EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los vecinos de 94 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen recurrida la tasa de basuras de 2026, incluidos grandes como Fuenlabrada, Móstoles o la propia capital.
- ¿Cuándo ocurre? La tasa ya está en vigor este año; los recursos judiciales están en marcha y las sentencias se esperan en los próximos meses.
- ¿Qué cambia hoy? Con Parla y Alcorcón suspendiendo el cobro y el Ayuntamiento de Madrid en su tercera ordenanza, el contribuyente vive la incertidumbre de si pagará o recibirá devolución.
Más de la mitad de los municipios madrileños —94 de 179— tienen recurrida la tasa de basuras de 2026, según datos recabados por ABC. La litigiosidad desatada por la ley estatal de residuos ha llevado a un centenar de ayuntamientos a los tribunales, con el caso de la capital como el más mediático: el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ya prepara su tercera versión de la ordenanza fiscal sin garantías de que no corra la misma suerte que las de 2024 y 2025.
El partido Más Madrid ha impugnado la tasa en, al menos, 94 de los 179 municipios de la región, entre ellos algunos de los más poblados como Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles o Torrejón de Ardoz. La estrategia se ha extendido por todo el territorio y afecta tanto a ayuntamientos gobernados por el PP (Alcobendas, Boadilla del Monte, Majadahonda, Móstoles…) como por el PSOE (Alcorcón, Fuenlabrada, Pinto…) y otros signos políticos, incluidos municipios pequeños como Torremocha del Jarama o Villar del Olmo.
Lo que acredita este aluvión de recursos es una doble realidad. La primera, que los tribunales van a decidir sobre la legalidad de ordenanzas muy dispares sin criterios comunes. La segunda, que los madrileños pagan por partida doble: en la capital, Almeida ya ha advertido de que no devolverá el dinero a todos los contribuyentes aunque la tasa quede definitivamente tumbada. Solo se reintegrará «en aquellos casos en los que la ley permita devolver».
El mapa de la rebelión fiscal: casi cien ayuntamientos en vilo
Ni el color político ni la densidad de población han frenado las impugnaciones. Junto a los 94 municipios recurridos por Más Madrid se suman las acciones interpuestas por vecinos, asociaciones y otros partidos como Vox, PP o PSOE en más localidades. El resultado es un embrollo judicial que suma cientos de recursos en toda la Comunidad de Madrid.
La raíz está en la Ley 7/2022, que transpone la directiva europea de 2018 sobre residuos y obliga a todos los ayuntamientos a crear una tasa que financie el coste real del servicio. Pero el Gobierno central dejó amplio margen de diseño a los consistorios, y ahí han surgido las disputas: muchas impugnaciones no cuestionan la obligación de cobrar, sino cómo se ha aprobado o calculado el tributo.
La ausencia de directrices homogéneas explica que dos municipios gobernados por el PSOE, Parla y Alcorcón, hayan optado por suspender el cobro. En Parla, el alcalde dejó «en suspenso» la tasa por considerarla una «injusticia», y en Alcorcón se paralizó hasta conocer las resoluciones judiciales. Ambos ayuntamientos asumen el riesgo de tener que costear el servicio con cargo al presupuesto municipal mientras la tasa no se cobre.
La mitad de los municipios recurren una tasa que el Gobierno central impuso sin un manual de instrucciones claro.
La capital y su tercera intentona: Almeida busca esquivar el nuevo varapalo
El caso más sonado es el de Madrid capital. La tasa de basuras del Ayuntamiento va ya por su tercera versión y el alcalde popular no garantiza que la de 2026 no acabe, como la de los dos años anteriores, en en los tribunales. La izquierda acusa a Almeida de improvisar y de aplicar a rajatabla una ley «injusta» y «regresiva» impuesta por Moncloa.
Mientras, Más Madrid ha recogido más de 130.000 reclamaciones de vecinos dispuestos a reclamar la devolución. «Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo» ha sido el eslogan con el que la formación ha movilizado a miles de contribuyentes cansados de una tasa que ya fue anulada judicialmente en ejercicios pasados por defectos de forma.
La ley que encendió la mecha: directriz europea, caos municipal
La norma estatal parte del principio europeo de «quien contamina, paga»: los Estados miembros deben alcanzar el 55 % de reciclaje y reutilización en 2025, porcentaje que subirá al 60 % en 2030. España cumplió con la ley 7/2022, pero dejó que cada ayuntamiento fijara su propia tasa. Eso ha generado una cascada de recursos que ahora colapsa los juzgados.
En esta redacción hemos seguido el goteo de recursos desde 2024 y observamos cómo el desorden normativo perjudica al vecino de a pie. A falta de un manual compartido, los tribunales tendrán que decidir si los ayuntamientos aplicaron bien los criterios de cálculo del coste real del servicio; y mientras tanto, el contribuyente madrileño no sabe si el recibo que paga este año acabará siendo ilegal o no.
