Vox ha presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central de no suspender la inscripción en el Censo de Electores Residentes Ausentes de quienes hayan obtenido la nacionalidad española por la llamada ‘ley de nietos’. La formación, con 33 diputados en el Congreso, considera que esta ampliación del censo electoral puede adulterar el resultado de las próximas citas con las urnas y que la JEC sí tiene competencia para actuar.
El argumentario de Vox: competencia, censo e integridad electoral
La ley de nietos, impulsada por el Gobierno en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática, ha permitido que descendientes de españoles —muchos más allá de hijos y nietos de exiliados— accedan a la nacionalidad. Para Vox, este proceso constituye una “ingeniería electoral” que puede tener un impacto decisivo en futuras elecciones. El partido sostiene que la JEC, como órgano superior, debe “supervisar”, “requerir”, “velar” y “adoptar” las medidas necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral.
En su recurso, la dirección de Vox defiende que el debate no es de competencia, sino de contenido y de garantías institucionales. Alegan que las instrucciones del 25 de octubre de 2022 y del 5 de noviembre de 2024 —esta última permitió seguir tramitando solicitudes con cita previa ya pedida— han abierto la puerta a un procedimiento “masivo”, “indiscriminado” e “ilegal” que, según el partido, alterará la distribución territorial del electorado de forma “superficial”.
El recurso pone el foco en la posibilidad de que el nuevo nacional elija libremente el municipio de inscripción a efectos electorales, lo que, a juicio de Vox, introduce un “riesgo de manipulación de la distribución territorial del electorado”. La cifra potencial de beneficiarios, estimada por el propio Ejecutivo en 2,4 millones de descendientes, explica la magnitud de la batalla judicial que acaba de librarse en el Supremo.
La respuesta de la JEC y la viabilidad del recurso
La semana pasada, la Junta Electoral Central rechazó la petición de Vox alegando que no le corresponde “pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento”. Ahora será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la que deba pronunciarse sobre si la JEC tiene o no la competencia para frenar la inscripción en el CERA de estos nuevos nacionales.
Sin embargo, la JEC sí acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción para unificar los criterios sobre la provincia en la que deben inscribirse en el CERA las personas que adquieren la nacionalidad a través de la ley de nietos. Un gesto que Vox interpreta como insuficiente, porque no paraliza el proceso de inscripción masiva que denuncia.
La batalla judicial de Vox no es solo una cuestión técnica: toca la esencia de la representación electoral y el control sobre un censo que podría ampliarse en casi dos millones y medio de electores.
Paralelamente, el partido ha pedido a los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores la revisión y eventual anulación de los contratos con la empresa tecnológica Neoris y con el grupo estatal cubano Palco, encargados de externalizar trámites consulares y de la gestión de expedientes del CERA. Vox denuncia una “opacidad bochornosa” en esos procedimientos y desconfía de la forma en que se están tramitando los expedientes de nacionalidad, un argumento que completa su ofensiva judicial con una ofensiva de fiscalización administrativa.
Qué busca Vox con este movimiento
La presentación del recurso ante el Supremo encaja en una estrategia más amplia del partido de Santiago Abascal: marcar perfil propio en la defensa de la integridad electoral, un discurso que conecta con su base y que le permite tensionar al Partido Popular por la derecha. En cada cita electoral, el censo del exterior —el llamado voto CERA— ha sido objeto de controversia, pero la ley de nietos añade una capa nueva de incertidumbre por el volumen de nuevos inscritos y por la falta de claridad sobre los criterios de asignación territorial.
Vox no discute en este recurso la legalidad de la ley, sino que apunta directamente al procedimiento de inscripción y a la competencia de la JEC para supervisarlo. La lectura del partido es que el Gobierno está dilatando el control del censo para asegurarse un granero de votos en el exterior, mientras que el PP evita pronunciarse con claridad. Al llevar el asunto al Supremo, Vox se sitúa como el único partido que judicializa una cuestión que, de prosperar, podría tener consecuencias directas en el reparto de escaños en varias circunscripciones.
El resultado del recurso es incierto. El Supremo deberá decidir si la JEC tiene la obligación de actuar o si, como defiende el Gobierno, la cuestión pertenece a la esfera de la legalidad ordinaria de la nacionalidad. En cualquier caso, la iniciativa judicial ya ha logrado situar el debate sobre el censo electoral y la ley de nietos en la agenda política, un objetivo que la dirección de Vox considera valioso de cara al próximo ciclo electoral. La pelota está ahora en el tejado del alto tribunal, que tendrá la última palabra sobre si la Junta Electoral Central debe o no paralizar un proceso que, para Vox, pone en riesgo la limpieza de las urnas.
