EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Congreso ha rechazado por segunda vez la senda de estabilidad con un déficit del 1,8% del PIB, bloqueando en principio la tramitación de los Presupuestos Generales de 2026. El Gobierno ha llevado la misma propuesta sin cambios y ha cosechado el mismo resultado.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al frente, y la Abogacía del Estado, que ha emitido un informe avalando una interpretación legal para continuar con las cuentas.
- ¿Qué impacto tiene? La vía alternativa permite al Ejecutivo presentar el proyecto sin los objetivos de reparto aprobados por las Cortes, redistribuyendo el déficit autonómico a la administración central. Los gobiernos regionales perderían margen fiscal, mientras Moncloa mantiene el pulso presupuestario y fuerza a los socios a posicionarse.
El Gobierno socialista no tira la toalla. En un giro estratégico de alto voltaje jurídico, Moncloa activa una vía alternativa para salvar los Presupuestos Generales de 2026 tras el segundo portazo del Congreso a la senda de estabilidad.
Un rechazo anunciado que complica la gobernanza
La aritmética parlamentaria volvió a atragantarse este jueves. Por segunda vez en menos de dos semanas, el Pleno del Congreso tumbó la senda de estabilidad con un déficit global del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2027. El reparto reservaba un 1,5% para la Administración central, el 0,2% para la Seguridad Social y solo un 0,1% para las comunidades autónomas, además del equilibrio para las entidades locales. La negativa de Junts y de otros socios habituales, que ya había frenado la primera votación, se repitió sin que el Consejo de Ministros introdujera modificación alguna.
Según las cuentas de Hacienda, ese margen de una décima habría supuesto para los gobiernos autonómicos casi 5.849 millones de euros adicionales en tres ejercicios. La cartera que dirige Arcadi España trasladó de inmediato la responsabilidad a quienes vetaron la senda: las autonomías tendrán que asumir un ajuste equivalente. El bloqueo parlamentario deja a las regiones sin ese colchón fiscal y tensa las costuras de la mayoría que sostiene al Ejecutivo.
La fórmula que sostiene Hacienda: una laguna legal para no interrumpir el calendario
El ministerio se aferra a un informe de la Abogacía del Estado que abre una rendija jurídica. La tesis es que el rechazo de las Cortes no elimina el objetivo de déficit global comunicado a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo; lo que decae es solo el reparto interno. Así, la Administración central podría absorber la décima que ya no podrán utilizar las comunidades autónomas, elevando su objetivo del 1,5% al 1,6%. Sobre esa nueva distribución, Hacienda pretende edificar el proyecto presupuestario que remitiría después al Congreso.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a presentar una nueva senda en el plazo de un mes contado desde el primer rechazo, trámite que el Gobierno ya ha cubierto. Pero la norma no aclara qué sucede cuando la Cámara vuelve a decir no. Es precisamente en ese vacío donde Moncloa encuentra su apoyo: la obligación constitucional de elaborar cada año un proyecto presupuestario primaría sobre el bloqueo parlamentario. La interpretación nunca se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, aunque en 2024 ya se sopesó una salida similar que no prosperó por el adelanto electoral en Cataluña.
La jugada tiene una vertiente política inmediata. Presentar el proyecto permite trasladar el debate al contenido concreto de las cuentas, forzando a todos los grupos a retratarse. Moncloa refuerza así el relato de que ha cumplido con su parte pese a la ausencia de una mayoría estable, y evita que el segundo revés se lea como una renuncia anticipada a los Presupuestos de 2026.
El Gobierno asume que la laguna legal le concede una bola extra para continuar con las cuentas sin renunciar a la mayoría parlamentaria.
El Eje del Poder Socialista
La operación desnuda las tensiones del modelo de gobernanza de Pedro Sánchez. Ferraz observa cómo la aritmética fragmentada vuelve a amenazar un hito legislativo crucial, mientras los barones autonómicos asimilan que el margen fiscal que se les concedía se esfuma. El presidente manchego, Emiliano García-Page, ha sido uno de los más explícitos al reclamar estabilidad, y ahora ve cómo la negativa de Junts traslada un coste directo a las cuentas regionales. El movimiento, sin embargo, permite a Moncloa cargar el desgaste sobre los grupos que votaron en contra y presentar al PSOE como el partido que mantiene el timón institucional.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se insiste en que la alternativa refuerza la posición negociadora. Obligar a los socios a debatir ya sobre partidas concretas –sanidad, dependencia, becas– cambia las reglas del juego y puede facilitar futuros acuerdos. Además, el nuevo marco europeo de gobernanza fiscal no invalida el razonamiento de la Abogacía del Estado, según fuentes del ministerio, lo que despeja el camino para que la referencia remitida a Bruselas siga siendo la base del proyecto.
La lectura a medio plazo es arriesgada: si la Mesa del Congreso o los servicios jurídicos impugnaran la presentación del proyecto sin senda aprobada, el choque institucional estaría servido. Pero en este momento, para Ferraz, lo prioritario es ganar tiempo y recomponer los puentes con los grupos díscolos. La misma mayoría que ha tumbado dos sendas deberá examinar unas cuentas que el Gobierno se dispone a registrar en septiembre, lo que devuelve la pelota al tejado de los aliados y mantiene viva la legislatura.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Cumplimos con nuestro deber constitucional de presentar Presupuestos incluso cuando quienes exigen estabilidad bloquean las reglas fiscales que ellos mismos demandan.
- Protagonista: Arcadi España (ministro de Hacienda).
- Próximo hito: Registro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, previsiblemente en septiembre, y ronda inmediata de contactos con los grupos parlamentarios para asegurar apoyos.
