EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? España supera las 200.000 hectáreas quemadas y la UE registra 1.200 incendios, el doble de la media, con una superficie arrasada equivalente a Luxemburgo.
- ¿Quién está detrás? La crisis climática genera condiciones de sequía extrema y altas temperaturas; la Comisión Europea activa el Mecanismo de Protección Civil, pero la falta de medios aéreos propios lastra la respuesta.
- ¿Qué impacto tiene? La economía y la seguridad de miles de ciudadanos están en juego. España, el país más perjudicado, evacua a 90.000 personas y afronta daños millonarios mientras la UE debate crear una flota europea de hidroaviones.
Con más de 200.000 hectáreas calcinadas, el 0,4% de su territorio, España se ha convertido en la gran víctima de los incendios forestales que azotan Europa en 2026. El bloque comunitario roza su peor temporada histórica, con una superficie quemada que ya equivale al tamaño de Luxemburgo y 1.200 fuegos registrados, más del doble de la media anual, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Los datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la UE, sitúan a España a la cabeza de un siniestro balance: alrededor de 200.000 hectáreas arrasadas por las llamas, una extensión que representa el 0,4% de su superficie. El domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que se avecinaban «horas difíciles» después de que más de 90.000 personas tuvieran que ser evacuadas en las provincias de Madrid y Ávila.
Portugal no sale mejor parado. Con el 0,3% de su territorio calcinado, el país vecino mantiene a todos los distritos del norte y el centro, además de Faro, en el Algarve, bajo alerta máxima. Francia tampoco escapa: 260.000 evacuados y el departamento de Gironde, en el suroeste, como la zona más castigada. Fuera de la UE, Ucrania y Montenegro presentan tasas de superficie quemada aún mayores.
La temporada de incendios de 2026 deja ya una huella ecológica demoledora. Copernicus calcula que los fuegos han emitido más de ocho millones de toneladas de CO₂ en la UE, una cantidad que supera con creces las emisiones anuales de un ciudadano medio (5,55 toneladas). Y la previsión meteorológica no da tregua: se espera una «precipitación por debajo de la media» en amplias zonas de Francia, los Alpes y los Balcanes, lo que podría agravar aún más la situación.
La respuesta comunitaria se ha activado a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, pero la carencia de medios aéreos propios se hace más evidente que nunca. A pesar de que el bloque cuenta con un programa de reserva estratégica (rescEU), la flota de hidroaviones Canadair sigue siendo insuficiente y depende en gran medida de la disposición de los Estados miembros, que a su vez luchan con aeronaves envejecidas y una demanda cada vez mayor.
La solidaridad europea funciona sobre el papel, pero sin una flota permanente de hidroaviones, cada verano volvemos a depender de los mismos gestos heroicos de siempre.
Un verano de récord y evacuaciones masivas
Los 1.200 incendios contabilizados en 2026 duplican la media anual de 569, y la superficie arrasada –ya por encima de las 250.000 hectáreas– ha llevado a la Comisión Europea a hablar de un «verano negro». En España, la situación es especialmente dramática: las más de 200.000 hectáreas quemadas suponen la mayor proporción de territorio afectado de toda la UE. A eso se suma un coste económico que, según primeras estimaciones, podría superar los varios cientos de millones de euros solo en labores de extinción y ayudas de emergencia.
Las evacuaciones masivas en Madrid y Ávila reflejan la rapidez con la que el fuego ha devorado zonas habitadas. La declaración de Sánchez, «horas difíciles», resume un fin de semana en el que los servicios de emergencia trabajaron al límite. Aunque el operativo nacional –con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada– ha evitado un número mayor de víctimas, la falta de aeronaves de gran capacidad ralentiza las tareas de contención.
La respuesta de Bruselas: solidaridad sin medios propios
A mediados de julio, la Comisión Europea activó el Mecanismo de Protección Civil para coordinar el envío de recursos a los países afectados. Sin embargo, la ayuda llega en forma de brigadas terrestres y algunos aviones ligeros, porque la ansiada flota europea de hidroaviones aún está lejos de ser una realidad. El programa rescEU, diseñado para crear una reserva de aeronaves de extinción, apenas cuenta con un puñado de Canadair y Air Tractor adquiridos de manera conjunta; la mayoría de las aeronaves siguen siendo nacionales y, en el caso español, tienen una edad media que supera los 25 años.
Esta fragmentación tiene consecuencias directas. Cuando varios Estados afrontan emergencias simultáneas, el sistema de apoyo mutuo se resiente. España y Portugal, los dos países más golpeados, comparten recursos de manera bilateral, pero la demanda actual supera la capacidad operativa. Bruselas reconoce la debilidad: en el último Consejo de Ministros de la UE de julio, varios Estados del sur reclamaron un refuerzo urgente del parque aéreo comunitario, pero los países del norte –menos expuestos a grandes incendios– mostraron reticencias a financiar una flota permanente.
El Eje del Poder Europeo
La crisis de los incendios de 2026 desnuda un conflicto de fondo en la arquitectura de la UE: el reparto asimétrico de los riesgos climáticos y la dificultad de articular una respuesta solidaria cuando el impacto no es uniforme. Mientras España arde, los países escandinavos registran precipitaciones por encima de la media. Esta fractura norte-sur –tan familiar en la historia comunitaria– complica cualquier avance hacia una política común de protección civil con recursos propios.
Para España, el coste de esta asimetría es doble. Por un lado, Moncloa debe destinar partidas extraordinarias a la extinción y a la reconstrucción, un gasto que no está previsto en la senda fiscal negociada con Bruselas y que podría tensar los Presupuestos Generales del Estado. Por otro, la imagen de un país que afronta solo una crisis climática de esta magnitud refuerza el discurso de quienes, en el sur, exigen una mayor ambición a la UE en materia de adaptación.
El precedente más cercano lo encontramos en la crisis de la pandemia. Entonces, la UE fue capaz de crear un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y mutualizar deuda tras un intenso pulso político. En el caso de los incendios, la respuesta es más modesta, pero el debate sobre una «unidad de catástrofes climáticas» empieza a tomar cuerpo. La Comisión Europea ya ha encargado un estudio de viabilidad para la creación de una flota europea de hidroaviones, pero su aprobación requeriría un consenso que hoy parece lejano.
Observamos una ventana de oportunidad en la próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para septiembre, donde los líderes abordarán el informe anual de evaluación de riesgos climáticos. Si el sur logra formar un frente común –España, Portugal, Francia, Italia y Grecia– la presión para que rescEU deje de ser un parche y se convierta en un escudo real será difícil de ignorar. De lo contrario, 2026 habrá sido solo un ensayo de lo que el cambio climático reserva para las próximas décadas.
