El Banco Central Europeo explora una serie de medidas para frenar el drenaje financiero que sufren sus cuentas desde que comenzó a subir los tipos de interés. La discusión, aún incipiente, se intensificará este otoño, según han confirmado a esta redacción fuentes conocedoras de las deliberaciones internas. Christine Lagarde, presidenta del BCE, admitió el jueves que el Consejo de Gobierno abordará la posibilidad de elevar los requisitos de reservas mínimas, una fórmula que promete aliviar las pérdidas pero que encarece la financiación de la banca comercial.
Lo que está en juego no es tanto la solvencia de Fráncfort —los bancos centrales no quiebran— sino la credibilidad de una institución que, por primera vez en su historia, acumula números rojos millonarios derivados de sus propias decisiones de política monetaria. El BCE compró durante la última década enormes volúmenes de deuda pública a tipos ultrabajos; ahora, con los tipos de interés en el 2,75%, paga mucho más por los depósitos de la banca de lo que ingresa por aquellos bonos. El desfase genera pérdidas que los bancos centrales nacionales —entre ellos el Banco de España— deben asumir, reduciendo los dividendos que transfieren a los Gobiernos.
¿Por qué el BCE acumula pérdidas y cómo afecta a su credibilidad?
La razón es técnica pero con implicaciones políticas de primer orden. El BCE remunera los depósitos que los bancos comerciales aparcan en sus cuentas —las llamadas facilidades de depósito— al 2,75%, el mismo tipo de referencia. Sin embargo, los activos que compró en la era de los estímulos (programas APP y PEPP) rinden mucho menos. El resultado: el Eurosistema —el BCE más los 21 bancos centrales nacionales— arrastra pérdidas por primera vez desde su creación. En 2023 y 2024, varios institutos emisores, como el Bundesbank alemán o el neerlandés, ya registraron números rojos y dejaron de transferir beneficios a sus respectivos Estados. En España, el Banco de España mantuvo en 2025 un beneficio modesto, pero 2026 apunta a un escenario más ajustado si las pérdidas se consolidan.
La credibilidad no se mide solo en balances contables. Si los mercados perciben que el BCE está financieramente debilitado, la transmisión de la política monetaria podría resentirse. De ahí que el Consejo de Gobierno busque mecanismos para minimizar el agujero antes de que la presión política obligue a los Gobiernos a pedir explicaciones en sus respectivos parlamentos.
La batería de medidas sobre la mesa: reservas, tipos diferenciados y comisiones
Las fuentes consultadas describen un menú de opciones que va desde lo quirúrgico a lo contundente:
- Elevar el coeficiente de reservas mínimas. Actualmente, los bancos deben mantener en el banco central el 1% de sus depósitos y pasivos a corto plazo sin recibir remuneración alguna. Duplicar esa cifra al 2% permitiría al Eurosistema ahorrar cerca de 4.000 millones de euros al año, según cálculos de Reuters. La medida obligaría a algunas entidades a buscar liquidez adicional, aunque la mayoría del sector ya supera con holgura ese listón.
- Aplicar una tasa de interés diferenciada. Consiste en remunerar solo una parte de los depósitos que los bancos tienen aparcados en el BCE, dejando el resto sin intereses. Es una solución que pondría el foco en el exceso de liquidez que aún inunda el sistema.
- Cobrar comisiones por los depósitos. Es la opción más agresiva: no solo no pagar, sino exigir un coste a la banca por colocar su dinero en Fráncfort. En la práctica, equivaldría a reintroducir un tipo de depósito negativo, aunque las fuentes advierten de que el debate está «totalmente abierto» y no hay nada decidido.
Lagarde confirmó que el debate sobre las reservas mínimas se producirá, pero evitó pronunciarse sobre las otras alternativas. Un portavoz del BCE no quiso hacer comentarios adicionales. La discreción es comprensible: cualquier medida que encarezca los costes de la banca comercial puede generar resistencias en un sector que ya lidia con la morosidad al alza y la fragmentación regulatoria.
El Eje del Poder Europeo
La discusión interna del BCE reproduce, en miniatura, las tensiones políticas que recorren la Eurozona. Los bancos centrales del norte, encabezados por el Bundesbank, son partidarios de medidas más contundentes porque sus pérdidas son mayores y la presión de sus Gobiernos, más intensa. Los países del sur, con sistemas bancarios más fragmentados y dependientes de la liquidez del BCE, temen que elevar los costes de financiación pueda restringir el crédito en un momento en que la recuperación económica aún es frágil. España ocupa una posición intermedia: el Banco de España ha sido históricamente prudente, pero Moncloa vigila de cerca cualquier decisión que pueda encarecer el crédito a pymes y familias o reducir los dividendos que el supervisor ingresa en las arcas públicas.
No hay que olvidar que el BCE obtuvo un beneficio récord de 2.700 millones en 2022 y lo transfirió a los Estados. Ahora el flujo se invierte. Para el Ministerio de Economía español, cada euro menos que llegue del Banco de España es un euro que hay que buscar en los mercados o en nuevos ajustes presupuestarios. Y con la regla fiscal europea de nuevo en funcionamiento desde 2024, cualquier agujero cuenta.
El BCE no está discutiendo solvencia, sino credibilidad: la pérdida de ingresos para los Estados puede ser el detonante de una nueva batalla política en la Eurozona.
La lectura estratégica a cinco años es clara: la normalización monetaria ha creado un conflicto de intereses entre el BCE como autoridad de política monetaria y el BCE como gestor de un balance mastodóntico. Resolverlo exigirá decisiones impopulares que, como ocurrió con los tipos negativos, volverán a poner a prueba la cohesión del Eurosistema. La próxima ventana crítica se abrirá tras el verano, cuando el Consejo de Gobierno retome el debate con propuestas ya concretas.
Mientras tanto, los mercados observan. Y la banca española calcula cuánto le costará la letra pequeña de unas medidas que, al final, se decidirán en Fráncfort pero se pagarán en cada sucursal.
