El juez Ismael Moreno ha dictado este 24 de julio de 2026 el auto de apertura de juicio oral contra el capitán del pesquero Villa de Pitanxo y dos directivos de la empresa armadora Pesquerías Nores Marín, por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. La resolución, dictada por el Tribunal Central de Instancia —sucesor del antiguo Juzgado Central de Instrucción—, impone además una fianza de 44 millones de euros para los tres acusados.
Los cargos y la fianza millonaria
El administrador de la compañía, José Antonio N.R., el director de flota, José Antonio N.O., y el capitán del buque, Juan Enrique P., deberán responder penalmente por la muerte de los 21 tripulantes. La instrucción, que ha recogido los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, considera que los mandos del pesquero y los responsables de la gestión operativa de la empresa incurrieron en una grave falta de diligencia profesional. La cuantía de la fianza refleja la magnitud del daño causado y la necesidad de asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del proceso.
El naufragio que conmocionó a la flota
El siniestro ocurrió en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá), una de las zonas de pesca más peligrosas del Atlántico Norte. El Villa de Pitanxo se hundió en apenas unos minutos, dejando 21 víctimas mortales y solo tres supervivientes. La investigación posterior, llevada a cabo por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos (CIAIM) y las autoridades canadienses, recabó pruebas sobre las condiciones meteorológicas, el estado del buque y las decisiones del capitán antes del desastre.
La apertura de juicio oral sitúa al mando de la embarcación y a la cúpula de la armadora en el banquillo por la mayor tragedia pesquera registrada en España en los últimos 40 años.
El contexto institucional
La Audiencia Nacional asume la competencia en este caso debido a la multiplicidad de víctimas y al carácter transfronterizo del suceso. Con 21 fallecidos, el naufragio del Villa de Pitanxo constituye el accidente más grave de la pesca española desde el hundimiento del Arca de Noé en 1988. La decisión del juez Moreno consolida la línea jurisprudencial que vincula la seguridad marítima con la responsabilidad penal de quienes dirigen la actividad, tanto en el puente de mando como en los despachos de la empresa. En los últimos años, la Sala de lo Penal ha endurecido la interpretación de la imprudencia profesional en sectores de alto riesgo, buscando que los estándares de seguridad no queden como meras recomendaciones administrativas. La fianza de 44 millones de euros marca, además, un hito en la exigencia de garantías a las compañías armadoras, enviando un mensaje claro al conjunto de la flota.
La causa continuará ahora ante la Sección de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fijará la fecha del juicio oral. Fuentes de la instrucción no descartan que, durante las vistas, afloren nuevos datos sobre las instrucciones operativas que recibió el capitán en los días previos a la tragedia. El proceso judicial se perfila como uno de los más relevantes de la jurisdicción especializada en los últimos años, con una atención mediática y social que trasciende el ámbito estrictamente marítimo.
