Desde el inicio de la legislatura, la Junta de Portavoces del Parlament ha bloqueado al menos ocho comparecencias urgentes del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El blindaje, ejercido por los votos de PSC, ERC y Comuns —la mayoría que sostiene al Govern—, ha impedido que el jefe del ejecutivo rinda cuentas de inmediato sobre crisis como el colapso de Rodalies, los escándalos de corrupción del PSOE o el fiasco de las pruebas PISA.
La maquinaria parlamentaria se ha convertido, así, en un muro de contención para proteger al president, mientras la oposición acumula peticiones rechazadas. Según revela ElNacional.cat, la coalición de investidura ha optado de manera reiterada por aplazar las comparecencias o trasladar el debate a otras instituciones, una estrategia que Junts, PP y Vox denuncian como un ‘pacto implícito’ para evitar el desgaste de Illa en los momentos más críticos.
Los ocho bloqueos: de Rodalies a la corrupción del PSOE
El episodio más reciente se produjo el pasado 18 de julio, cuando PSC, ERC y Comuns frenaron la petición de Junts para que Illa explicara con urgencia las deficiencias en las pruebas PISA. ERC justificó el rechazo apelando al ‘rigor’ y emplazó la comparecencia a septiembre; los Comuns, pese a calificar de ‘decepcionantes’ las explicaciones de la consellera Niubó, defendieron que el debate debía hacerse ‘con luz y taquígrafos’ una vez se tuvieran todos los datos. Solo un mes antes, el 9 de junio, la misma mayoría ya había evitado que Illa diera la cara por el malestar en el sistema educativo, marcado por huelgas y protestas, sin que republicanos ni Comuns dieran explicaciones públicas de su voto, lo que alimentó las acusaciones de blindaje.
La sombra de la corrupción en el PSOE también ha sido objeto de bloqueo sistemático. El 2 de junio de 2026, la Junta rechazó incluir en el orden del día las solicitudes de Junts, PP y Vox para debatir esos casos. ERC defendió no ‘españolizar’ el Parlament y remitir el asunto a las Cortes. La misma escena se repitió el 23 de junio de 2026, y ya antes, el 25 de junio de 2025, la mayoría había evitado otra comparecencia urgente alegando que Illa ya se había comprometido a comparecer más adelante y que el tema estaba ‘vinculado a Madrid’. En las tres ocasiones, los Comuns se sumaron al bloqueo.
La crisis ferroviaria tampoco se libró. El 12 de marzo de 2025, PSC, ERC y Comuns —junto a la CUP— rechazaron que Illa compareciera de inmediato por el ‘caos’ en Rodalies. En su lugar, optaron por un pleno monográfico semanas más tarde, que terminó con la reprobación de la consellera Paneque, pero sin un careo directo con el president en el momento de máxima presión. El 4 de febrero de 2025, la Junta ya había impedido que Illa hablara sobre las informaciones acerca del imán de Ripoll y el CNI. Y el 3 de diciembre de 2025, en plena crisis de la peste porcina, la mayoría vetó incluso debatir una propuesta para que Illa volviera de México a dar explicaciones inmediatas. Entonces, ERC defendió ‘los mecanismos previstos’ y los Comuns argumentaron que la petición solo buscaba confrontación.
La Junta de Portavoces se ha consolidado como una barrera infranqueable para las peticiones de control inmediato sobre el president.
El ‘pacto implícito’ que denuncia la oposición: aplazar o desplazar
La narrativa de la oposición es clara: Illa disfruta de una inmunidad parlamentaria de facto. Junts, el principal partido opositor, lleva meses denunciando que ERC y Comuns han convertido la Mesa y la Junta de Portavoces en un escudo. Los republicanos, sin embargo, justifican cada rechazo con argumentos de procedimiento —’rigor’, ‘mecanismos previstos’, ‘evitar la españolización’— que, en realidad, retrasan el control político hasta que el asunto pierde filo mediático. Los Comuns, por su parte, oscilan entre la crítica a la gestión y el apoyo disciplinado a la mayoría.
No es la primera vez que una coalición de gobierno en Cataluña blinda a su presidente, pero los ocho bloqueos registrados en apenas dos años superan cualquier precedente reciente. La estrategia no sale gratis: el ejecutivo acumula ya tres conselleras reprobadas —la de Territori, Sílvia Paneque; la de Interior, Núria Parlon; y la de Educació, Esther Niubó— como efecto colateral de las crisis que se intentaron amortiguar sin el president al frente.
El coste político: protección al president, desgaste del Govern
El blindaje tiene un doble filo. Mientras Illa esquiva el desgaste directo de las comparecencias urgentes, su ejecutivo recibe los golpes parlamentarios. Las reprobaciones a las conselleras debilitan al Govern y proyectan una imagen de mando fragmentado, donde el president se mantiene al margen mientras sus conselleras asumen el coste. Este esquema puede ser funcional a corto plazo, pero alimenta la percepción de que Illa gobierna desde un búnker, sin exponerse al control de la cámara que lo invistió.
Además, la dependencia de los socios de investidura se ha intensificado. ERC y Comuns, que en otros tiempos exigían máxima transparencia, se han convertido en los garantes del mecanismo de blindaje. Cada vez que su voto impide una comparecencia inmediata, se refuerza la imagen de un tripartito que prefiere la estabilidad interna a la fiscalización. La paradoja es que, para mantener la legislatura, el PSC ha cedido la potestad de decidir cuándo Illa debe dar la cara.
En el horizonte, el inicio del curso político en septiembre puede poner a prueba este sistema. Las comparecencias aplazadas —como la de PISA— y la presión por los presupuestos del próximo año obligarán a la coalición a demostrar si el blindaje es una medida excepcional o la norma de los próximos meses. De momento, las hemerotecas y los registros de la Junta de Portavoces muestran ocho veces que Illa no compareció. Y la oposición ya cuenta nueve.
