El derrumbe del vertedero de Zaldibar ha costado ya cerca de 30 millones de euros al erario público vasco, según la información publicada por elDiario.es.
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó un anuncio del viceconsejero de Medio Ambiente por el que se notifica la resolución que autoriza la disposición y ordena el pago, de forma subsidiaria, a Verter Recycling 2002, SL. La resolución incluye el justiprecio e intereses por la expropiación de las parcelas 96, 100 y 129.
El departamento ha recurrido a la publicación en boletines oficiales al no poder contactar con los propietarios. En marzo se publicó un anuncio similar referido a la parcela 103. Todas están afectadas por la ejecución del proyecto as built de las obras de emergencia en el vertedero de Zaldibar. El anuncio del BOPV no recoge la cantidad exacta que corresponde abonar por estas parcelas. Tampoco detalla el volumen total que el Gobierno Vasco acumula en las actuaciones.
El gasto público y las nuevas expropiaciones en el BOPV
El derrumbe se produjo el 6 de febrero de 2020. En ese mismo año se realizaron actuaciones urgentes por más de 29 millones de euros con cargo a dinero público. La previsión era que Verter Recycling asumiera después la factura, algo que no ha ocurrido. El proyecto as built busca consolidar las infraestructuras dañadas. En 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 hubo más obras y continuaron las expropiaciones.
Los últimos informes de inspección del área de Medio Ambiente constatan que ‘la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro’, especialmente en los drenajes. La documentación entregada en febrero al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea recoge una cadena de hasta 29 irregularidades. Los técnicos advirtieron de que, si no se toman medidas, los precipitados podrían crear un tapón y causar vertidos incontrolados de lixiviados o una disminución de la estabilidad.
Las arcas públicas vascas cubren las obras de estabilización y mantenimiento ante la liquidación de la empresa titular, mientras el coste acumulado se aproxima a los 30 millones de euros.
El Gobierno Vasco remitió en octubre cartas a Eduardo Barinaga, dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta para recordarles sus obligaciones legales. En diciembre, el BOPV publicó una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar. La normativa ambiental atribuye a las personas físicas obligaciones sobre las instalaciones aunque la empresa esté liquidada.
Barinaga y Bilbao fueron condenados por un delito contra los trabajadores y homicidio imprudente. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones a las familias, según la información de elDiario.es. No consta que hayan presentado alegaciones ni actuado para reparar el vertedero.
La investigación urbanística y la decisión de la Audiencia
Un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales relacionados con Zaldibar. De esa causa se ha derivado otra pieza sobre el control urbanístico del Ayuntamiento. En esta última está investigada Arantza Baigorri, exalcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018.
La Audiencia de Bizkaia realizará en septiembre el trámite de deliberación y fallo sobre los recursos de nulidad presentados por los imputados en la investigación abierta por la juez Laura Yuste por presuntos delitos urbanísticos.
El precedente de 2020 y los próximos hitos
El gasto público asociado a Zaldibar ilustra el mecanismo de intervención subsidiaria recogido en la normativa ambiental cuando el operador privado está liquidado. Los anuncios del BOPV confirman que la Administración continúa ejecutando expropiaciones de terrenos para completar las obras de emergencia.
El precedente queda fijado en los 29 millones de euros que costaron las obras urgentes de 2020. A partir de ahí, el erario vasco ha seguido financiando intervenciones adicionales en 2024 y 2025. El nuevo expediente de expropiación no incorpora la cuantía concreta, pero amplía la relación de parcelas afectadas.
La resolución de la Audiencia de Bizkaia en septiembre marcará el siguiente hito judicial de una causa en la que confluyen responsabilidades urbanísticas, ambientales y económicas. Hasta entonces, la estabilización del vertedero continuará dependiendo de fondos públicos.
