Vox ha presentado este viernes una querella ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones legislativas. La acción judicial se dirige, además, contra su sucesora en el cargo, María Ester Pérez, y apunta a la instrucción que firmó en octubre de 2022 cuando era Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y que permitió la nacionalización masiva de descendientes de emigrantes españoles.
Los argumentos de Vox: una instrucción ilegal
La querella sostiene que la instrucción firmada por Sofía Puente carecía de cobertura legal y supuso una extralimitación flagrante de sus funciones. El texto fue aprobado apenas unos días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, y según Vox, ‘abrió la puerta a una nacionalización indiscriminada sin el debate parlamentario preceptivo’. La formación considera que este acto administrativo constituye una prevaricación, ya que se habría dictado con pleno conocimiento de su ilegalidad.
El partido argumenta también el delito de usurpación de funciones legislativas, pues la modificación de los criterios para adquirir la nacionalidad corresponde en exclusiva al poder legislativo, no a una dirección general. En el escrito, se detalla cómo la instrucción sorteó los mecanismos de control propios del Congreso para conceder el pasaporte español a decenas de miles de personas sin el respaldo de una ley específica.
Contexto y reacciones: el pulso judicial de Vox
La presentación de la querella coincide en el tiempo con el recurso que Vox ha elevado al Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central de mantener la denominada ‘ley de nietos’. El partido insiste en que ambas vías comparten un mismo fondo: la denuncia de un procedimiento que, a su juicio, ‘no se ajusta a derecho’ y que el Gobierno utilizó para esquivar el control parlamentario.
El Tribunal de Instancia de Madrid deberá ahora decidir si admite a trámite la querella. La denuncia no solo señala a Sofía Puente, sino que extiende la responsabilidad a su sucesora, María Ester Pérez, con el objetivo de cerrar el círculo de decisión y ejecución de la instrucción. Fuentes de Vox consultadas por Moncloa.com confían en que la documentación aportada evidencia ‘una conducta arbitraria’ y esperan que la justicia actúe con celeridad.
La querella de Vox pone el foco en un acto administrativo que el partido considera una burla a la legalidad y un intento de sortear el debate parlamentario.
Estrategia de Vox: judicializar la gestión del Gobierno
Con esta nueva iniciativa judicial, Vox refuerza su estrategia de recurrir a los tribunales para fiscalizar las políticas del Gobierno en materias especialmente sensibles para su electorado, como la inmigración y la nacionalidad. La formación sitúa este caso en una secuencia de acciones legales que buscan poner coto a lo que consideran un uso partidista de las instituciones.
El movimiento tiene además una lectura política interna: coloca al Ejecutivo ante una posible imputación de una persona del entorno directo del ministro Puente, y obliga al PP a definirse en un terreno que hasta ahora ha evitado. Vox refuerza así su discurso de firmeza legal sin desgastarse en estériles declaraciones, y espera que la admisión a trámite marque un nuevo capítulo en el enfrentamiento con el Gobierno.
En cualquier caso, esta querella es un paso más en la consolidación de Vox como una fuerza que utiliza todas las herramientas del Estado de derecho para contrarrestar lo que define como ‘abusos legislativos’. La próxima decisión del Tribunal de Instancia será determinante, tanto judicial como políticamente, y podría acelerar la petición de explicaciones en el Congreso.
