Vox ha llevado este jueves la ‘ley de nietos’ ante la Comisión de Venecia para que examine su impacto en la integridad del censo y la limpieza electoral en España. La iniciativa, pilotada por el eurodiputado Jorge Buxadé y el portavoz en la Eurocámara José María Sánchez, formaliza una denuncia ante el órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en derecho constitucional y electoral.
El escrito presentado solicita que la Secretaría General del Consejo de Europa active el mecanismo para que la Comisión de Venecia emita un dictamen país sobre España, un instrumento reservado a situaciones que ponen en riesgo los estándares democráticos. La formación de Santiago Abascal denuncia que “mediante una simple instrucción administrativa” se ha abierto la puerta a la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes sin exigirles vínculo real con el país.
La ofensiva de Vox: por qué la ‘ley de nietos’ compromete las elecciones
El argumentario del partido se apoya en un dato central: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha pasado de 2,3 a 2,7 millones de electores desde 2023, un incremento del 16%. En el horizonte de las próximas generales, calculan que podrían sumarse hasta 800.000 votantes adicionales, una cifra que, sostienen, desvirtúa la igualdad del voto entre circunscripciones y altera la representación territorial.
“Esto ha disparado sin control el número de españoles que votan desde el extranjero y pone en riesgo la fiabilidad del censo electoral, la igualdad del voto entre provincias y la transparencia de todo el proceso”, resume el documento registrado en Estrasburgo. La denuncia insiste en que los nuevos nacionalizados no necesitan haber residido nunca en España ni renunciar a su otra nacionalidad, lo que Vox califica de “fraude censal”.
Para reforzar la petición, los eurodiputados de Vox recuerdan que la Comisión de Venecia es la misma instancia que ha analizado reformas electorales en Hungría, Polonia o Turquía, y que sus informes han precedido en el pasado a advertencias formales e incluso a sanciones políticas contra Estados miembros. “Su palabra tiene un peso decisivo en Europa; sus dictámenes son la referencia que utilizan la Unión Europea, la OSCE y el propio Consejo de Europa para valorar si un país respeta los estándares democráticos”, señalan fuentes del partido.
La denuncia busca que España sea objeto de un escrutinio internacional comparable al de países señalados por retroceder en calidad democrática.
Viabilidad del dictamen y el pulso con el Gobierno
La solicitud de un dictamen país no se activa de forma automática: requiere que la Secretaría General del Consejo de Europa considere que hay indicios suficientes y, posteriormente, que la Asamblea Parlamentaria o el Comité de Ministros curse la petición formal. No obstante, fuentes de Vox subrayan que el mero hecho de plantear la causa ante este órgano ya sitúa al Gobierno en una posición incómoda de puertas adentro de la UE.
El partido de Abascal enmarca esta acción dentro de una estrategia jurídica más amplia que busca forzar un pronunciamiento de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Citan como precedente la sentencia de 2025 que tumbó un programa maltés de nacionalización por inversión, al considerar que vulneraba el principio de cooperación leal entre Estados miembros. A juicio de Vox, la ‘ley de nietos’ reproduce un patrón similar de concesión masiva de ciudadanía sin arraigo territorial.
Desde el Gobierno, la respuesta habitual ha sido defender la norma como un acto de justicia histórica con los descendientes de quienes emigraron. Sin embargo, la iniciativa de Vox introduce un argumento nuevo —la limpieza electoral— que puede tener recorrido ante un órgano especializado en estándares democráticos. El PP, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre esta ofensiva concreta, pero la presión de Vox en el eje de la inmigración y la nacionalidad tensiona constantemente el espacio de la derecha.
Estrategia de desgaste institucional con la mirada puesta en las urnas
La maniobra responde a una decisión consciente de la dirección de Vox: agotar todas las vías institucionales, una a una, sin dejar flancos sin cubrir. “Estamos utilizando cada instrumento que ofrece el ordenamiento europeo para señalar el deterioro democrático que provoca esta ley”, ha asegurado Buxadé. La ofensiva conecta directamente con el relato de defensa de la soberanía nacional y de la pureza del proceso electoral que el partido viene reforzando desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos con el PP.
Que el debate sobre la ‘ley de nietos’ llegue a la Comisión de Venecia permite a Vox elevar el tono de un asunto que hasta ahora se libraba en el terreno doméstico. Coloca a España bajo un foco internacional incómodo para un Gobierno que aspira a proyectar una imagen de estabilidad y, de paso, obliga al PP a definirse ante una iniciativa que apela directamente a su electorado. En un escenario preelectoral, cada gesto cuenta.
