EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del ‘caso Begoña Gómez’, tras una queja de Manos Limpias por presunta ‘desconsideración’ en sala.
- ¿Quién está detrás? La acusación popular que ejerce Manos Limpias, cuyo abogado, Víctor Soriano, denuncia un ‘tono impropio’ del magistrado durante un receso de la vista.
- ¿Qué impacto tiene? La iniciativa, pese a ser un trámite preliminar, reaviva el debate sobre la independencia judicial en plena ofensiva del Gobierno contra el juez Peinado.
El CGPJ ha abierto diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a raíz de la queja presentada por los abogados de Manos Limpias. La formación, que ejerce la acusación popular en el denominado ‘caso Begoña Gómez’, denuncia una ‘desconsideración’ del magistrado durante un receso de la vista celebrada en junio, donde se debatía la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.
Según ha podido confirmar este diario de fuentes jurídicas, el incidente se produjo cuando la letrada de Manos Limpias solicitó ausentarse para tomar un vuelo y otro compañero, que aguardaba en los pasillos de Plaza de Castilla, pidió sustituirla para que la parte no quedara sin representación. El agente judicial comunicó la negativa del instructor, y el LAJ intentó gestionar el relevo. En ese momento, el juez Peinado, según el relato de la queja, se dirigió al abogado ‘con manifiesta desconsideración, en tono impropio de la alta función que desempeña, compeliéndole a abandonar la sala de manera descortés’.
La queja, firmada por el letrado Víctor Soriano, sostiene que el magistrado ‘elevó el tono de voz y profirió órdenes de abandonar la sala’, sin atender a las explicaciones del Letrado de la Administración de Justicia. Por ello, solicitan la incoación de un procedimiento sancionador y la imposición de la sanción que proceda. Ahora, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ deberá valorar si existen indicios de falta disciplinaria o archiva las actuaciones previas.
La decisión del órgano de gobierno de los jueces, de la que ha informado La Razón, no prejuzga ninguna responsabilidad, pero coloca al juez Peinado —instructor de la causa más sensible para el entorno de Pedro Sánchez— bajo un nuevo foco mediático. Y lo hace justo cuando el Gobierno redobla sus acusaciones de ‘lawfare’ contra los magistrados que investigan a personas próximas al presidente.
Una queja que desborda lo disciplinario
El escrito de Manos Limpias describe un episodio de aparente tensión en la sala durante un trámite de gran calado: la posible imposición de medidas cautelares personales contra Begoña Gómez y otros acusados. El hecho de que el juez impidiera un relevo entre letrados, acreditado documentalmente por el LAJ, ha servido de base para una queja que, en el plano estrictamente disciplinario, podría calificarse como una falta de respeto a los profesionales.
Sin embargo, el contexto político lo convierte en algo más. El PP ha denunciado reiteradamente que el Gobierno utiliza la estrategia de la deslegitimación judicial para condicionar las causas que afectan a sus intereses. En este sentido, fuentes de la cúpula popular consultadas por este medio subrayan que ‘cualquier procedimiento que aclare la actuación de los jueces, sea favorable o no, refuerza la transparencia del sistema y desmonta la narrativa de la persecución política’.
La ofensiva gubernamental contra el juez Peinado
El juez Peinado está en el centro de la diana del Ejecutivo desde que asumió la instrucción del ‘caso Begoña Gómez’. Moncloa y los ministerios socialistas han lanzado insinuaciones sobre una presunta ‘cacería judicial’, mientras que la Fiscalía ha recurrido varias de sus decisiones. La coincidencia de estas diligencias informativas con ese clima no es casual: la mera existencia de un expediente, aunque sea preliminar, puede ser utilizada para intentar erosionar la credibilidad del instructor.
Desde Génova se observa el movimiento con prudencia, pero con la convicción de que el CGPJ actúa con independencia. ‘La justicia no se explica en los telediarios, sino en los autos y en los procedimientos disciplinarios cuando toca’, apuntan fuentes del Grupo Parlamentario Popular. El PP confía en que el Promotor de la Acción Disciplinaria resuelva con criterio técnico, sin presiones externas.
La queja de Manos Limpias, por muy legítima que sea, se convierte en un episodio más de la guerra por el control del relato judicial que libran el Gobierno y el PP desde hace años.
El Eje del Poder Popular
Para el Partido Popular, la pieza no es un asunto disciplinario aislado sino un nuevo capítulo en la batalla por la separación de poderes. La dirección nacional, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha hecho de la defensa de la independencia judicial uno de sus ejes de oposición. Cada vez que se abre un procedimiento que afecta a un juez que investiga al entorno de Sánchez, el PP lo aborda como una oportunidad para reforzar su mensaje de que la justicia debe blindarse frente a las campañas de descrédito.
El expediente informativo abierto por el CGPJ no compromete la instrucción del ‘caso Begoña Gómez’, pero sí revela la sensibilidad del momento. Los barones autonómicos han respaldado unánimemente la línea de Génova de no interferir en los asuntos judiciales, pero sí de denunciar cualquier intento de coacción. Isabel Díaz Ayuso ha sido especialmente beligerante: su gobierno en la Comunidad de Madrid siempre ha defendido la labor de los jueces madrileños, incluido el juzgado de Plaza de Castilla.
La lectura estratégica que hacen en la cúpula popular es que este tipo de episodios, lejos de debilitar al juez Peinado, refuerzan la percepción de que el Gobierno trata de desviar la atención de los fondos del caso. ‘Cada vez que Moncloa señala a un juez, la ciudadanía entiende que algo esconde’, resumen fuentes del partido. El PP mantendrá su perfil de apoyo a la labor judicial y de exigencia de respeto institucional, convencido de que la credibilidad de la justicia es la mejor vacuna contra el ‘lawfare’ que denuncia el Ejecutivo.
En ese pulso, la apertura de diligencias informativas contra Peinado no es un punto final sino un compás de espera. El verdadero aterrizaje político llegará cuando el Promotor de la Acción Disciplinaria decida si archiva o sigue adelante. Hasta entonces, el PP observa y repite su mantra: ‘Los jueces no se tocan’.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La independencia judicial es la última trinchera del Estado de derecho. Cualquier procedimiento que aclare la actuación de un juez debe tramitarse sin presiones políticas.
- Protagonista: Cuca Gamarra (portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), quien ya denunció la ‘campaña de acoso’ del Gobierno contra el juez Peinado.
- Próximo hito: Decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ sobre si abre expediente sancionador o archiva las diligencias, previsiblemente en las próximas semanas.
