las estructuras del Estado.
El Gobierno tiene ahora una oportunidad para despejarla con documentos. Y, sobre todo, para explicar quién sabía qué, cuándo lo sabía y por qué Moncloa no lo supo antes.
