El Sindicat d’Estudiants ha presentado una querella criminal contra el exconcejal de Vox Juanma Badenas por el allanamiento de su sede en València. Las imágenes del acceso, difundidas este verano, muestran al edil en el local estudiantil acompañado de otras dos personas, según la información publicada por El Salto.
La posición de Vox: un edil expulsado y sin aval orgánico
Vox comunicó la expulsión de Juanma Badenas después de que se hicieran públicas las grabaciones sobre presuntos amaños en contratos de publicidad de València Activa. Desde entonces, el edil no milita en el partido y actúa como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de València.
La expulsión se produjo tras una investigación judicial que incluyó el registro del Ayuntamiento por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Fiscalía de Valencia también solicitó documentación sobre adjudicaciones directas de contratos menores cuando Badenas dirigía València Activa, la entidad municipal de empleo.
El partido no ha avalado el acceso al local del sindicato ni la gestión municipal del edil. Su continuidad en el gobierno local responde a la aritmética del Pleno: el PP necesita los votos de Badenas y de la concejala no adscrita Cecilia Herrero para mantener la mayoría.
Qué hay detrás de la querella y qué piden los denunciantes
La querella se dirige contra Badenas por un presunto delito de allanamiento de un local de uso privativo, el domicilio social y fiscal del sindicato. Los denunciantes sostienen que se forzó la cerradura y que se registró el espacio sin orden judicial, con posibilidad de haber fotografiado datos personales de afiliados.
El responsable jurídico del sindicato, Víctor Taibo, ha afirmado que la entrada fue premeditada y que funcionarios municipales advirtieron a Badenas de que iba a cometer una ilegalidad. La organización pide su cese inmediato como edil y ha denunciado un ‘abuso de autoridad’ por utilizar su posición pública.
Vox ya expulsó a Badenas; ahora el desgaste político se concentra en el PP, que mantiene al edil en el gobierno por necesidad aritmética.
La presión política se ha ampliado este verano. Compromís y PSPV han pedido responsabilidades: Mónica Oltra ha denunciado un intento de generar miedo, y Borja Sanjuan ha anunciado una moción en el próximo pleno para exigir el cese del concejal. La alcaldesa María José Catalá ha encargado un informe jurídico y ha evitado retirarle competencias de momento.
La presidenta de Fampa, Elisabet García, ha recordado que Badenas ya intentó grabar en su local durante la huelga educativa. La repetición de hechos similares refuerza la tesis de una pauta de presión sobre entidades críticas. La organización estudiantil exige además que se depuren responsabilidades administrativas.
La lectura estratégica: el coste recae sobre el PP
La lectura es nítida. La dirección de Vox cortó el vínculo orgánico con Badenas cuando estalló el caso València Activa, y no comparte responsabilidad política por su presencia actual en el Ayuntamiento. Ese movimiento permite al partido diferenciarse de un episodio que los grupos de izquierda tratan de leer en clave de ‘señalamiento político’.
El precedente no favorece al PP. Catalá expulsó en su día a Badenas del gobierno, pero lo readmitió con competencias reducidas para no perder la mayoría. Ahora, pese a las imágenes del allanamiento y a la querella ya presentada, evita retirarle las competencias mientras recaba informes. La contradicción es evidente: gobernar con un edil no adscrito y cuestionado por la vía penal tiene un coste reputacional creciente.
La izquierda valenciana utiliza el episodio para movilizar a su electorado de cara a las municipales de 2027. Sin embargo, el desgaste orgánico no golpea directamente a Vox, sino a un gobierno del PP que depende de dos concejales no adscritos. Para Vox, la crisis confirma una premisa estratégica: los socios del PP en Valencia no pueden presentarse como un bloque homogéneo. Esa asimetría es, en términos de discurso, el dato más potente del episodio.
