El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimado este martes el recurso de un padre y obliga a una escuela de Sant Cebrià de Vallalta, en la comarca del Maresme, a impartir al menos una asignatura no lingüística en castellano. La decisión aplica directamente la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala el 25% de enseñanza en esta lengua, y reabre la fractura sobre el modelo de inmersión en las aulas catalanas.
La sentencia, adelantada por Crónica Global, responde al recurso contencioso administrativo presentado por la familia contra el proyecto lingüístico del centro y la Conselleria de Educació de la Generalitat. El tribunal ha declarado el derecho de la menor a recibir una “enseñanza efectiva y equilibrada” en castellano, que debe incluir al menos otra materia o área no lingüística impartida en esta lengua además de la asignatura troncal de Llengua Castellana.
La sombra de Estrasburgo se materializa en el Maresme
El TSJC fundamenta su fallo en el pronunciamiento del TEDH de junio, que consideró que el modelo lingüístico catalán debía garantizar un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano. Aquella sentencia, que llegó tras un largo periplo de demandas de familias, se ha convertido en un parteaguas. El auto del Maresme no es el primero —ya ha habido resoluciones similares en otros centros—, pero sí el más reciente y añade un nuevo aldabonazo a una Generalitat que se resiste a modificar el sistema de inmersión.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha valorado el pronunciamiento con un mezcla de satisfacción y escepticismo. En un comunicado, la entidad subraya que “no es una novedad” y que el tribunal “continúa estimando las reclamaciones individuales de las familias”. La AEB critica que, pese a la claridad y reiteración de la jurisprudencia, la Administración catalana “sigue excluyendo el castellano como lengua vehicular”, lo que obliga a los padres a recurrir a la vía judicial.
Resistencia administrativa: las reacciones y el recurso anunciado
La organización pone el foco en la factura que pagan los recurrentes. La AEB censura que el TSJC no haya impuesto las costas a la Administración, lo que “traslada a las familias el coste económico de la resistencia administrativa y reduce los incentivos para modificar esa conducta”. La mayoría de los recursos interpuestos en esta materia tiene una factura de miles de euros que disuade a muchas familias de emprender la batalla legal.
Cada sentencia que aplica el fallo de Estrasburgo evidencia que la Generalitat no puede mantener una política de hechos consumados en las aulas. Las familias ganan en los tribunales, pero pagan el coste.
En la otra trinchera, Plataforma per la Llengua, que actúa como parte codemandada en el procedimiento, ha anunciado que recurrirá el fallo. La entidad ha instado a convertir la defensa del catalán “en una prioridad compartida de las luchas educativas del nuevo curso” y ha pedido al Govern que impulse acciones para lograr la nulidad de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la rotulación en las escuelas.
El coste para las familias y el bloqueo institucional
Lo que observamos desde esta redacción es un patrón consolidado desde el verano pasado: el TEDH marca una hoja de ruta que los tribunales catalanes aplican caso por caso, mientras la Generalitat mantiene un discurso de defensa de la inmersión que no se traduce en adaptación normativa. La Conselleria de Educació no ha movido ficha para modificar el decreto de lenguas ni el proyecto lingüístico de centro tipo, lo que convierte cada recurso en un pulso judicial sin horizonte de solución general.
La jurisprudencia europea y los pronunciamientos del TSJC dejan poco margen a la interpretación, pero la falta de un marco claro obliga a los padres a un goteo de demandas que se resolverán, como en el Maresme, con sentencias parciales que solo benefician al recurrente. Mientras tanto, los alumnos que no pleitean siguen sin recibir la enseñanza bilingüe que Estrasburgo considera obligatoria.
El Govern de Salvador Illa, que heredó esta patata caliente, se enfrenta a un equilibrio difícil. Ceder en la aplicación general del 25% de castellano irritaría a sus socios de ERC y alimentaría el discurso de Junts sobre la defensa de la lengua. Mantenerse enrocado, sin embargo, puede acarrearle una catarata de condenas en costas y el desgaste político de aparecer como un ejecutivo que desoye a los tribunales. De momento, los despachos de la Generalitat han optado por la inacción, con la esperanza de que el goteo no se convierta en riada.
El precedente más cercano, la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a rotular en castellano, ya generó una áspera controversia. La Generalitat, lejos de acatarla sin matices, pidió su nulidad. Esa misma estrategia se perfila ahora para el ámbito escolar: recurrir y ganar tiempo mientras el modelo actual se desgasta a golpe de sentencia. Pero cada fallo como el del Maresme desgasta un poco más la posición del Govern y refuerza la percepción de que la inmersión monolingüe, tal y como se concibió hace décadas, tiene los días contados en los tribunales.
