El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la ley orgánica que transfiere la AP-9 a Galicia, pero la Xunta de Galicia ha advertido de que no aceptará el traspaso si no llega acompañado de una financiación que el PPdeG cifra en 4.000 millones de euros.
La votación, que se saldó con el rechazo de las enmiendas del PP en el Senado, abre un nuevo pulso entre el Gobierno central y la administración autonómica, que ahora se traslada a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Congreso ha aprobado sin enmiendas la ley de transferencia de la AP-9, pactada por PSOE, Sumar y BNG.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno central impulsa el traspaso, mientras la Xunta (PPdeG) lo condiciona a los 4.000 millones de euros que exige.
- ¿Qué impacto tiene? La negociación se endurece y se traslada a la comisión bilateral, con riesgo de bloqueo si no hay acuerdo de financiación.
El texto definitivo, pactado por PSOE, Sumar y BNG, contó únicamente con el respaldo de esos grupos y el del diputado de UPN, Alberto Catalán. El PP quedó prácticamente aislado: Vox también votó en contra y el resto de grupos rechazaron las modificaciones que los populares habían logrado introducir en el Senado.
Durante el debate parlamentario, la diputada socialista Mercedes Otero acusó al PP y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «engañar» a la ciudadanía gallega con la advertencia de un coste multimillonario. Sostuvo que la ley define con claridad el reparto de competencias y preguntó si el PP pretende bloquear ahora la constitución de la Comisión Mixta. «Dejen las pataletas y actúen como personas adultas», les espetó.
En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, acusó al PPdeG de utilizar «pretextos falsos» porque «sencillamente no quiere esta transferencia». Receló de que el Gobierno gallego pueda paralizar de forma indefinida las negociaciones en la comisión bilateral. Por parte de Sumar, Manuel Lago defendió que el texto supone «directamente la transferencia de la AP-9» y negó trampas. Vox, a través de Carina Mejías, calificó el debate de «enésimo despropósito» y reprochó a todos los bloques buscar solo el rédito político.
Desde Santiago de Compostela, el jefe del Ejecutivo gallego endureció su posición. Alfonso Rueda reiteró que la Xunta no aceptará el traspaso de la autopista si no llega con la financiación necesaria y recordó que el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia establecía que la comunidad asumiría la competencia únicamente si el Estado aportaba todos los recursos económicos precisos. Lamentó la ruptura del consenso y que la oposición vea como una victoria un traspaso que, advirtió, podría costar a la comunidad «miles de millones de euros».
La transferencia de la AP-9 se ha convertido en un campo de batalla político donde la financiación es la línea roja inamovible para la Xunta.
Las advertencias de la Xunta
Rueda vinculó la postura de su Gobierno a las palabras del ministro de Política Territorial, Arcadi España, quien en su día afirmó que la Xunta quería la transferencia «con un lacito y que no le cueste nada». A eso sumó las declaraciones de un representante de Junts, que aseguró recientemente que Cataluña tampoco aceptaría un traspaso en esas condiciones. El presidente gallego denunció un trato desigual respecto a otras autonomías a las que, a su juicio, las competencias sí llegan con financiación garantizada.
El pulso está servido. Con la aprobación definitiva de la ley, el foco se traslada a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia, donde ambas administraciones deberán negociar las condiciones concretas del traspaso de la principal autopista gallega. La Xunta ha advertido de que que no se sentará a negociar sin una garantía presupuestaria clara, mientras el Gobierno central insiste en que la ley ya delimita las responsabilidades financieras.
El Laboratorio Gallego
El desencuentro alrededor de la AP-9 es mucho más que una disputa competencial: refleja la estrategia del PPdeG, que desde la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia levanta una bandera de defensa fiscal frente al Gobierno central, una posición que el PP nacional observa con atención. Galicia lleva décadas reivindicando un traspaso sin coste para las arcas autonómicas, en un modelo que recuerda al de otras competencias, como la de costas o la de tráfico, donde la Xunta siempre ha exigido que los recursos acompañen a la transferencia.
La situación abre, además, un capítulo de alta tensión en la legislatura. Si la Comisión Mixta no alcanza un acuerdo, la transferencia podría quedar en papel mojado y la Xunta está dispuesta a no ejecutarla. En clave nacional, el choque ilustra cómo las autonomías gobernadas por el PP utilizan las transferencias como herramienta para escenificar un pulso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las próximas semanas, con la constitución de la comisión, serán determinantes para saber si el traspaso se materializa o si la advertencia de Rueda convierte la AP-9 en un nuevo frente de la guerra de financiación autonómica.
Ficha del Caso
- El caso: El Congreso aprueba la ley que transfiere la AP-9 a Galicia, pero la Xunta del PPdeG exige 4.000 millones de euros de financiación para asumirla.
- Datos importantes: Votación definitiva sin enmiendas, PP aislado; la Xunta amenaza con no aceptar el traspaso; la negociación pasa a la Comisión Mixta Estado-Galicia.
- Resumen: La transferencia de la principal autopista gallega se convierte en un pulso político entre el Gobierno central y la Xunta, con el riesgo de que la ley no se ejecute por falta de acuerdo económico.
