El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado al Registro de la Propiedad de Betanzos que inscriba el Pazo de Meirás a nombre del Estado español, cancelando las inscripciones que hasta ahora mantenían a los herederos de Francisco Franco como propietarios del inmueble. El auto, conocido este jueves, culmina un largo litigio que la Abogacía del Estado impulsó tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la titularidad estatal de la finca.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Justicia ordena inscribir el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), a nombre del Estado.
- ¿Quién está detrás? El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña, a instancias de la Abogacía del Estado.
- ¿Qué impacto tiene? La familia Franco pierde la inscripción registral del inmueble, que pasa oficialmente a manos públicas.
La orden judicial: fin al dominio registral de los Franco sobre Meirás
El auto, contra el que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días desde su notificación, ordena la cancelación de las inscripciones contradictorias del dominio. De esta forma, el Pazo —la casa señorial gallega situada en el municipio coruñés de Sada— figurará a nombre del Estado y no de los herederos del dictador, como ocurría hasta el momento. La decisión judicial ejecuta por fin la sentencia del Tribunal Supremo que ya había confirmado la propiedad pública del inmueble.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo falló por unanimidad que el Pazo de Meirás pertenece al Estado porque, desde 1938, estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado. Los magistrados concluyeron que los moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, cuando dejó de prestarse todo tipo de servicio por parte de la administración. No había transcurrido el plazo legal de 30 años para adquirir la propiedad, argumentó el alto tribunal.
Aquella sentencia desestimó los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco, nietos del dictador, que defendían su derecho de propiedad sobre una finca que recibieron por donación en 1941. La Abogacía del Estado mantuvo que la adquisición fue fraudulenta y que el inmueble siempre conservó su carácter público.
El Pazo de Meirás es el último gran símbolo inmobiliario del franquismo que la justicia ha devuelto al patrimonio público.
La salida de los Franco y el informe que marcó el litigio
El proceso no ha sido solo judicial. La entrega material del inmueble al Estado se produjo hace meses, en un episodio que incluyó un informe encargado por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aquel documento resultó clave para que la familia Franco percibiera una compensación cercana al millón de euros por el abandono del Pazo y los bienes muebles que contenía.
La cifra generó controversia en el Parlamento de Galicia. El BNG y el PSdeG criticaron lo que consideraron un trato favorable a los herederos del dictador. El PPdeG defendió el pago como un mal menor para recuperar el inmueble sin más dilaciones judiciales. Ahora, la orden del Juzgado de A Coruña sella la propiedad pública más allá de toda disputa.
El Laboratorio Gallego
Galicia ha sido, casi sin proponérselo, el epicentro de algunas de las decisiones más delicadas sobre memoria histórica en España. El Pazo de Meirás es un caso que combina derecho civil, memoria democrática y estrategia política, tres planos que la Xunta del PPdeG ha manejado con cautela durante años. El informe encargado por Feijóo fue una pieza pragmática en un tablero donde el PP nacional observa con atención los movimientos de sus barones territoriales.
La gestión gallega del conflicto de Meirás ilustra una manera de actuar que, según fuentes del PP nacional, podría replicarse en otros bienes de origen dudoso vinculados al franquismo. La combinación de litigio judicial firme —respaldado por la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno central— y salida negociada de los ocupantes, con compensación tasada, ofrece un modelo que evita la confrontación directa y minimiza el coste político para la derecha.
El BNG, principal fuerza de la oposición, ha reprochado a la Xunta lo que considera una tibieza con el legado franquista. El PSdeG, por su parte, ha reclamado acelerar la conversión del Pazo en un espacio de memoria histórica. Mientras tanto, la decisión judicial de A Coruña despeja el camino para que el Gobierno central —ahora propietario pleno del inmueble— defina su futuro uso cultural y turístico. Lo que ocurra en Meirás resonará mucho más allá de Sada.
Ficha del Caso
- El caso: El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña ordena inscribir el Pazo de Meirás a nombre del Estado, anulando las inscripciones de los nietos de Franco.
- Datos importantes: El auto es recurrible en 5 días. La sentencia del Supremo fue unánime. Los Franco recibieron cerca de un millón de euros tras un informe de la Xunta de Feijóo.
- Resumen: Galicia cierra el capítulo registral del último gran símbolo inmobiliario del franquismo, en un proceso que combina memoria histórica, estrategia judicial y una lectura política con proyección nacional.
