EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Asamblea de Estados Parte de la CPI ha destituido este viernes al fiscal jefe Karim Khan por ‘conducta grave’. La votación registró 82 votos a favor, 18 en contra y 15 abstenciones.
- ¿Quién está detrás? La decisión del pleno de los 125 Estados miembros del tribunal pone fin a más de dos años de acusaciones por presunto acoso sexual a una ayudante, que Khan niega.
- ¿Qué impacto tiene? La CPI pierde al rostro visible de las órdenes de arresto contra Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu. La salida compromete las investigaciones sobre Ucrania y Gaza y reabre el debate sobre la politización del tribunal.
La Corte Penal Internacional ha destituido este viernes a su fiscal jefe, Karim Khan, tras una votación en la que 82 de sus 125 Estados miembros respaldaron su cese por ‘falta grave y violación del deber. Khan, que en apenas dos años al frente de la fiscalía había emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso y el primer ministro israelí, abandona el cargo en medio de una tormenta de acusaciones de conducta sexual indebida y denuncias de injerencia externa.
La decisión, adoptada por la Asamblea de Estados Parte con 18 votos en contra y 15 abstenciones, llega más de dos años después de que la agencia Associated Press revelara que Khan habría coaccionado a una asistente para mantener una relación sexual. El ya exfiscal siempre ha negado los hechos y no ha sido acusado penalmente, pero la suspensión administrativa que arrastraba desde mayo de 2025 desembocó finalmente en su expulsión.
Un fiscal bajo la lupa de Moscú, Tel Aviv y Washington
Karim Khan se convirtió en el fiscal más polémico de la historia de la CPI al firmar en marzo de 2023 la orden de arresto contra Vladímir Putin y la comisaria para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación ilegal de menores ucranianos. Aunque Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal, la medida abrió un frente diplomático sin precedentes y convirtió a Khan en objetivo de la narrativa del Kremlin.
Meses después, en plena ofensiva israelí sobre Gaza, el fiscal extendió la misma herramienta jurídica al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra. La reacción de Israel fue idéntica a la de Moscú: rechazo frontal y descalificación del tribunal. Pero la novedad llegó desde Washington, donde el presidente Donald Trump impuso sanciones personales contra Khan y amenazó con perseguir a cualquier funcionario de la CPI que investigara a tropas estadounidenses.
Las acusaciones de conducta sexual y la defensa del fiscal
Las revelaciones sobre la presunta conducta inapropiada de Khan aparecieron a principios de 2024, cuando AP informó del caso de la asistente. El fiscal siempre defendió su inocencia y aseguró que las denuncias respondían a una campaña para descarrilar la investigación sobre crímenes de guerra en Gaza. Su equipo jurídico, encabezado por el abogado Tayab Ali, ha denunciado que nunca se le ofreció una oportunidad justa de ser escuchado y que la votación ignoró las conclusiones de los jueces independientes que examinaron el expediente.
Pese a esos argumentos, la Asamblea de Estados Parte optó por la destitución. La brevedad del comunicado oficial —’cometió falta grave y violación del deber’— sin aportar más detalles, alimenta las dudas sobre la transparencia de un proceso que deja al tribunal sin su máximo responsable operativo en un momento crítico. De facto, la CPI se enfrenta ahora a la tarea de elegir a un sucesor mientras lidia con dos de los conflictos más polarizadores del planeta.
La caída de Khan no resuelve la presión estructural que sufren los tribunales internacionales cuando sus investigaciones tocan a potencias nucleares.
Equilibrio de Poder
La destitución del fiscal jefe de la CPI trasciende el expediente disciplinario. La salida de Khan altera el frágil equilibrio que él mismo había forjado al colocar a Moscú y Tel Aviv, por primera vez, en el mismo banquillo de acusados. Sin un fiscal fuerte, las investigaciones sobre Ucrania y Gaza pierden impulso político justo cuando la fiscalía estaba construyendo los casos. El Kremlin, que siempre consideró las órdenes de arresto una maniobra de Occidente, interpretará la marcha de Khan como una oportunidad para deslegitimar aún más el proceso ucraniano. Israel, que nunca ha aceptado la autoridad de la corte sobre su operación militar, ve cómo desaparece el artífice de la acusación más contundente contra su gobierno.
Para Estados Unidos, la pieza encaja con el interés de la Administración Trump de vaciar la capacidad de la CPI para actuar contra aliados. Las sanciones impuestas a Khan el año pasado —y la amenaza de extenderlas a otros jueces— mostraron una hostilidad abierta hacia el tribunal. Ahora, con el fiscal fuera y la institución sumida en una crisis de gobernanza, Washington podría redoblar la presión para blindar a sus tropas y a sus socios estratégicos de eventuales investigaciones. La Unión Europea, atrapada entre su defensa retórica del multilateralismo y la realidad de sus relaciones con Moscú y Tel Aviv, opta por un silencio incómodo que refleja la división interna.
España, como Estado parte de la CPI con tradición de apoyo a la justicia universal, observa el desenlace con preocupación. La caída de Khan debilita una institución que ha sido pilar de la política exterior española en defensa del derecho internacional. Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores han mantenido un respaldo discreto al tribunal, pero la ruptura del consenso interno en la CPI podría lastrar futuras iniciativas contra la impunidad. Los precedentes históricos refuerzan la gravedad del momento: la dimisión del primer fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, en 2012, se produjo en un clima de normalidad; la destitución de Khan, en cambio, se gesta entre acusaciones de acoso y una guerra abierta de legitimidad con tres actores de peso global. La CPI entra en territorio desconocido.
El próximo paso será la elección de un nuevo fiscal, probablemente antes de fin de año. De su perfil —más o menos beligerante con las potencias— dependerá si el tribunal recupera el pulso o se convierte definitivamente en un instrumento selectivo. La votación del viernes certifica que la justicia internacional no solo se juega en los tribunales; también en los pasillos de la diplomacia y en la capacidad de resistencia de sus protagonistas. La CPI, sin fiscal jefe, afronta ahora su mayor prueba de resiliencia.
