El PSOE ha recurrido este 21 de julio de 2026 ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo provisional de la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una presunta filtración de datos personales de dos periodistas. El recurso de apelación impugna el auto dictado el pasado 30 de junio por un juzgado de instrucción de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios suficientes de un delito de revelación de secretos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El PSOE ha recurrido el archivo provisional de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos.
- ¿Por qué? Considera que la investigación se cerró sin practicar diligencias esenciales para esclarecer el origen de una presunta filtración policial de datos de periodistas.
- ¿Antecedente? En febrero de 2026 la misma Audiencia Provincial de Madrid revocó un primer archivo y ordenó continuar investigando.
El recurso del PSOE por un archivo “prematuro”
El escrito presentado por la representación procesal de los socialistas sostiene que la resolución judicial no descarta la posible existencia del delito, sino que pone fin a la investigación sin haber agotado las actuaciones necesarias. Para los recurrentes, el auto del 30 de junio archivó la causa de forma prematura, sin profundizar en cómo llegaron al investigado los datos personales de los periodistas.
Durante la instrucción, tres testigos manifestaron que Miguel Ángel Rodríguez conoció la identidad de los informadores a través de fuentes policiales, una circunstancia que, a juicio de la acusación, exigía seguir investigando antes de cerrar definitivamente el caso. El PSOE insiste en que el auto impugnado no desvirtúa esa línea de investigación ni explica por qué resulta innecesario continuar con las diligencias dirigidas a determinar si existió una transmisión irregular de información obtenida durante una actuación policial.
Además, el recurso pone el foco en la desaparición de la conversación de WhatsApp entre Alberto González Amador —quien declaró haber remitido a Rodríguez una fotografía— y el propio jefe de Gabinete. Ambos eliminaron esos mensajes, lo que la acusación considera un elemento relevante, ya que, si la conversación respaldara su versión, lo razonable habría sido conservarla.
La formación política entiende que solo con una investigación completa, que incluya la declaración de los agentes que participaron en la identificación policial, podrá determinarse si hubo cesión indebida de datos o si, por el contrario, todo se ajustó a la legalidad.
Todos los accesos a las bases de datos de la Policía Nacional quedan registrados, lo que permite garantizar la trazabilidad de cualquier consulta y depurar responsabilidades en caso de un uso indebido.
La Audiencia ya ordenó seguir investigando en febrero
No es la primera vez que la Audiencia Provincial de Madrid interviene en este procedimiento. Según expone el recurso, en febrero de 2026 el tribunal provincial ya revocó un primer archivo de la causa y ordenó continuar la investigación para esclarecer específicamente cómo llegaron al querellado los datos personales y determinar si existió una cesión indebida de información policial. Pese a aquella decisión, el juzgado ha vuelto a archivar las actuaciones sin aclarar esa cuestión y sin tomar declaración a los agentes implicados.
El Contexto Operativo
La protección de los datos personales que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un pilar del Estado de Derecho. La Policía Nacional cuenta con estrictos protocolos de acceso a sus sistemas de información: cada consulta queda registrada con trazabilidad completa, lo que permite identificar cualquier acceso irregular y depurar las correspondientes responsabilidades disciplinarias o penales. El Ministerio del Interior mantiene una política de tolerancia cero frente a las filtraciones, y todos los agentes están sometidos a un régimen disciplinario que sanciona cualquier vulneración de la normativa sobre protección de datos.
En el presente caso, la justicia ya ha dictado un sobreseimiento provisional al no apreciar, hasta la fecha, indicios suficientes de delito. La existencia de un recurso por parte de una acusación popular no implica la confirmación de irregularidad alguna; forma parte de la normalidad procesal y del derecho a recurrir. La investigación policial, si finalmente se reabre, se desarrollaría bajo control judicial y con todas las garantías, reforzando la confianza en que cualquier indicio de conducta irregular será investigado con rigor. La colaboración de las FCSE con la Administración de Justicia es constante y, como ha ocurrido en otras causas similares, los registros de acceso digital permitirán aclarar los hechos con total transparencia.
