EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha presentado tres recursos ante la Fiscalía de Menores en julio contra la negativa de Aragón a acoger a los menores migrantes derivados desde las islas.
- ¿Quién está detrás? La directora de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, firma cada semana cinco o seis salidas de menores hacia otras comunidades, pero se topa con el rechazo de las gobernadas por PP y Vox.
- ¿Qué impacto tiene? La intervención del Ministerio Fiscal forzó la acogida de una quincena de chicos en Aragón, aunque la tensión autonómica por el reparto migratorio sigue en aumento.
El Gobierno de Canarias ha llevado a Aragón tres veces ante la Fiscalía de Menores en un solo mes para hacer efectivo el traslado de menores migrantes no acompañados, en un pulso que refleja la fractura entre comunidades ante la saturación del sistema de acogida.
Un mes de recursos y una quincena de traslados forzados
En julio, la directora de Infancia, Sandra Rodríguez, tuvo que recurrir en tres ocasiones al Ministerio Fiscal después de que la comunidad aragonesa no atendiera las derivaciones que le correspondían según la aplicación nacional de reparto. Una quincena de adolescentes quedó en el limbo hasta que la Fiscalía ofició y obligó a la administración de Aragón a aceptarlos.
«La Fiscalía oficia y los chicos continúan, ya que la comunidad no tiene más remedio que acatar», explicó Rodríguez al diario Canarias7 este jueves. La afirmación revela un mecanismo de presión institucional que Canarias ha activado precisamente cuando la llegada masiva de migrantes a Ceuta —con más de 1.500 menores para apenas 29 plazas— ha enconado aún más las posiciones del PP y Vox en los territorios donde cogobiernan.
Una red nacional desbordada: 2.700 menores en las islas
El archipiélago tutela hoy a 2.700 menores extranjeros no acompañados, una cifra que triplica las 787 plazas de acogida ordinaria y que obliga a mantener activa la contingencia migratoria. La directora canaria firma de media entre cinco y seis salidas semanales hacia la Península, un ritmo insuficiente para aliviar la presión.
El reparto se decide a través de un aplicativo informático que asigna cada derivación de forma aleatoria, en función de los criterios de población, renta y paro de la comunidad de destino, y sobre la base de las más de 17.000 plazas fijadas por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la revisión de principios de verano. Desde que comenzaron los traslados en el marco del nuevo sistema, Canarias ha derivado a 1.310 menores: 710 recién llegados y casi 400 por la contingencia migratoria, a los que se suman los procedentes de Ceuta y Melilla para un total nacional de 1.750.
Sin embargo, la entrada de Vox en los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía tras las elecciones ha endurecido la respuesta. Rodríguez admite que «las dificultades para los traslados están aumentando» y que el caso de Ceuta puede replicar la misma tensión. Canarias, con una capacidad desbordada, se convierte en el primer eslabón visible de una crisis que Madrid no logra articular.
El archipiélago triplica su capacidad de acogida mientras una parte del país se resiste a solidarizarse: la Fiscalía se ha convertido en el único cortafuegos.
El Pulso Territorial
En Aragón, el ejecutivo de coalición PP–Vox, encabezado por Jorge Azcón, ha convertido la negativa a los traslados en una bandera política, en sintonía con lo que ocurre en Extremadura, Castilla y León y Andalucía. La Fiscalía actúa como un dique jurídico, pero el choque institucional entre comunidades autónomas y con el Gobierno central no hará sino aumentar si no se articula un mecanismo de emergencia para casos excepcionales como el de Ceuta o el propio colapso canario. La directora de Infancia ya ha pedido al Ejecutivo estatal que replique el modelo de los menores refugiados, a los que el Estado asumió directamente. De momento, sin embargo, el horizonte es de más recursos ante la Fiscalía y más menores esperando un destino. En juego no está solo el bienestar de cientos de adolescentes, sino el propio concepto de corresponsabilidad autonómica.
Ficha Autonómica
- El caso: Desde que entró en vigor el nuevo sistema de reparto de menores migrantes, Aragón ha sido una de las comunidades que más se ha resistido a acoger a los menores que Canarias le deriva de forma aleatoria. En julio, la comunidad insular llevó a Aragón ante la Fiscalía en tres ocasiones.
- Datos importantes: 2.700 menores tutelados en Canarias (triplica la capacidad); 787 plazas ordinarias; 17.000 plazas nacionales revisadas en verano; 1.310 menores derivados desde Canarias; la Fiscalía forzó el traslado de 15 chicos.
- Resumen: Canarias seguirá firmando salidas y recurriendo ante la Fiscalía cuando los destinos se nieguen. La tensión se agrava con la llegada de menores a Ceuta y la negativa de las comunidades gobernadas por PP y Vox, sin un mecanismo estatal extraordinario a la vista.
