EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Principado ha aprobado un programa anual para abatir un máximo de 67 lobos desde septiembre, tras la salida de la especie del listado protegido.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Asturias, con el II Plan de Gestión del Lobo reformado después de que el Tribunal Supremo anulara el decreto anterior.
- ¿Qué impacto tiene? Los ganaderos dispondrán de indemnizaciones hasta un 27% superiores; en 2025 los ataques afectaron a 3.893 cabezas de ganado.
Asturias recupera en septiembre las batidas de lobo con un cupo de 67 ejemplares para reducir los daños a la ganadería.
Cupos por zonas y un censo en expansión
El Gobierno de Asturias ha aprobado el programa anual que justifica la vuelta a a los controles sobre una población estimada entre 412 y 460 lobos. El reparto asigna 67 ejemplares distribuidos en ocho áreas de gestión: nueve en la zona Centro-oriental, ocho en El Palo-Esva, ocho en la Centro-occidental y ocho en la Central. En la Noroccidental se autorizan siete extracciones, cuatro en la Suroccidental y cinco en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional. En áreas sin gestión específica podrán eliminarse hasta 18 animales, una cifra ampliable si los daños lo exigen.
El plan combina tres vías de actuación: aguardos o recechos selectivos a cargo de agentes medioambientales o personal autorizado, apoyos en cacerías de otras especies y batidas coordinadas por la guardería cuando las circunstancias lo justifiquen. También contempla la captura en vivo y la retirada de camadas cuando la legislación lo permita. Las extracciones se concentrarán sobre todo entre enero y abril y entre septiembre y diciembre, aunque habrá actuaciones puntuales durante el resto del año contra ejemplares reincidentes.
El último censo del Principado dibuja una presencia expansiva del lobo. Ocupa el 83 por ciento del territorio asturiano, unos 8.300 kilómetros cuadrados, con 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras. En 2025 se contabilizaron 3.893 cabezas de ganado atacadas, un 30 por ciento más que en 2021, y las indemnizaciones se elevaron a 1,9 millones de euros, un 59 por ciento más que cuatro años antes.
La batalla jurídica que devolvió los controles
La reactivación no es solo ganadera. El Tribunal Supremo anuló el programa anterior, aprobado para 2022-2023, al estimar el recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Aquel cupo contemplaba 53 muertes y quedó suspendido cuando se habían abatido 31 ejemplares; otras 11 muertes por causas distintas elevaron el total a 42.
El lobo ocupa ya el 83 por ciento del territorio asturiano y los daños al ganado no dejan de crecer desde 2021.
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha calificado la medida de matanza y denuncia que las alegaciones presentadas contra la revisión del plan no fueron atendidas ni respondidas. La entidad sostiene que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería, sino que los incrementa, y recuerda que el lobo sigue estando en recuperación tras haber estado al borde de la extinción. Sigue pendiente, además, el recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la ley del desperdicio alimentario que facilitaron la vuelta a la caza del lobo, aprobados con los votos de PP, Vox, Junts y PNV.
El Pulso Territorial
El regreso de las batidas no se entiende sin el giro normativo estatal de los últimos años. La salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se aprobó en el Congreso con los votos de la derecha y de formaciones nacionalistas, y dejó a comunidades como Asturias margen para volver a diseñar controles poblacionales. El Principado reformó el II Plan de Gestión del Lobo de 2015 para recuperar la cobertura jurídica que el Tribunal Supremo le había tumbado. El precedente inmediato deja una lección incómoda: el programa anterior autorizaba 53 bajas y se suspendió con 42, sin que la conflictividad desapareciera.
La proyección es mixta. El programa se aplicará por zonas, con la posibilidad de incrementar las extracciones en áreas sin gestión específica si los daños lo exigen. El Gobierno asturiano ha subido un 27 por ciento las indemnizaciones a los ganaderos por ataques de fauna silvestre, un reconocimiento de que el conflicto también se libra en el campo. Queda por ver si el recurso ante el Tribunal Constitucional prospera y si las organizaciones ecologistas logran frenar de nuevo el plan en los tribunales.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno del Principado retoma los controles poblacionales del lobo tras la salida de la especie del listado protegido y la anulación judicial del programa anterior. La medida busca reducir daños en explotaciones ganaderas extensivas.
- Datos importantes: Cupo máximo de 67 ejemplares; población estimada entre 412 y 460 lobos; 8.300 km² de distribución; 3.893 cabezas de ganado atacadas en 2025; 1,9 millones de euros en indemnizaciones; incremento del 27% en compensaciones.
- Resumen: El programa se aplicará por zonas, con batidas coordinadas por la guardería, aguardos y recechos selectivos. Sigue pendiente el recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Defensor del Pueblo.
