EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Moreno Bonilla ha admitido en Ceuta que el pacto con Vox condiciona la acogida de menores migrantes, pese al convenio bilateral firmado con la ciudad autónoma en 2024.
- ¿Quién está detrás? Juan Manuel Moreno Bonilla (presidente de la Junta de Andalucía) y la dirección nacional del PP, con la presión de Vox como socio de gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? El convenio sigue vigente hasta 2028, pero la Junta no ha aclarado cuántas derivaciones ha ejecutado, lo que expone la gestión migratoria del PP.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha admitido este jueves en Ceuta que su Ejecutivo mantiene un acuerdo con Vox sobre la acogida de menores migrantes, pero que lo aplica ‘siempre con respecto a la ley’. La confesión llega después de que el diario Público haya sacado a la luz un convenio bilateral de 2024 que obliga a Andalucía a evaluar derivaciones de menores bajo tutela ceutí, vigente hasta 2028.
El convenio, firmado por Andalucía el 11 de enero de 2024 tras rubricarlo Ceuta el 29 de noviembre de 2023, prevé la ‘derivación, integración y protección’ de niños, niñas y adolescentes que el sistema de acogida ceutí no pueda asumir. Según el texto al que ha tenido acceso la publicación, Ceuta elabora una lista de menores susceptibles de traslado y la Junta acepta o deniega su tutela. En juego están más de 2.500 menores no acompañados bajo protección del ejecutivo ceutí, según las últimas cifras del Ministerio de Infancia.
La vigencia es de cuatro años, prorrogables a ocho, lo que sitúa el acuerdo en plena efectividad hasta, como poco, principios de 2028. Público ha preguntado a las consejerías de Andalucía y Ceuta cuántas veces se ha activado, con cuántos menores y cuándo se ha reunido su comisión de seguimiento. No ha obtenido respuesta de ninguno de los dos gobiernos.
La posición del Ejecutivo andaluz la verbalizó el propio Moreno desde el Palacio Autonómico de Ceuta, junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. ‘Es verdad que hay un acuerdo, suscrito con Vox, sobre la acogida de menores, pero siempre con respecto a la ley’, afirmó. El dirigente popular añadió que quien vulnere la frontera con entradas ilegales genera ‘un flaco favor y un efecto llamada de consecuencias imprevisibles’ y pidió devolver ‘a todos y cada uno de los migrantes’, menores o adultos.
Este argumento coincide con la línea de Génova 13 y con la declaración conjunta de Feijóo y Vivas: ‘Ceuta no es plataforma para facilitar el paso a la península de quienes entren de forma irregular’. La consejera Loles López, sin embargo, sostuvo lo contrario durante la ratificación parlamentaria del convenio en 2023.
En aquel debate, López se encaró con Vox con una frase contundente: ‘Si la solución que me plantean cuando hablamos de niños y niñas es que esta consejera se ponga en la costa y les diga media vuelta, se han equivocado conmigo’. El diputado popular Juan Antonio Márquez defendió que Andalucía debía seguir siendo ‘tierra de acogida, solidaria y generosa’.
El convenio de 2024 obliga a la Junta a pronunciarse sobre derivaciones de menores; su vigencia hasta 2028 convierte la opacidad actual en un problema político.
El viraje del discurso andaluz: de ‘tierra de acogida’ al rechazo frontal
El pacto programático firmado por PP y Vox en julio de 2026 para la legislatura andaluza arranca su apartado migratorio con un ‘No más MENA’, acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados, y proclama el rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central. Ambas fuerzas se comprometen a oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto.
La contradicción es difícil de esquivar: un convenio que prevé derivaciones periódicas desde Ceuta choca con el compromiso programático que critica los repartos. Público ha preguntado a la Consejería de Servicios Sociales andaluza si considera que existe conflicto entre el pacto con Vox y el convenio bilateral, y cuál prevalecerá en caso de tensión. La Junta no ha respondido.
Andalucía no es la única comunidad que ha formalizado acuerdos de este tipo con Ceuta. Tras la crisis migratoria de 2021, con el salto masivo a la valla atribuido a Marruecos, la ciudad autónoma selló seis convenios con Cataluña, Murcia, Euskadi, La Rioja, Cantabria y Baleares. A diferencia de aquellos, diseñados para un número concreto de menores, el andaluz nace en 2024 como mecanismo estable, abierto a sucesivos grupos y sin cupo fijo.
Esa vocación de permanencia es la que ahora queda bajo sospecha. Que el acuerdo siga vigente hasta 2028 no impide que la presión de Vox haya enfriado su aplicación.
El Eje del Poder Popular
Observamos en este asunto una tensión no resuelta entre dos acuerdos que el PP andaluz firmó en momentos distintos. En 2023 el PP gobernaba en solitario y podía permitirse un relato de acogida; en 2026, con Vox como socio indispensable para la gobernabilidad, el relato se ha endurecido.
El aterrizaje territorial es claro: Andalucía dispone desde hace dos años de un marco para acoger menores ceutíes, pero su ejecución real sigue sin transparencia. Las once comunidades gobernadas por el PP suman alrededor del 60% del PIB, y varias de ellas —Murcia, La Rioja, Cantabria, Baleares— gestionan convenios similares. La comparativa con los gobiernos socialistas no es más favorable: el sistema de reparto estatal del real decreto de 2025 tampoco cierra la puerta a los acuerdos bilaterales.
El precedente histórico más incisivo es el de la crisis de mayo de 2021. Aquel episodio obligó al Gobierno de coalición a negociar con varias comunidades y demostró que los convenios bilaterales pueden ser la vía rápida para descongestionar Ceuta. La diferencia, lo que preocupa en Génova, es que la actual alianza con Vox impone un marco discursivo incomodísimo: ya no se puede presentar la acogida de menores como un gesto humanitario.
El riesgo más inmediato para el PP de Andalucía es que la falta de respuesta alimente la percepción de que Vox dicta la política migratoria de la Junta. Y ese es exactamente el flanco que explota el Gobierno central.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Junta respeta la ley y prioriza el control de fronteras; el convenio con Ceuta se aplica sin efecto llamada.
- Protagonista: Juan Manuel Moreno Bonilla (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Nueva reunión de la comisión de seguimiento del convenio, cuya convocatoria sigue sin confirmar.
