La Comunidad de Madrid estudiará emprender acciones legales contra los 60 bomberos forestales del INFOMA que mantienen una huelga mientras la región se encuentra en Situación Operativa 3 por incendios forestales. El Ejecutivo tacha la actitud de los operarios de ‘chantaje’ y advierte de que ha puesto en riesgo la seguridad de personas y bienes.
El portavoz del Gobierno regional calificó la protesta de «inadmisible» y subrayó que, en una emergencia de interés nacional, no cabe convertir la gestión de los incendios en «una herramienta de presión laboral». La administración remarca que los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados, bajo una disciplina de mando que lleva más de 25 años vigente.
La línea roja que traza la Comunidad: el servicio público no se negocia con incendios activos
El origen del conflicto está en que esos 60 empleados, en lugar de encontrarse en sus bases operativas como firmaron en los contratos de la campaña 2026, permanecen concentrados en la sede de la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas. La Comunidad insiste en que la activación de cada retén se produce desde esas bases y que la escenificación en otra ubicación proyecta una imagen de falta de medios que «distorsiona la realidad». Por ello, el Gobierno autonómico considera que se ha incurrido en un claro incumplimiento contractual.
Además, fuentes del Ejecutivo recuerdan que la actual crisis afecta a miles de vecinos evacuados y a centenares de efectivos trabajando sin descanso, por lo que emplear la emergencia para ejercer presión resulta, según su análisis, una «estrategia de chantaje» que podría tener consecuencias disciplinarias y judiciales.
Un pulso en cifras: 60 manifestantes frente a un dispositivo de más de 6.000 profesionales
La administración pone el foco en la desproporción del colectivo movilizado. Los 60 bomberos representan menos del 1% del dispositivo global de 6.000 profesionales y voluntarios que conforman el plan INFOMA, dentro del cual 2.100 son bomberos forestales. El Ejecutivo autonómico ha mantenido numerosas reuniones con los representantes de este pequeño grupo y, según su versión, ha ofrecido mejoras económicas y propuestas dentro del marco legal, sin que se haya alcanzado un acuerdo.
La Comunidad remarca que, pese a esa oferta, los trabajadores han optado por continuar la protesta en plena emergencia, lo que ha llevado a la administración a estudiar «todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades» .
Un incendio forestal no tiene pausa laboral, y la seguridad de las personas no admite negociaciones de última hora.
El precedente que pesa: huelgas en servicios esenciales y el marco normativo de Madrid
No es la primera vez que una protesta laboral coincide con una situación límite en la Comunidad de Madrid. En 2022, la huelga de limpieza en varios hospitales durante una ola de calor extrema ya generó críticas muy similares por parte del Gobierno regional. Aquel episodio sirve hoy como recordatorio de que el derecho a huelga encuentra límites claros cuando colisiona con la protección de la salud y la integridad de las personas.
En el caso concreto de los bomberos forestales de la administración autonómica, la disciplina de mando está recogida en los protocolos operativos desde hace más de dos décadas, y los contratos de la presente campaña especifican la obligación de permanencia en las bases. Otras comunidades como Cataluña o Andalucía disponen de mecanismos sancionadores automáticos ante cualquier abandono de puesto durante una emergencia de nivel 3, un marco que en Madrid ha sido hasta ahora más laxo pero que el Ejecutivo parece dispuesto a endurecer.
La controversia deja sobre la mesa una reflexión de fondo: ¿puede el interés público quedar supeditado a una reclamación laboral en el momento más crítico? La Comunidad de Madrid, al dar el paso de estudiar acciones legales, envía un mensaje diáfano: la respuesta será contundente. No obstante, la incógnita sigue siendo si esa firmeza se traducirá en sanciones efectivas o si el expediente quedará diluido una vez la emergencia remita, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otros colectivos.
De momento, los 60 bomberos continúan en Las Rozas mientras el fuego avanza. Y la administración insiste en que la seguridad de los madrileños no puede convertirse en moneda de cambio.
