EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Congreso celebró el pleno escoba el pasado 23 de julio y dejó 81 proyectos de ley pendientes de tramitación para septiembre.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista, que necesitan el apoyo de sus socios (Junts, ERC, PNV, etc.) para sacar adelante las leyes.
- ¿Qué impacto tiene? La incapacidad de aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria por segunda vez en un mes condiciona la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta 81 proyectos de ley aún en tramitación en el Congreso tras el pleno escoba del pasado 23 de julio. Una sesión que permitió convalidar decretos de relevancia social, pero también confirmó los límites de una aritmética parlamentaria donde Junts y la oposición vuelven a ser determinantes.
Luces y sombras en el pleno escoba de julio
En la maratoniana sesión del 23 de julio, el Ejecutivo logró sacar adelante la convalidación del segundo decreto de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Medio —que incluye una rebaja de los carburantes— y la reforma de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. Además, tras un desencuentro con el Senado, culminaron su tramitación tres proposiciones de ley del PSOE: la actualización del programa de cribado neonatal, la transferencia de la AP-9 a Galicia y la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para profesionales de mutualidades alternativas. Esta última permitirá a abogados, procuradores o arquitectos trasladar sus fondos al sistema público para mejorar su pensión futura.
Con los votos de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, se aprobó también una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para constituir grupo parlamentario propio. Pero el mismo pleno certificó el bloqueo de la mayoría: PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez consecutiva en apenas un mes los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el paso previo obligado para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. La senda de déficit también fue rechazada, aunque sin consecuencias prácticas, y el Gobierno podrá presentar sus cuentas a la vuelta del verano.
Una mochila cargada de promesas sociales y reformas institucionales
Entre los 81 proyectos de ley que aguardan en el Congreso, un nutrido bloque tiene que ver con derechos sociales y sanidad. La Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que pretende recuperar la cobertura para quienes quedaron fuera —como las personas extranjeras sin residencia legal—, lleva esperando desde la anterior legislatura. También siguen pendientes la reforma de la financiación de la dependencia para pacientes de ELA y otras enfermedades de curso irreversible, y la Ley de Organizaciones de Pacientes, que integrará a las asociaciones de pacientes en la gobernanza del SNS. La Ley de Familias y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para trasponer la directiva europea sobre condiciones laborales fueron registradas en 2024 y aún no han visto la luz.
En el terreno laboral destaca el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, cuyo objetivo es poner coto a la precariedad de los becarios —una reclamación sindical de larga data. En el capítulo institucional el Gobierno deberá desatascar la Ley de Transparencia de los lobbies, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Información Clasificada, que por fin sustituirá la norma franquista de secretos oficiales de 1968. También están en tramitación la Ley de gobernanza de la inteligencia artificial y la de protección de menores en entornos digitales, con un retraso notable pese a los apremios de Bruselas. Y en cultura, la Ley del Cine acumula más de dos años de espera en la Cámara.
La parálisis no es legislativa: el Gobierno aprueba reales decretos y el Congreso llega al verano con 74 normas publicadas en el BOE. La dificultad radica en convertir esa producción en leyes estables que necesitan de una mayoría que hoy no se ha consolidado.
No todos esos proyectos parten de cero. Una parte importante corresponde a la tramitación como ley de reales decretos-ley ya en vigor, como las ayudas por la dana, la revalorización de las pensiones o la respuesta a la amenaza arancelaria, que se aplican desde su convalidación pero necesitan el trámite parlamentario para consolidarse.
Con todo, hay tres proposiciones que ya han superado el examen del Congreso y ahora esperan enmiendas en el Senado: la prohibición de las terapias de conversión LGTBIQ+, el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones y el impulso a la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva en empresas. A ellas se suma un proyecto de ley sobre extensión de derechos de las personas con discapacidad, que ya se tramita como tal en la Cámara alta y es, por tanto, la iniciativa que más opciones reales tiene de convertirse en ley al inicio del curso.
El Eje del Poder Socialista
Desde Ferraz se insiste en que la capacidad de gestión del Ejecutivo no está en cuestión —los 74 reales decretos-ley publicados en el BOE desde el inicio de la legislatura lo atestiguan—, pero la fotografía de 81 proyectos pendientes refleja un cuello de botella parlamentario que incumbe al Grupo Parlamentario Socialista y, sobre todo, a sus interlocutores. La dependencia de Junts, decisiva en la votación de los objetivos de estabilidad, obliga a explorar todas las vías de diálogo, incluso con aquellos socios que han demostrado que su voto no es gratuito.
Los barones socialistas, empezando por Emiliano García-Page y Adrián Barbón, han pedido en reiteradas ocasiones que la negociación con las formaciones independentistas no se haga a costa de la igualdad territorial. Sin embargo, el Gobierno subraya que medidas como la futura Ley de Familias o la reforma de la dependencia beneficiarán a todos los ciudadanos, y que los acuerdos con Cataluña pueden ser compatibles con la cohesión si se diseñan con rigor. La Ley de Universalidad del SNS, por ejemplo, restauraría la asistencia sanitaria a colectivos que hoy carecen de ella en todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP.
El bloqueo de los presupuestos es quizás el riesgo más inmediato. Sin un acuerdo parlamentario, el Ejecutivo podría prorrogar las cuentas actuales, pero perdería la oportunidad de introducir nuevas partidas sociales. El calendario de septiembre se presenta cargado: el Congreso tendrá que abordar la convalidación de nuevos decretos y desempolvar decenas de proyectos que llevan más de un año en el cajón. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el portavoz del GPS, Patxi López, deberán orquestar una estrategia de negociación que teja mayorías puntuales para cada texto, conscientes de que Junts y ERC marcarán el ritmo de la legislatura.
La experiencia de la pasada legislatura, donde se alcanzaron 215 iniciativas aprobadas, demuestra que el partido sabe gobernar con mayorías fragmentadas. No obstante, esta vez el volumen de proyectos atascados en el trámite de enmiendas exige una dosis extra de voluntad política y, sobre todo, de cintura para evitar que el desgaste de la negociación diluya la agenda social que el PSOE ha reivindicado como su bandera. El reto, en definitiva, es traducir la capacidad normativa del Gobierno en leyes duraderas sin sacrificar los principios de la socialdemocracia.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Gobierno de Sánchez avanza con reales decretos, pero necesita tejer mayorías estables para convertir su agenda social en leyes. El diálogo con los socios es la única vía.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Reapertura de las Cortes en septiembre y primer pleno del Congreso, donde se intentará aprobar los objetivos de estabilidad y se calificará la documentación de los Presupuestos Generales del Estado.
