La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló este miércoles al consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, por haber pactado en exclusiva con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y dejar fuera al resto de centrales representativas de la Mesa Sectorial de Osakidetza. Tras presidir el Consejo Interterritorial de Salud, la ministra advirtió de que las comunidades autónomas deberán resolver las futuras huelgas sanitarias.
El pacto con los médicos y la ruptura sindical
El acuerdo con el SME se conoció el pasado viernes e incluye mejoras laborales y un incremento salarial de 300 euros, según confirmó el Gobierno Vasco. La firma desmiente el argumento defendido hasta entonces por el lehendakari Imanol Pradales y el propio Martínez, que circunscribían toda negociación médica a la reivindicación de un Estatuto Marco propio.
Sin embargo, el movimiento dejó fuera al resto de sindicatos. ELA y Satse, junto a CCOO, UGT y CSIF, se levantaron de la Mesa Sectorial del lunes y anunciaron movilizaciones para septiembre. La central ELA reiteró su llamamiento a convocar una huelga indefinida en otoño, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo regulador que mejore las condiciones de todas las categorías profesionales de Osakidetza.
La advertencia de Mónica García y el debate del Estatuto Marco
Durante su comparecencia en Madrid, Mónica García fue contundente: ‘En Euskadi el consejero vasco ha intentado ningunear a los sindicatos más representativos en la Mesa Sectorial y estos se han levantado’. La ministra añadió que el Gobierno vasco ya le pidió que ella misma marginara a centrales como CCOO, UGT, CSIF y Satse en la negociación estatal del Estatuto Marco.
García subrayó que ‘no nos vamos a saltar la ley’ y aprovechó para situar el foco en las administraciones autonómicas: ‘Ahora serán las comunidades las que resolverán las futuras convocatorias de huelga’. Hasta este lunes, tanto el consejero Martínez como el lehendakari Pradales habían responsabilizado a la ministra de las reivindicaciones médicas en Euskadi.
La presión de un ‘otoño caliente’ y el agujero de Osakidetza
El Departamento vasco de Salud afronta un horizonte inmediato de conflictividad laboral. La plantilla de Osakidetza roza los 40.000 trabajadores y la presión salarial se suma a un déficit acumulado que en 2026 ya supera los 100 millones de euros, alimentado en parte por las derivaciones a la sanidad privada para acortar listas de espera.
El consejero Martínez redujo la presión de los médicos, pero se enfrenta a un otoño de movilizaciones del resto de sindicatos y a un creciente desequilibrio financiero en el Servicio Vasco de Salud.
El Gobierno Vasco, de coalición entre PNV y PSE-EE, deberá encajar estas demandas en la negociación de los presupuestos de 2027, para la que se anticipa un notable incremento de recursos destinados a Osakidetza. El consejero Martínez y la directora general del servicio, Lorea Bilbao, se verán obligados a buscar un equilibrio entre las exigencias sindicales y la contención del gasto.
Mientras, el calendario de protestas amenaza con cronificar un conflicto que los sindicatos, a excepción del SME, insisten en vincular a un nuevo acuerdo regulador. La sanidad vasca, uno de los sistemas públicos con mayor peso en la comunidad, afronta un otoño decisivo tanto en lo laboral como en lo presupuestario.
