EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para investigar la retirada de la paga semanal de 17 euros a los menores migrantes tutelados por el Gobierno autonómico.
- ¿Quién está detrás? La medida la anunció el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), quien argumenta que el dinero equivale a siete plazas para ancianos en residencias.
- ¿Qué impacto tiene? La oposición denuncia discriminación por nacionalidad. PSOE y CHA han presentado quejas ante el Justicia y la Fiscalía, respectivamente.
El Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para investigar la retirada de la paga semanal de 17 euros a los menores migrantes tutelados por el Gobierno de Aragón. La medida, anunciada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, encendió las alarmas de la oposición al considerarla una posible discriminación por origen nacional.
Un expediente de oficio por presunta discriminación
La decisión la adoptó la titular del Justicia, Concepción Gimeno, después de que varias informaciones periodísticas denunciaran la supresión de la ayuda. El expediente se fundamenta en las competencias de la institución sobre protección de la infancia y la adolescencia, según el comunicado oficial. La Justicia ha solicitado información al Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia sobre sobre el fundamento y el ámbito de aplicación de la medida.
El Justicia de Aragón es el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo, una figura encargada de supervisar que la administración respete los derechos de los ciudadanos. Puede actuar de oficio cuando detecta actuaciones que podrían vulnerar esos derechos.
Reacciones políticas y judiciales: del PSOE a la Fiscalía
Ayer, la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, presentó una queja formal ante el Justicia pidiendo una intervención urgente. Los socialistas exigen que el Gobierno regional explique qué informes jurídicos, educativos, sociales y económicos sustentan una medida que, según denuncian, retira la paga a menores extranjeros pero la mantiene para los españoles en la misma situación de tutela. Esa diferencia de trato se basa exclusivamente en la nacionalidad.
La Chunta Aragonesista (CHA) fue un paso más allá. El pasado martes presentó una denuncia ante la Fiscalía acusando a los responsables de la instrucción del Gobierno de Aragón de poder haber incurrido en delitos de odio y prevaricación. La formación nacionalista sostiene que la medida estigmatiza a los menores por su origen.
Retirar la ayuda a los menores extranjeros mientras se mantiene para los españoles tutelados es, según los socialistas, una diferencia de trato basada exclusivamente en la nacionalidad.
El vicepresidente Nolasco defendió la retirada de la paga argumentando que los 180.000 euros anuales que cuesta la asignación equivalen a hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias. La polémica abre así un debate sobre la distribución de los recursos sociales en Aragón.
El Pulso Territorial
Aragón está gobernado desde 2023 por una coalición entre el PP y Vox, con Jorge Azcón al frente y Alejandro Nolasco como vicepresidente y responsable de Desregulación. La retirada de la paga a los menores migrantes encaja en la línea dura de Vox contra la inmigración, una posición que ha generado tensiones internas aunque, por ahora, el Gobierno mantiene el pulso.
El expediente del Justicia añade un control jurídico independiente que podría incomodar al Ejecutivo autonómico. Con alrededor de 200 menores afectados —la partida suprimida asciende a 180.000 euros anuales—, la investigación evaluará si la medida contraviene los derechos de la infancia o si, como sostiene Nolasco, se trata de una reasignación de recursos. En otras comunidades autónomas, medidas similares relacionadas con la gestión de menores migrantes han provocado choques entre los gobiernos regionales y las instituciones de control, pero en Aragón es la primera vez que el Justicia abre un expediente de oficio por este motivo.
Lo que viene ahora es un proceso de información y, previsiblemente, una recomendación del Justicia. Si la institución concluye que ha habido discriminación, el Gobierno de Aragón podría verse obligado a restituir la paga o a justificar la diferencia de trato con argumentos sólidos. Mientras, la denuncia de CHA ante la Fiscalía mantiene abierta también la vía penal, por lo que las próximas semanas serán decisivas para la política social de la comunidad.
Ficha Autonómica
- El caso: El Justicia de Aragón investiga la decisión del Gobierno regional de retirar la paga semanal a menores migrantes tutelados, una medida que la oposición vinculó de inmediato con un posible trato discriminatorio.
- Datos importantes: La asignación suprimida asciende a 17 euros semanales por menor, con un coste anual de 180.000 euros. El vicepresidente Nolasco argumenta que equivale a siete plazas para ancianos en residencias. PSOE y CHA denuncian discriminación por nacionalidad.
- Resumen: El expediente de oficio obligará al Departamento de Bienestar Social a explicar los fundamentos de la medida. La investigación del Justicia podría derivar en una recomendación para restituir la ayuda, mientras la oposición presiona en los tribunales.
