Vox ha anunciado hoy que llevará su oposición judicial al reparto de menores migrantes hasta las últimas consecuencias. La formación que preside Santiago Abascal activa tanto la vía contencioso-administrativa como la penal contra el Gobierno por la gestión de la crisis de Ceuta y la acogida de menores en las autonomías.
La estrategia jurídica de Vox: del tratado con Marruecos a la sentencia del Supremo
Según han confirmado fuentes del partido a Moncloa.com, Vox ha diseñado una ofensiva judicial en dos frentes. El primero, de carácter contencioso-administrativo, se apoya en el Tratado hispano-marroquí de 2007 que obliga a Marruecos a cooperar en el retorno de menores. Para la formación, el Gobierno debe proceder a la devolución inmediata a los centros de protección del país vecino, que ya ha manifestado su disposición a recibirlos. ‘Marruecos tiene órganos tutelares y de protección de menores’, subrayan desde la sede nacional.
El segundo pilar es una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024, dictada tras la crisis migratoria de 2021. El alto tribunal estableció que el tratado no es suficiente por sí solo: se requiere un expediente individualizado para cada menor que acredite que no hay motivos para la devolución. Vox interpreta esta doctrina como un blindaje: hasta que no se haya completado ese trámite para cada uno de los menores llegados a Ceuta, no puede efectuarse ningún reparto entre comunidades autónomas.
La formación ya ha iniciado esta vía en Extremadura, donde ha recurrido la acogida de cinco menores. La intención es escalar los recursos ante la Audiencia Nacional o el propio Tribunal Supremo, en función de la competencia, si el Ejecutivo no acredita en cada expediente la imposibilidad de retorno.
Además, el partido se acoge al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que exige un procedimiento administrativo individualizado. Vox sostiene que el Gobierno no ha cumplido ese trámite y, por tanto, el reparto carece de base legal. La instrucción que ha dado a sus servicios jurídicos es clara: reclamar copia de cada expediente y, si no se acredita el motivo exacto del destino del menor, presentar un recurso contencioso de inmediato.
‘Exigimos que se nos entreguen los expedientes en caso de que haya menores que no se retornen, para recurrirlo de inmediato’, señalan fuentes del partido.
La vía penal: Sánchez y tres ministros en el punto de mira
En paralelo, Vox ha activado el artículo 102 de la Constitución para que el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre la posible imputación penal de Pedro Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores —Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares— por delitos de traición y contra la seguridad del Estado. La maniobra busca forzar un debate parlamentario que, aunque improbable que prospere, coloca al Gobierno ante la necesidad de justificar su gestión de la crisis en sede judicial.
Qué posibilidades reales tienen los recursos
La vía contencioso-administrativa ofrece un camino lento pero concreto: cada expediente recurrido puede dilatar el proceso de reparto durante meses. Sin embargo, el éxito último depende de que los tribunales interpreten la sentencia del Supremo en sentido restrictivo y obliguen al Gobierno a acreditar la imposibilidad de retorno en cada caso, algo que el Ejecutivo rechaza de plano. La vía penal es aún más compleja, ya que exige la autorización del Congreso, donde la mayoría progresista y los socios de investidura la bloquearán sin paliativos.
Pese a ello, Vox utiliza esta doble ofensiva como una herramienta de presión política. ‘Oponerse es oponerse, rechazar es rechazar, recurrir es recurrir’, resume un dirigente del partido, en declaraciones recogidas por este medio, dejando claro que la formación no cejará pese a las dificultades procesales.
Fuentes parlamentarias consultadas reconocen que la utilización del artículo 102, reservada a delitos muy graves, es un movimiento inédito que Vox ya intentó en legislaturas anteriores sin éxito. En esta ocasión, la formación confía en que la presión mediática y el desgaste del Gobierno por los 70.000 inmigrantes que accedieron a Ceuta generen un clima más propicio para el debate. No obstante, la mayoría de la Cámara rechazará la iniciativa.
Marcar perfil y presionar al PP: la lectura estratégica
Con esta batería de recursos, Vox busca consolidarse como el único partido dispuesto a llevar la controversia migratoria a los tribunales. La estrategia le permite, además, volver a tensar al Partido Popular, al que responsabiliza de no haber frenado los repartos desde los gobiernos autonómicos. En comunidades donde Vox compartió ejecutivo, como Extremadura, ya ha enseñado los dientes con el rechazo a los menores. La cúpula nacional confía en que la vía judicial obligará al PP a definirse, ya sea apoyando los recursos o asumiendo el coste de no sumarse a una ofensiva que goza de respaldo entre su electorado más conservador.
Mientras el Gobierno insiste en que los traslados son legales y necesarios, Vox lee la crisis de Ceuta como una oportunidad para subrayar lo que considera una dejación de funciones del Estado. La batalla judicial, aunque incierta, le sirve para proyectar firmeza en un momento en que la inmigración vuelve a marcar la agenda política. La ofensiva se produce, además, en un contexto de redefinición interna, tras la ruptura de los pactos autonómicos con el PP. Necesita demostrar a sus bases que la lucha contra la inmigración ilegal va más allá de la retórica y se traduce en batallas concretas ante los jueces.
