Pedro Sánchez asume que la crisis de Ceuta no tiene una salida rápida. La entrada de 80.000 personas por El Tarajal el 30 de julio abrió una fractura humanitaria y legal que el Gobierno intenta cerrar sin atajos.
Desde Moncloa se distinguen dos emergencias superpuestas: los menores no acompañados y los adultos que piden asilo. En ambos casos, la respuesta choca con el mismo muro: la escasa colaboración activa de Marruecos en el retorno y unos expedientes administrativos que exigen tiempo. ‘Lo que no vamos es a incumplir la ley’, resumen fuentes del Ejecutivo.
La ministra Elma Saiz anunció esta semana la instalación de emplazamientos con hasta 1.800 camas bajo carpas. La cifra, sin embargo, queda lejos de la demanda real que describen los servicios de emergencia en Ceuta. En un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados, el propio Gobierno admite que la gestión de esta crisis es ‘terrible.
Un laberinto legal y humanitario sin atajos
El primer bloque lo forman los menores, en su inmensa mayoría marroquíes. La intención del Gobierno, que coincide con la exigencia del PP y del ejecutivo ceutí, es su regreso a Marruecos. Pero la realidad es más dura: no hay menores filiados que hayan pedido volver, ni hay familias marroquíes que los estén reclamando. Tampoco el reino alauí asume, de momento, la tutela de niños que no quieran regresar con sus padres.
Ese bloqueo del retorno deja una sola vía legal: buscar la reagrupación con familiares directos en España o en otros países de la Unión Europea. Se trata de un proceso lento, con verificación documental y autorizaciones individualizadas. La alternativa de incorporarlos al sistema autonómico de acogida choca con la hostilidad declarada de comunidades gobernadas por PP y Vox.
Los adultos solicitantes de asilo viven una tramitación todavía más larga. La mayoría proceden de países del África subsahariana, aunque también se han documentado casos de personas gazatíes. Sus peticiones deben estudiarse una por una. Mientras tanto, la ley les reconoce el derecho a no ser expulsados y a recibir acogida temporal. Esa regulación está recogida en la Ley 12/2009, de 27 de octubre, reguladora del derecho de asilo.
La crisis de Ceuta no se resuelve con una orden de expulsión: exige retorno efectivo, capacidad de acogida y respeto estricto a la ley.
La respuesta del Partido Popular y de Vox no contempla esa complejidad. Proponen, según el Ejecutivo, que los migrantes ‘desaparezcan’ de Ceuta. Están mintiendo a la gente y eso puede tener consecuencias’, advierten desde el Gobierno. La posición oficial se apoya en un dato poco cómodo para la derecha: incluso si la mayoría de las solicitudes de asilo se desestimaran, la tramitación puede demorarse meses. Ese plazo no lo fija el Gobierno, lo impone el procedimiento.
La propuesta de las 500 niñas y el muro político
Ante el callejón sin salida, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego planteó esta semana trasladar de forma temporal a la Península a 500 niñas en situación de especial vulnerabilidad. La gestión estaría a cargo de organizaciones de protección de la infancia y de recursos del Estado, sin implicar a las comunidades autónomas.
El PP rechazó la fórmula de plano. Alberto Núñez Feijóo, junto a Juan Jesús Vivas, defendió desde Ceuta que ‘todos’ deben regresar, mayores y menores, de manera voluntaria o mediante expulsión. El Gobierno, sin embargo, no ve margen para replicar ese traslado a otros colectivos: Bruselas, Dinamarca o el propio ejecutivo ceutí también rechazan acoger en la Península. El resultado práctico es que Ceuta asume sola la acogida mientras se resuelven los expedientes.
El Eje del Poder Socialista
La gestión de Ceuta coloca al PSOE ante su dilema más incómodo: gobernar desde la legalidad cuando la emergencia humanitaria exige rapidez y la oposición propone medidas imposibles. Ferraz defiende que la única posición responsable es la que combina control fronterizo, protección de menores y respeto al derecho de asilo. Es, además, la posición que permite a Sánchez presentarse ante Europa como un socio fiable.
El precedente de la crisis migratoria de 2021 sirve a Moncloa para justificar la prudencia: entonces la devolución exprés de menores fue corregida por los tribunales. Hoy el Ejecutivo prefiere soportar la presión política antes que arriesgar una condena jurídica o un incendio diplomático con Marruecos. Esa decisión, sin embargo, tiene un precio territorial. Las comunidades gobernadas por PP y Vox cierran la puerta a la acogida. Los ayuntamientos socialistas, por el contrario, observan el reparto con la experiencia de quien ya asumió acogidas anteriores sin el foco mediático actual.
Lo que observamos en Moncloa.com es que la crisis de Ceuta no se puede desactivar en una semana. El Gobierno asume el desgaste, pero confía en que la opinión pública distinga entre una gestión compleja y la propaganda facilona de la derecha. El próximo hito será la concreción de los dispositivos de acogida anunciados por Elma Saiz y la respuesta formal de las organizaciones de infancia.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La respuesta a Ceuta solo puede ser legal, europea y comprometida con los derechos de la infancia.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: La concreción de los dispositivos de acogida y las reuniones interministeriales de seguimiento de la crisis.
